Alejandro Moncada Luna fue condenado a 60 meses (5 años) de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos, y formalmente separado de su cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La Dirección Nacional del Sistema Penitenciario debe determinar en qué penal es ingresado.
La subcomisión de garantías de la Asamblea Nacional también ordenó el decomiso de dos apartamentos en Coco del Mar propiedad de Moncada Luna y su esposa.
También quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 5 años, una vez cumpla su periodo en prisión.
A Moncada Luna se le deberá computar los cuatro meses y medio que ha permanecido en detención domiciliaria.
Son exactamente las mismas penas consignadas en el acuerdo extrajudicial pactado por Moncada Luna y el diputado fiscal Pedro Miguel González. De ese modo, las juezas Katleen Levy, Ana Matilde Gómez y Zulay Rodríguez rechazaron la solicitud de la defensa que, a última hora, pidió prisión domiciliaria para el ya exfuncionario.
Las juezas también ordenaron que se mantenga la aprehensión de las cuentas bancarias que fueron cauteladas como parte del proceso. Ni una está a nombre de Moncada Luna, pero sí recibió beneficios de las mismas, como se probó en la investigación.
"No podemos acceder a dichas peticiones. Le corresponderá a las autoridades competentes, en atención a los hechos sustentados en la audiencia por el fiscal", concluyeron las juezas.
Levy, Gómez y Rodríguez sostienen en su escrito de condena que Moncada "desconoció las prohibiciones y limitaciones inherentes a su cargo", ya que como magistrado acumuló un patrimonio que no correspondía con sus ingresos.
Durante la audiencia que se celebró en el Salón Azul de la Asamblea, el imputado dijo que firmó el acuerdo -fechado el 23 de febrero pasado- de manera voluntaria, libre de acuerdo y presiones.
LA AUDIENCIA
La audiencia de hoy inició casi a las 10:00 a.m. y terminó a las 2:49 p.m.
Empezó con la intervención de González, que hizo una sustentación del acuerdo extrajudicial.
Señaló que la pena de 60 meses (5 años) de prisión es un tercio de la suma de las penas máximas que conlleva cada uno de los delitos admitidos por el imputado: 8 años por falsedad ideológica y 12 por enriquecimiento injustificado agravado.
Remarcó que las juezas de garantías no podrán aumentar la pena pactada en el acuerdo, "pero sí pueden disminuirla".
"El tribunal tiene la competencia para hacerlo, tratándose de una persona que por primera vez es vinculada a un derecho punible", señaló.
Advirtió que si las juezas modifican la pena de prisión y deciden rebajarla, Moncada Luna podría cumplirla en su residencia y no en un centro penitenciario, lo que finalmente no sucedió.
González también informó que un informe de la Contraloría General de la República estableció "un diferencial negativo" de 2 millones 94 mil dólares, "con respecto a las capacidades económicas" de Moncada Luna y su esposa María del Pilar Fernández, copropietaria de los dos apartamentos cautelados.
"La Contraloría, en su informe, determinó un desbalance en 2 millones 94 mil dólares. Es decir, los bienes adquiridos y el uso de recursos por parte de la pareja Moncada Luna-Fernández superó sus capacidades económicas en ese monto", indicó.
María del Pilar recibía un salario mensual de $4 mil (sin contar las deducciones) como directora de Planificación y Finanzas del Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), quien -coincidentemente- designó a Moncada Luna como magistrado de la CSJ a partir del 1 de enero de 2010, con salario de $10 mil mensual.
Agregó que el valor actual de los dos apartamentos supera "con creces" el desbalance planteado por la Contraloría. El matrimonio desembolsó $1.7 millones por ambos apartamentos.
HABLÓ LA DEFENSA
Ramiro Jarvis pidió clemencia a las juezas. Dijo que su cliente no tiene antecedentes penales, "ha sido honorable", tiene padecimientos de salud, ha permanecido cinco meses bajo detención domiciliaria en su apartamento de Coco del Mar y no ha dado muestras "de ser un riesgo para nadie".
Señala que su cliente decidió pactar un acuerdo extrajudicial, porque de celebrarse un juicio en el pleno legislativo "la decisión habría estado en manos de 71 diputados, la decisión habría sido política, creando situaciones de angustia para personas que no tienen relación en los hechos".
Jarvis consideró que algunas de las acciones del diputado fiscal podrían ser declaradas "inconstitucionales" por la Corte Suprema de Justicia.
En la lectura del escrito de condena, las juezas también hicieron un "llamado de atención" a la conducta "procesal" del abogado de la defensa.
Ayer, el abogado presentó un escrito de Moncada Luna en el que este desistía del acuerdo extrajudicial. Igualmente, entregó un certificado médico que incapacitó a su cliente hasta el próximo sábado, pero un informe forense practicado la tarde de ayer en el hospital Santo Tomás probó que el imputado está en condiciones de comparecer.
La aceptación del acuerdo y el pronunciamiento de la sentencia conlleva el cierre de la investigación, por lo que Moncada Luna no podrá ser proceso por estos mismos ilícitos en la justicia ordinaria.
En la audiencia también estuvieron presentes José María Castillo, Edwin Guardia y Manuel Cedeño, abogados de las sociedades titulares de las cuentas bancarias cauteladas como parte de la investigación. Se trata de 14 cuentas, que totalizan $4.7 millones. Según González, en la investigación se probó que Moncada Luna recibió beneficios de las mismas. La mayoría de estas sociedades obtuvieron contratos con el Órgano Judicial en el bienio 2012-2013, cuando Moncada Luna presidió la CSJ.
Los abogados pidieron a las juezas la descautelación de las cuentas. González dijo que no se oponía a ello. Las juezas, finalmente, declinaron esa petición.
