La información obtenida por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), revelaría que los fiscales brasileños se tropezarían con la firma de abogados Mossack Fonseca, durante la fase No. 22 de la investigación por la Operación Lava Jato, dentro de la cual se ordenó el arresto de la brasileña Nelci Warken, identificada como supuesta dueña de un inmueble en el condominio Solaris, en Sao Paulo, que está a nombre de la sociedad Murray Holding –creada por la firma panameña bajo la jurisdicción de Nevada, Estados Unidos–, la cual se constituyó, según los fiscales, para lavar dinero.
El procurador Carlos Fernando Dos Santos Lima afirmó que existen fuertes evidencias de que Warken es un “títere” en el esquema de lavado, pues carece de las condiciones financieras para sostener una sociedad offshore y un apartamento (en el condominio Solaris).
Según documentos de la firma, obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos con otros 107 medios de comunicación, apenas aparece una referencia de due diligence (investigación de una empresa o persona) de Warken, además de algunos datos personales, como su dirección.
“Ahora estamos investigando quién está detrás de ella... [porque] ni siquiera tiene documentos para viajar al extranjero”, dijo el fiscal.
Constructora OAS utilizó el condominio Solaris para “encubrir sobornos a los agentes involucrados en el esquema criminal de la estatal petrolera Petrobras”, añadieron.
En marzo pasado, en una entrevista a TVN, el socio de la firma que lleva su nombre, Ramón Fonseca Mora, sobre este tema, dijo: “Nosotros vendimos una sociedad a un profesional en Brasil; este profesional la revende a una cliente; esta cliente compra un apartamento en un edificio donde se sospecha que [el expresidente Luiz Inácio] Lula [da Silva] tiene un apartamento”.
Ese mismo día también anunció su separación temporal como ministro consejero del gobierno de Juan Carlos Varela, aunque, posteriormente, dijo a La Prensa que no pensaba retornar a sus cargos en el Gobierno y en el partido Panameñista (en el poder).
Fonseca Mora, formalizó el 31 de marzo pasado su renuncia al cargo de ministro consejero.
Los referidos documentos de la firma, obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, revelan que la clienta habría sido Warken, y además que quien estaría detrás de esta y de otras dos sociedades –Hazelville International Inc. y Woodbay Holdings, S.A., todas de Mossack Fonseca– habría sido Ademir Auada, un segundo intermediario en la compraventa de las mencionadas sociedades.
Auada era cliente de la representación de Mossack Fonseca en Brasil, pero cada vez que viajaba a Panamá, la firma le daría tratamiento VIP. Se encargaría de su atención en Panamá, enviándole choferes, alquilándole salones de espera en Tocumen, arreglándole citas y movilizándolo en la ciudad.
En Panamá, incluso, abogados de la firma habrían intercambiado comunicaciones y documentos para la apertura de cuentas en bancos locales para sociedades vinculadas a Auada.
En medio de la relación entre Warken y Auada, los fiscales creen que existe una tercera persona, no identificada. A esa conclusión llegaron cuando interceptaron comunicaciones de Auada y Warken –en diálogos interceptados el 11 y 12 de noviembre de 2015– llamando a esa persona el “amigo” o nuestro “querido amigo”, ocultando así su identidad.
Los fiscales tendrían razón al tener esas sospechas. Según la documentación que obtuvo el Süddeutsche Zeitung, la firma habría girado instrucciones para que Warken no recibiera ninguna comunicación, y en su lugar se contactara directamente con Ademir Auada en relación a las sociedades que supuestamente eran de Warken.
Debido a que esta es una clienta que despierta sospechas, los fiscales ven con detenimiento el apartamento de Warken. Además, en este edificio –el Solaris– convergen inmuebles cuyos propietarios son dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder).
Por ejemplo, allí tiene un apartamento el propio expresidente Lula, así como João Vaccari Neto, extesorero del PT. También su esposa, Giselda Rousie de Lima, posee un inmueble en el mismo lugar, mientras que la cuñada de Neto, Marice Correa de Lima, tuvo otro, envuelto en lo que parece ser una operación para el pago de coimas por la constructora OAS.
Y ahora descubren otro apartamento en el mismo edificio, vinculado a la offshore Murray Holdings, creada por Mossack Fonseca, y cuya titularidad es de Warken junto con Auada.
Consultada la firma sobre este caso, Sara Montenegro, directora de asuntos legales de Mossack Fonseca, aclaró que “la oficina en Brasil es una oficina franquiciada [sic] por nosotros” y que no había orden de arresto contra la gerente de su franquicia en Brasil, María Mercedes Riaño.
Sin embargo, la secretaria del juez Sergio Moro, Christianne Machiavelli, respondió a La Prensa una consulta sobre el particular. “El último despacho del juez federal [...] es del día 05/02 [5 de febrero de 2016] e informa que María Mercedes [Riaño, y otra de las personas investigadas] ... tenían mandato de prisión temporal decretados, pero no fueron cumplidos, pues no fueron localizados. El juez no revocó la [orden de] prisión... por lo tanto, son considerados forajidos”.
Montenegro agregó que Riaño vendió una sociedad a un segundo intermediario –en este caso a Ademir Auada– y este, a su vez, la vendió “a lo que nosotros llamamos un cliente final, una señora [Nelci Warken] para la adquisición de un inmueble”.
Según Montenegro, ese inmueble está ubicado en el edificio Solaris, en Sao Paulo. “Es un edificio de alto perfil que fue construido por una de las mayores constructoras en Brasil, OAS... y que se especulaba que en ese edificio tenía un inmueble el expresidente Lula da Silva.
Luego, añadió, allanaron la oficina de Riaño. “Fue una acción totalmente temeraria, una acción en la que no se respetaron las garantías procesales”, dijo la abogada. Allanaron las casas de los empleados de Riaño, abrieron la oficina y los hicieron que mostraran todo lo que tenían, “solo con el propósito de buscar información sobre esa sociedad y ese cliente al que se le había vendido la sociedad”.
Montenegro agregó que arrestaron a los empleados para ver si llegaban a Lula… “Afortunadamente, a los cinco días, los soltaron a todos, inclusive al cliente profesional [Auada], y a la cliente dueña de la propiedad, porque se dieron cuenta de que tenía la propiedad hipotecada”.Según Montenegro, Riaño está en Panamá porque este es su país. Por otro lado, Fonseca Mora reveló que la defensa de Riaño trata que la fiscalía brasileña la interrogue por medios electrónicos.
ACTIVIDAD SOSPECHOSA
Pero, para los fiscales, una prueba de la “actividad criminal” de la oficina de Mossack Fonseca en Brasil ocurrió en julio de 2007, cuando una persona llamada Carlo Moratelli envió un correo a Mossack Fonseca pidiendo que sus empresas fueran canceladas, pues la Policía Federal había allanado su oficina y se incautaron documentos.
La gerente de la franquicia en Brasil, María Mercedes Riaño, reaccionó de inmediato ante el tenor urgente del correo. Ordenó “sacar todos los papeles de la oficina, nombres de clientes, documentos a entregar, due diligences, libretas telefónicas y borrar del computador todo lo que pueda haber... [y] no dejar por nada del mundo el computador abierto cuando salen a almorzar o cuando no lo están usando, en emergencia, resetear el computador”.
Sobre ello, Mossack Fonseca Panamá, en un comunicado divulgado semanas atrás, dijo que todo había sido un malentendido, y la orden de Riaño era para digitalizar documentos. Negó todo vínculo con las operaciones criminales de los investigados.
La justicia federal brasileña, en los documentos de aprehensión de los empleados de Mossack Fonseca, dictaminó que “constituir o utilizar empresas offshore no es un crimen ni es ilegal. Sin embargo, la utilización de empresas offshore para el lavado de dinero o para la práctica de fraudes es, obviamente, criminalizada. Al ofrecer offshores para criminales, la empresa Mossack estaría participando, mediante auxilio, de la práctica de esos crímenes”.
De acuerdo con la firma, la única relación entre ellos y Riaño es la cesión del nombre de su bufete para usarlo en Brasil. “Ella tiene total autonomía de control en el manejo de la toma de decisiones de su compañía. Ella paga su planilla e inclusive sus clientes le pagan a ella directamente y ella nos paga a nosotros la parte de nuestros honorarios, nuestros gastos de franquicia”, afirmó la firma a este diario.
EL NEXO ODEBRECHT
María Mercedes Riaño habría tenido una relación con la Embajada de Panamá en Brasilia. Así lo revelaría la documentación obtenida por Süddeutsche Zeitung, según la cual, un reporte de contacto de la firma revela detalles de una cena que brindó André Luiz Campos Rabello (director superintendente) y Paulo Levita (director administrativo) de Odebrecht a la diplomática panameña en Brasil.
En ese reporte se dice que la entonces embajadora, Gabriela García Carranza, habría presentado a Riaño como abogada de la embajada. Siempre, según la documentación que obtuvo el Süddeutsche Zeitung y compartida por ICIJ, Mossack Fonseca habría emitido un reporte señalando que el contacto con los ejecutivos de Odebrecht había tenido lugar y que Riaño había enviado un correo de agradecimiento por la cena, ofreciendo los servicios de la firma en Panamá.
Según dicho reporte, se habría hablado de la ayuda que Odebrecht podría brindar a la embajada y empresas panameñas en Brasil.
García Carranza –que había sido nombrada en Brasil en septiembre de 2009 por el entonces presidente Ricardo Martinelli– es cuñada de Riccardo Francolini, un cercano colaborador de Martinelli. Y, al igual que otros miembros de su llamado “círculo cero”, Francolini ha sido mencionado en las investigaciones sobre corrupción en Panamá.
Pero la hoy exembajadora, luego de ser consultada por La Prensa, afirmó: “Nunca he presentado a la señora María Mercedes Riaño como abogada de la embajada. Es una amiga de infancia, a quien recurrí en 2009 cuando llegué a Brasil como embajadora, autorizada por la Cancillería de Panamá, para consultarle sobre la situación en que se encontraba la embajada en ese momento. Esto es: empleados sin contratos, desorden administrativo, entre otras anomalías. En ese momento, ella nos refirió con otros abogados locales con conocimiento en los temas descritos”. Además, García se distanció de cualquier posible relación con Odebrecht.
Sin embargo, según la documentación del Süddeutsche Zeitung, García se habría reunido con Rabello en Brasil, el 21 de marzo de 2011. Según dichos documentos, la Embajada de Panamá en Brasil habría recomendado a “Odebrecht–Constructora Norberto Odebrecht de Panamá, S.A.” como cliente de Mossack Fonseca Brasil, con el estatus de “prospecto”, y la firma habría asignado un número de cliente, y señalado que sus contactos serían Levita y Rabello.
Pero el socio de la firma Ramón Fonseca Mora aseguró recientemente que “nunca” han tenido relación con la constructora Odebrecht. “No queremos saber nada de ella”, dijo.
Estos tres casos serían solo una pequeña fracción de los que aparecen en los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche Zeitung.
Lava Jato: corrupción histórica en Brasil
Todo comenzó como una investigación rutinaria en marzo de 2014. Las autoridades brasileñas recibieron información sobre varias pequeñas empresas de lavado de autos utilizadas para el lavado de activos. A medida que indagaban y encontraban nueva información, el Ministerio Público Federal y la Justicia Federal de Paraná encontraron indicios de que el dinero que pasaba por los pequeños negocios tenía orígenes mucho más complejos y poderosos.
Descubrieron la existencia de una red de empresas brasileñas que eran contratadas por Petrobras, luego de pactar precios y asegurarse el triunfo en licitaciones.
El truco era inflar entre un 3% y 4% el precio real para luego repartir el dinero entre los directivos de Petrobras relacionados a esa contratación. Un pedazo del pastel para todos. Las autoridades brasileñas relacionaron a varias empresas de importancia, como Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correa, Engevix, Odebrecht, Querós Galvão, Galvão Enghenaria, Mendes Junior, UTC, entre otras.
Una de las piezas importantes en este rompecabezas fue la cooperación del empresario Alberto Youssef –uno de los operarios de los esquemas de lavado, también llamado doleiros–, investigado por su participación en esta compleja red, quien se ofreció como colaborador de la investigación a cambio de rebajas de penas (delator premiado). A medida que Youssef describía la metodología utilizada, las autoridades brasileñas fueron ampliando el compás de su investigación a través de fases. Cada fase comprende el descubrimiento de un nuevo método de operación. Hasta ahora, se han trabajado en 24 fases.
Algunas de ellas incluyen a Panamá, como el caso de Constructora Internacional del Sur, S.A., y varias otras sociedades vinculadas con firmas legales panameñas, incluida, Mossack Fonseca.
Las acusaciones de la Fiscalía brasileña han sido implacables, e incluyen a decenas de empresarios, diputados, senadores, ex diputados federales e, incluso, expresidentes, como Fernando Collor de Mello, acusado formalmente por la Fiscalía por su participación en este entramado de lavado de activos, y al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al igual que muchos otros políticos vinculados al actual gobierno de Dilma Rousseff.
