El ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, acudió este lunes 20 de febrero de 2017 a la Fiscalía Especial Anticorrupción para presentar una querella penal dirigida a quienes resulten responsables por los delitos contra el orden económico, la administración pública y cualquier otro que resulte de las investigaciones relacionadas con el escándalo de sobornos en el país.
Bethancourt se presentó ante la Fiscalía Especial Anticorrupción, luego de que el Consejo de Gabinete lo designara –el 14 de febrero pasado– para que represente al Estado como querellante dentro del proceso que adelanta el Ministerio Público en contra de la empresa brasileña Odebrecht.
El ministro de Seguridad Pública explicó que su función como representante estatal en esta querella guarda relación con cuatro principales elementos. Entre estos, destacó la importancia de "defender al Estado" y que, al ser parte del proceso, se tendrá información de lo que está ocurriendo.
Agregó que a partir del momento en que se convierte en querellante se podrán aportar los elementos necesarios en la investigación. Como cuarto punto, el ministro hizo hincapié en que de esta forma se podrá recuperar el dinero que resulten de las lesiones patrimoniales.
"[La querella] no es contra una empresa, es contra las empresas naturales y jurídicas que hayan causado lesión contra el Estado”, subrayó el funcionario.
"Tenemos que ser amplios y ver qué resulta de la investigación", añadió.
"Esta denuncia no es en contra de una empresa en específica", Bethancourt. @minsegpanama @PresidenciaPma pic.twitter.com/fbyiXFBYjL
Con anterioridad, el procurador general de la Administración, Rigoberto González, había recomendado querellarse porque con esta acción las instituciones implicadas pueden aportar pruebas documentales y testimoniales por formar parte de las investigaciones.
Panamá, según el acuerdo firmado por la procuradora Kenia Porcell y los fiscales en Brasil, también podría exigir la repatriación del dinero que en el exterior ha sido congelado producto de estas investigaciones.
En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que entre los años 2010 y 2014, el gigante brasileño Odebrecht pagó $59 millones a funcionarios de alto rango en el Gobierno de Panamá para asegurarse con millonarios contratos de obras públicas.
