La firma panameña Mossack Fonseca (MF) se enfrenta a una nueva disputa legal en el exterior. Esta vez, se trata de su filial MF Corporate Services, con sede en Nevada, Estados Unidos, demandada por NML Capital, una unidad del fondo de cobertura Elliot Management, encabezada por Paul Singer, que intenta recuperar su inversión en bonos en Argentina, también son conocidos como “fondos buitres”.
De acuerdo con la demanda interpuesta en Nevada, los documentos publicados a través de la investigación global, liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) demuestran que la oficina de Mossack Fonseca operó de forma sistemática para ocultar y destruir información sobre las sociedades del empresario argentino Lázaro Báez, que presuntamente sirvió como testaferro de la expresidenta Cristina Kirchner, para ocultar millones de dólares.
Los “fondos buitres” se dedican a comprar deuda de empresas, economías o Estados cerca de la bancarrota o en estado crítico, que después recuperarán con elevados intereses. En el caso de Argentina, adquirieron una parte importante de su deuda a muy bajo precio. En 2001, cuando se desató una crisis económica en el país sureño, conocida como “el corralito”, el Gobierno firmó la suspensión de pagos sobre la deuda de $102 mil millones que Argentina debía a los acreedores.
A partir de entonces, los acreedores han intentado localizar los activos del Estado argentino para cobrar su deuda. Es aquí cuando entra en escena Mossack Fonseca.
De acuerdo con la demanda contra la firma panameña, el bufete sirvió como vehículo para que Báez ocultara dinero estatal argentino. Advierten, además, que Mossack Fonseca intentó destruir las evidencias de esto, de cara a un proceso legal en 2015, cuando Singer solicitó información sobre estos supuestos entramados.
“Los ejecutivos de Mossack Fonseca cambiaron los teléfonos y el sistema de red interno en su oficina en Nevada, retiraron de allí documentos sensibles sobre las sociedades bajo la lupa y enviaron correos electrónicos a sus clientes para recomendarles que ocultaran todo aquello que no quisieran entregar a la justicia estadounidense, como solicitaba el fondo NML, de Paul Singer”, afirmó el diario La Nación de Argentina en una nota de abril pasado.
En el mismo reporte, incluían un mensaje enviado desde la casa matriz del bufete, en Panamá, hacia su filial en Nevada. “Reiteramos una vez más la sugerencia de no mantener ninguna propiedad y/o ningún otro activo dentro de [cada] compañía para evitar que sea congelado y no utilizable si NML fuera a intentar alguna acción para obtener más información directamente sobre [cada] compañía”.
Entre los correos incluidos en la base de datos de Mossack Fonseca aparecería uno que envió el ingeniero de sistemas Luis Martínez a la firma el 17 de septiembre de 2014. “Me preocupa mucho la Señora Patricia. Se le olvidan las cosas y se pone muy nerviosa, creo que con esta situación podemos quedar fácilmente en evidencia de que estamos ocultando algo (…) No se acordaba del password (contraseña) que ella misma actualizó del usuario espejo y tenía más de tres meses de no utilizarlo. Le ayudamos con esto y se le dio instrucciones de utilizar palabras o nombres que ella pueda recordar con facilidad (…) Debe tener mucho cuidado de dejar evidencia física de lo que imprime”, aseguró.
ACTUACIÓN DE MALA FE
De acuerdo con la demanda interpuesta por NML Capital, las comunicaciones reveladas por ICIJ dan cuenta de que Mossack Fonseca actuó de mala fe, además de que rindió declaraciones falsas al asegurar que la oficina en Nevada no tenía nada que ver con la de Panamá. “Deben hacerse responsables por su conducta, y NML debe ser compensado con los gastos legales en los que ha incurrido”, exigieron en su demanda.
Este medio intentó obtener una reacción de la firma a través de correos electrónicos enviados a su departamento de mercadeo y a la agencia de publicidad que le ha servido de vocera. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Este no es el primer proceso legal o administrativo que enfrenta la firma tras la investigación de ICIJ. Fue en Nevada, precisamente, donde pagó una multa de $10 mil, impuesta por la secretaria del estado de Nevada, Barbara Cegavske, al incumplir las inspecciones requeridas por el Registro Estatutario de dicho estado. Además, el bufete renunció a mil 25 de sus sociedades inscritas en esta jurisdicción.
La firma también fue sancionada en las Islas Vírgenes Británicas, donde se le restringió su actividad comercial, se le multó con $31 mil 500 y se le impuso un observador para que reportara de sus movimientos.
En Panamá, por otro lado, las autoridades aún no han emprendido acciones en relación con las presuntas actividades irregulares que destapó la investigación de ICIJ.
