La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, indicó al mediodía de este martes 1 de agosto que el pasado 26 de julio se firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la empresa brasileña Odebrecht.
En el acuerdo se establece que Odebrecht pagará una multa a Panamá de 220 millones de dólares, previo informe de la Contraloría General de la República.
Del monto total de la multa, 100 millones de dólares son por usar el sistema bancario y financiero panameño para el blanqueo de capitales.
Por este caso se han aprehendido más de 56 millones de dólares, entre bienes y dinero. Además hubo 49 solicitudes de asistencia internacional en Brasil, Estados Unidos, Suiza, Andorra, España, Bahamas, Antigua y Barbados, Islas Vírgenes, México, Guatemala y Uruguay.
Además, se han emitido dos alertas rojas con órdenes de detención con fines de extradición.
El acuerdo firmado con Odebrecht permitirá verificar quiénes fueron los ciudadanos panameños que entraron en la estructura de corrupción.
En Brasil ya hay fiscales panameños que están tomando declaraciones sobre el caso.
El acuerdo de colaboración consiste en que la empresa entregará toda la información relacionada con Panamá. Además facilitará todas las declaraciones disponibles.
Porcell indicó que la colaboración con la fiscalía de Brasil logró que el equipo de fiscales panameños pudieran tomar declaraciones.
La procuradora afirmó que se están investigando todos los proyectos que ejecuta la empresa Odebrecht en Panamá.
Además, aclaró que de salir el nombre del presidente de la República, Juan Carlos Varela, en esta investigación, la competencia de ese caso será la Asamblea Nacional.
El compromiso de la constructora con el Ministerio Público de Panamá parte del “reconocimiento de responsabilidad por todos los actos ilícitos de empleados, administradores, dirigentes o terceros contratados, incluso proveedores de bienes y servicios, que desde el 1 de diciembre de 2016 firmaron el Acuerdo de Indulgencia con el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil”.
También se aclaró que después del anuncio de la firma del acuerdo, se da inicio a la entrega información que vincula a personas naturales y jurídicas.
“Nuevamente les recuerdo a estas personas que el instrumento procesal de ‘acuerdos’ es ley de la República [de Panamá] y contempla beneficios para todos los que colaboren de una manera eficaz o bien acepten su responsabilidad en el delito que se investiga”, destacó.
Informó que la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore tomará declaración este martes a André Rabello, quien tenía el control de Odebrecht en Panamá, y que trató con los presidentes Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
ANTECEDENTES
La Procuraduría General de la Nación aclaró que en este caso se investigan las actividades de Odebrecht desde 2004 hasta la fecha.
La sociedad civil organizada ha exigido a la Procuraduría que la investigación se remonte a 2004, y sobre todo transparencia en sus actuaciones.
Por los diferentes procesos seguidos a la constructora brasileña en Panamá hay hasta ahora 43 personas imputadas; de ellas 24 son panameños. También se investiga a un total de 13 brasileños, dos andorranos, un peruano, un uruguayo, un estadounidense y un británico.
La firma de este acuerdo llega un día después de que el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Rolando Rodríguez, revelara que ellos informarían una vez lo lograran con las autoridades de Brasil.Rodríguez además hizo hincapié en que uno de los primeros que los fiscales panameños entrevistaría en Brasil sería a André Rabello, jefe de la filial de Odebrecht en Panamá.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre 2010 y 2014 el gigante brasileño pagó 59 millones de dólares a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse licitaciones en diferentes obras.
Según los documentos del Departamento de Justicia, la constructora pagó en sobornos 788 millones de dólares a altas autoridades en 12 países, 10 en América y 2 en África.
Pagó los sobornos a los funcionarios en Angola (50 millones de dólares), Argentina (35 millones de dólares), Brasil (349 millones de dólares), Colombia (11 millones de de dólares), República Dominicana (92 millones de dólares), Guatemala (18 millones de dólares), Ecuador (33.5 millones de dólares), México (10.5 millones de dólares), Mozambique (900 mil dólares), Panamá (59 millones de dólares), Perú (29 millones de dólares) y Venezuela (98 millones de dólares).
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Tras esa revelación, el 23 de diciembre de 2016 se conoció que un equipo de fiscales panameños se reuniría con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El 24 de enero de 2017 se conoció que el Ministerio Público ordenó la indagatoria de 17 personas, a quienes formuló cargos por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, como parte de las investigaciones por los $59 millones provenientes de cuentas en bancos suizos cuyos beneficiarios eran sociedades controladas por la constructora brasileña Odebrecht.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que se trata de tres exfuncionarios del Gobierno de Panamá; 13 empresarios –ocho panameños y cinco extranjeros– y el oficial de banca privada de un banco de la plaza.
Como parte de estas investigaciones, Porcell, en febrero y marzo, viajó a Brasil y Europa para coordinar el intercambio de información con los Ministerios Públicos de varios países, entre ellos Andorra, Alemania, Suiza y España.
Además, a Panamá han viajado funcionarios judiciales de Andorra y Alemania para conocer detalles de la investigación.
Reacciona el presidente Juan Carlos Varela
El presidente Juan Carlos Varela reaccionó ante el anuncio de la firma del acuerdo de cooperación judicial y la imposición de una multa a la empresa Odebrecht por parte del Ministerio Público.
Manifestó lo siguiente: "Desde el inicio de mi Gobierno me he dedicado a luchar por la transparencia y probidad en el manejo de los fondos públicos y destacar la importancia de la rendición de cuentas por parte de quienes abusaron del poder. Esta multa, la más grande de nuestra historia impuesta contra Odebrecht, cumple con los objetivos del país de recuperar el patrimonio mientras se protegen los empleos de 8 mil colaboradores inocentes y las obras que benefician a todo un país. A los colaboradores de la empresa les agradezco por su compromiso con el trabajo y por seguir con las obras que tendrán un gran impacto en la calidad de vida de nuestro Pueblo. Ustedes no tuvieron nada que ver en ningún acto de corrupción y no tenían por qué sufrir como parte de este. Gracias a este acuerdo y a la posición firme adoptada por nuestro gobierno, hecho público el 27 de diciembre de 2016, sus empleos han sido protegidos. Al Pueblo panameño agradezco su paciencia. Ustedes han sido las víctimas de esta apropiación indebida y el dinero recuperado será invertido para beneficio de toda la población. Ha quedado clara la obligación de la empresa Odebrecht de entregar toda la información relacionada con funcionarios o terceras personas que puedan estar involucrados en actos de corrupción. Reconozco el gran esfuerzo hecho por la Procuradora General de la Nación y a su equipo por la forma profesional con la que ha manejado este caso, que va a permitir recuperar el patrimonio desviado y que se sepa toda la verdad. La responsabilidad final de la rendición de cuentas quedará en manos del sistema judicial y esperamos que sus actuaciones estén acorde a los más altos intereses de la Nación. Ratifico lo dicho el 1 de julio de 2014 en mi mensaje a la nación, “a partir de este momento nadie está por encima de la Ley", al final el Estado y sus ciudadanos siempre ganan".
