“Eso no es normal y no tiene por qué pasar. Eso no pasa nunca frente a ningún recluso”. Así reaccionó ayer el director de Migración Colombia, Christian Krüger, a las declaraciones que dio Mayer Mizrachi Matalon sobre su salida de la cárcel colombiana La Picota el pasado 21 de junio, luego de que el Segundo Tribunal Superior levantara la orden de captura y extradición que pesaba en su contra.
El empresario panameño dijo que entró a un carro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (Inpec), “conducido por un señor del Inpec, y él me manejó hacia afuera. El Inpec me sacó de La Picota”.
Según Krüger, “claramente esa no es la forma de proceder en estos casos. Uno cumple su condena y sale por la puerta”.
Mizrachi contó este martes en Telemetro que “cuando estaban a punto de meterme en el vehículo de estos individuos de Migración, los comandantes del Inpec le detuvieron y dijeron ‘recibimos órdenes que esto no es procedente’, porque no teníamos dirección de entregarme a otra entidad gubernamental. Yo estaba muy confuso, muy confundido. Me van a dejar ir, qué va a pasar. Si no, regrésenme allá arriba, porque tengo hambre. Ellos estaban en una situación, porque no me podían entregar a esa gente, porque estarían violando sus procesos, porque estarían en un problema” [sic].
Krüger sostuvo que Migración ya puso una denuncia penal contra el Inpec por lo sucedido. Como pruebas, explicó que se presentaron los correos en los que Migración le solicitó al Inpec a Mizrachi para cumplir con su trámite migratorio pendiente, así como el acto administrativo que se le expuso al Inpec antes de que Mizrachi fuera puesto en libertad.
“Les avisamos que íbamos a poner una patrulla todo el día para que nos lo entregaran. Les correspondía entregárnoslo. No nos lo pusieron a disposición y es muy raro que salió por otro lugar. La otra institución no actuó presuntamente diligente. Por eso pusimos la denuncia. Claramente todo conduce a unas personas en particular. Las autoridades determinarán”, detalló.
El Inpec ha negado esa versión. Dice que Migración no estaba presente a la hora de la salida de Mizrachi del centro penitenciario y luego que retenerlo hubiera sido ilegal y considerado un secuestro, porque había una orden de la Fiscalía General de la Nación (de liberarlo) y porque no tenía ningún otro proceso judicial pendiente.
La noche en que salió, Mizrachi escribió en su Twitter: “Estoy agradecido al Inpec y al personal de La Picota por haber actuado a cabalidad por no entregarme a una entidad sin orden legal”.
Estoy agradecido a la IMPEC y el personal de La Picota por haber actuado a cabalidad por no entregarme a una entidad sin orden legal.
El pasado jueves, un informe interno de Migración Colombia al que tuvo acceso este diario dejó ver que Mizrachi estuvo en el despacho del director de La Picota antes de salir y que a los oficiales de Migración que se presentaron ahí para pedir personalmente que Mizrachi fuera puesto a sus órdenes a su salida les pidieron retirarse.
El informe dice además que, a los minutos, un oficial de la cárcel le dice a los oficiales de Migración que no les entregará a Mizrachi.
Por lo anterior, Krüger explicó que la denuncia busca que las autoridades “definan si la persona incurrió en soborno frente a funcionario, y si el funcionario incurrió en recibo de dinero a título de soborno”.
Extraoficialmente, se conoció que un funcionario del Inpec ya fue llamado a rendir indagatoria al Departamento de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General.
El director de Migración explicó que Mizrachi “tiene una medida de expulsión que tiene que cumplir. Está irregular en este país”. Al respecto, explicó que Colombia tiene 39 puestos de control y todos están informados de sus características. “Tenemos patrullas de verificación. Estamos alertados en esos dos sistemas. Si se le encuentra, se procederá a su expulsión”, añadió.
Si lo expulsan, Mizrachi no podrá ingresar al país por 10 años, según una resolución migratoria expedida el viernes 23 de junio.
Al respecto, Krüger precisó que en las medidas de expulsión o deportación el país estipula, a discreción, un tiempo en el que le prohíbe regresar al sancionado. Ese tiempo oscila entre 5 y 10 años y a Mizrachi se le impuso lo máximo.
Sobre el asilo solicitado por Mizrachi el 22 de junio de 2016, recordó que uno de los requisitos para que se procese es que no exista una medida migratoria anterior a la solicitud. “Hay una medida anterior”. No obstante, dijo, “se analizará la situación”.
Silvio Guerra, abogado de Mizrachi en Panamá, dijo anoche en Telemetro que su cliente “está amparado por la mera petición de asilo” y contra “la supuesta orden de expulsión que ha dado Migración en Colombia”.
Agregó que “no tiene ninguna restricción, a excepción de la supuesta expulsión. Y digo supuesta, porque Mayer no ha sido notificado”.
