El ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones, dice no comprender por qué la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, reveló una situación interna de la entidad e insiste que las diferencias con el Ejecutivo se habrían podido resolver "con solo una llamada" telefónica.
“Todo este diálogo se debió dar en privado. Nosotros nunca entendimos por qué de repente hay una conferencia de prensa al respecto, si esto era una llamada”, dijo el ministro la mañana de este viernes 26 de julio, en Telemetro Reporta.
Añadió que si Porcell lo hubiese llamado, se le habría explicado por qué se envió de vacaciones a los agentes y quién será el personal que los remplazaría. Además, aclaró que la Dirección de Investigación Policial (DIJ) pertenece a la Policía Nacional y eso está establecido claramente en la Ley No. 69 de 2007. Pero esa misma ley a la que se refiere el ministro señala que la DIJ es un brazo auxiliar del Ministerio Público (MP) y que la norma, en su artículo 9, establece que "los miembros de la DIJ no podrán ser separados o apartados de la investigación específica que les haya sido encomendada hasta tanto esta finalice o mientras no concluya la fase procesal en la que hubiera requerido su intervención".
Mirones tampoco precisó por qué nadie atendió la nota escrita que los fiscales anticorrupción enviaron a Manuel Castillo, director de la DIJ, cuando este funcionario hizo las primeras remociones de agentes investigadores en el MP. De hecho, al día siguiente de escribir esta nota, Castillo ordenó la remoción de más personal, sin dar explicaciones a nadie en el MP.
Castillo ya fue director de la DIJ en los dos últimos años del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
“Esta administración respeta la institucionalidad y eso significa, señora procuradora, que a usted nadie la va a sacar del cargo” y que no hay un plan para sacarla, destacó el ministro.
La semana pasada, a partir del conflicto surgido con la DIJ, la procuradora indicó que se han recibido "mensajes" sobre su eventual salida del cargo. "A mí no me han pedido la renuncia, pero sí tengo que decir que al equipo que me rodea y a los fiscales sí les están diciendo: 'y, ¿cuándo se va la procuradora?, ¿cuándo renuncias?, ¿qué vas a hacer ahora que va pa la calle?... Pero yo no voy a renunciar, yo soy la procuradora constitucional de Panamá hasta el 2024. Más que amenazas, siempre hay un mensaje, un chat, una glosa, una visita que dice cuándo se van", advirtió el pasado viernes. No precisó quiénes son los autores de dichos mensajes.
Mirones destacó esta mañana que él puede reunirse con Porcell las veces que sean necesarias y que no tiene ningún problema en ir a las oficinas de la Procuraduría General de la Nación. De hecho, Porcell ya reconoció haberse reunido -antes de estos hechos- con Mirones y el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, en lo que denominó un encuentro cordial. No obstante, la procuradora recordó que entonces nadie le informó de la eventual remoción de los investigadores.
El ministro indicó en Telemetro Reporta que del equipo de 18 agentes, se enviaron de vacaciones a cuatro, algunos con hasta siete meses de vacaciones acumuladas. Según él, los 14 investigadores restantes fueron enviados "para su casa". Con esta última acción, el Ministerio de Seguridad -a través de un comunicado suscrito hace una semana- reconoció que se "impidió a las nuevas autoridades conocer la información policial y los antecedentes de todo lo que hicieron por cinco años los policías asignados al Ministerio Público”.
El artículo 10 de la Ley 69 de 2007 señala que los miembros de la DIJ habilitados para ejercer funciones de investigación judicial “no podrán revelar la información recibida como consecuencia de sus actuaciones, incluso, a sus superiores jerárquicos. La infracción a esta prohibición será sancionada”, indica la norma. Y eso era precisamente lo que pretendía la Policía, según reconoce el ministerio en su comunicado: que se les informara “de todo lo que hicieron por cinco años los policías asignados al MP”.
Los agentes removidos por orden del director Castillo estaban asignados a los casos Odebrecht, Pandeportes, Blue Apple, juntas comunales y planillas legislativas, entre otros.
Mirones recordó en Telemetro que ningún agente puede estar en un caso más de dos años (según la ley orgánica de la Policía Nacional). Al respecto, la procuradora ha dicho que en este caso, lo que prima es la ley 69 de 2007.
