La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Kenia Porcell, evitó pronunciarse este lunes sobre la poca información que ha dado a las autoridades de Brasil, que le solicitaron información sobre las transacciones de cuentas bancarias que dejarían al descubierto el posible pago de sobornos de Constructora Norberto Odebrecht, S.A. en países donde opera.
Esto, a raíz de que el Ministerio Público Federal de Brasil levantara el velo de confidencialidad al intercambio de correos con las autoridades panameñas 18 meses después de que solicitara la información.
A pesar de que este medio volvió a consultar este lunes al Ministerio Público sobre el tema, tal como lo viene haciendo desde el pasado jueves, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Los fiscales brasileños se quejaron de que Panamá respondió de manera parcial a los datos solicitados. Solo contestó, “a medias”, uno de los nueve puntos sobre los que se solicitaba información.
Distintos actores de la sociedad civil se pronunciaron ayer en contra de la posición del Ministerio Público.
El Movimiento Independiente (Movin), por ejemplo, dijo que no se puede llevar un discurso de transparencia y combate a la corrupción sin acompañarlo de acciones que envíen el mensaje de que en Panamá no se tolera el lavado de activos.
REPUDIAN POCA COOPERACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
De “falta de compromiso contra el combate a la corrupción” y de “irregular”, tildaron ayer representantes de distintos sectores del país la falta de colaboración de las autoridades judiciales panameñas con sus pares de Brasil para dar información sobre cuentas bancarias y transacciones que probarían la vinculación de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, S.A. con sociedades panameñas que recibieron dinero destinado al pago de sobornos a exfuncionarios de Petrobras, y posiblemente a autoridades de países en los que Odebrecht tiene obras, incluyendo Panamá.
El economista Felipe Chapman, por ejemplo, aseguró que “el país está desperdiciando una buena oportunidad de contribuir en el combate internacional contra la corrupción. La postura de Panamá se interpreta como una falta de compromiso en luchar contra la corrupción”.
Su mensaje –dijo – va dirigido al Ministerio Público (MP) y al Órgano Judicial. “Esto [la poca colaboración de Panamá] no contribuye positivamente con la imagen del país”, alertó.
Mientras que Ramón Ricardo Arias, presidente de Transparencia Internacional, capítulo Panamá, opinó que “lo más grave” es el hecho de que el Ministerio Público panameño hizo una aparente valoración de lo solicitado por Brasil, sin decir el sustento, para entregar información resumida de tres meses en vez de cinco años. “Eso es muy irregular en este tipo de asistencias”, añadió.
El presidente ejecutivo de esa organización civil, Carlos Gasnell, también se refirió al tema. “De la noticia, se observa que no hay mucho interés de que haya una colaboración abierta y fluida sobre la base de la normativa que permite y propicia este tipo de colaboración. En casos como este, en los cuales ya hay evidencias claras, detenidos y confesiones, la colaboración judicial debería ser más sencilla y eficaz”, dijo.
MOVIN REACCIONA
El Movimiento Independiente (Movin), que aglutina a profesionales de distintas áreas del país, también se pronunció y lo hizo a través de un comunicado en el que hace un enérgico llamado de atención en torno a lo que, aseguró, parecen ser requerimientos no cumplidos por parte de Panamá en una investigación de tanta envergadura, como la que se adelanta en Brasil.
“En un mundo globalizado, donde el crimen organizado no conoce fronteras, el combate al delito transnacional requiere de la asistencia y colaboración internacional de los entes llamados a investigar y censurar inconductas”, indica el primer párrafo del comunicado.
Recordó, además, que Panamá ha firmado múltiples compromisos internacionales para combatir lo que han denominado “el lado oscuro de la globalización”, y enfrenta presiones internacionales para endurecer sus controles y evitar que nuestra plataforma de servicios internacionales sea utilizada para resguardar dineros mal habidos o pendientes de tributar en otros países.
“No podemos llevar un discurso de transparencia y combate a la corrupción sin acompañarlo de acciones efectivas que envíen un mensaje inequívoco al mundo: en Panamá no toleramos el lavado de activos y colaboramos en el combate internacional contra el crimen organizado”, puntualizó.
CIUDADANOS
La indignación también se hizo sentir entre ciudadanos que usaron las redes sociales para pronunciarse sobre el caso.
“La protección de este gobierno a Odebrecht es abierta y descarada, pero el tema se sigue tratando con paños tibios”, dijo en su cuenta de Twitter, Carlos F. Ríos.
Mientras que Leopoldo Santamaría escribió en esa misma red social lo siguiente: “La Procuradora [Kenia Porcell] fue escogida por íntegra y altamente calificada. [El] País no merece desprestigio Internacional. Aclare caso Odebrecht; antes q sea peor”.
Irasema Rosas Ábrego fue otra de las que opinó en esa plataforma digital. “Todo lo que no se haga en materia de justicia y de procesos repercute en la imagen del país. Caso de Odebrecht, entre otros”.
LA GÉNESIS
La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Kenia Porcell, solo contestó uno de los nueve puntos solicitados por el Ministerio Público Federal de Brasil en torno a cuentas y transacciones de la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A., –abierta en el banco local Credicorp Bank– que, según las pesquisas, fueron usadas por Odebrecht para hacer pagos de sobornos a funcionarios brasileños y posiblemente a extranjeros.
Panamá remitió a Brasil, a través del fiscal Aurelio Vásquez, de la Fiscalía Sexta Anticorrupción, una escueta respuesta a la rogatoria emitida por Brasil. La información se basó en datos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y no tuvo en consideración las instituciones bancarias depositarias de las cuentas que habrían servido para el pago de coimas por parte de Odebrecht.
Además, la información solo tiene relación con el movimiento de las cuentas bancarias del 14 de mayo al 14 de agosto de 2009. Los fiscales brasileños Deltan Dallagnol y Paulo Roberto Galvao Carvalho, en un informe elaborado después de recibir la información de Panamá, lamentaron que los datos procedan exclusivamente de la UAF, excluyendo toda la información de los bancos. “No se envió ninguna información oriunda de las instituciones financieras”, argumentaron. También dijeron que la información era “genérica”, que no cumplía con el pedido específico que hizo Brasil.
En los documentos de los fiscales brasileños, y a los que La Prensa tuvo acceso, se advierte que la petición de asistencia fue “parcialmente respondida” por las autoridades panameñas, mediante el expediente con fecha del 1 de octubre de 2015, de la procuradora Porcell. Aseguran que el país mandó un “esquema simplificado” e “incompleto” de las transacciones bancarias entre Constructora Internacional del Sur y las empresas Quinus Services, S.A., Smith Nash Engineering Company y Golac Projects & Construction.
(Con información de Eliana Morales, Carlos Vargas y Juan Manuel Díaz).
La obligación internacional de colaborar
El tema de la cooperación internacional en materia de delitos transnacionales en asuntos distintos al narcotráfico no es muy conocido en el foro jurídico. Se hace imperante aclarar ciertas nociones sobre el tema. El artículo 55 de la Ley 23 de 2015 autoriza a la UAF a compartir su información con el Ministerio Público (MP), los agentes con funciones de investigación penal, y con las autoridades jurisdiccionales.
La UAF recibe y procesa la información de inteligencia financiera sobre transacciones sospechosas. Como la Operación Lava Jato no es una actuación investigativa del Estado, la forma en que esta se introduce a nuestra jurisdicción es por medio de dos mecanismos de cooperación. El primero es la Ley 5 de 2008, con la que se aprobó el tratado entre Panamá y Brasil sobre Asistencia Jurídica Mutua en materia penal.
Según el tratado, Panamá está obligada a cooperar con Brasil en todas las investigaciones en las que solicite ayuda. El segundo es el que surge de la Ley 15 de 2005, con la que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta señala que no hay reserva bancaria que pueda impedir la cooperación en el combate de la corrupción. Esta convención le permite a un país agraviado, como lo es Brasil, por la falta de cooperación de Panamá, iniciar un proceso de arbitraje internacional o, incluso, acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en Holanda, para exigir el cumplimiento y el resarcimiento de los daños y perjuicios que la actuación poco cooperativa del MP puedan haberle ocasionado.
El autor es abogado
