La firma legal Mossack Fonseca & Co. no respondió este jueves si la gerente general de su oficina en Brasil, María Mercedes Riaño Quijano, se entregará a las autoridades del país sudamericano, que emitió una orden de detención sobre empleados de esta oficina que la incluye a ella.
El bufete, uno de los más importantes en la constitución de sociedades offshore, está envuelto en un escándalo en Brasil, tras haber sido vinculado por el Ministerio Público de esa nación en una compleja operación de lavado de dinero a través de inmuebles de un condominio en Sao Paulo, en la que se utilizaron sociedades creadas por esta firma de abogados.
En un comunicado, Mossack Fonseca explica las órdenes que dio Riaño Quijano en 2007 de destruir y ocultar documentos. La firma alega que aquello era un cambio de plataforma tecnológica y que los documentos físicos se guardarían en otro lugar.
Pero los papeles de la Policía cuentan otra historia. Antes de ordenar la destrucción de los documentos, llegó un correo electrónico, probablemente de uno de sus clientes, en los que avisaba que la Policía había allanado su oficina y pedía que se cancelaran todas sus sociedades.
Riaño entonces ordenó ese mismo día ocultar los documentos y pidió a los empleados que “por nada del mundo dejen el computador abierto cuando salgan a almorzar...”.
FIRMA PANAMEÑA EXPLICA, INVESTIGACIÓN LA CONTRADICE
A pesar de que ayer la firma de abogados Mossack Fonseca & Co., con sede en Panamá, y Mossack Fonseca Brasil negaron estar involucradas en ilícitos en ese país y afirmaron que no “apadrinamos ni facilitamos el incumplimiento de la normativa legal vigente en Brasil”, la Policía Federal del Estado de Paraná ha adelantado una investigación en la que el bufete tendría mucho que explicar.
La Delegación Regional de Combate al Crimen Organizado, a través de su fuerza de tarea en la Operación Lava Jato, emitió órdenes de arresto contra cuatro funcionarios de Mossack Fonseca Brasil, incluida María Mercedes Riaño Quijano, gerente general de la franquicia en Brasil (ver infografía).
Según la Policía Federal brasileña, existen “indicios de la existencia de una verdadera organización criminal, destinada a lavar valores recibidos a título de sobornos, principalmente por medio de transacciones inmobiliarias y de empresas offshore”, en este caso, constituidas por Mossack Fonseca.
En un documento de más de 60 páginas –que sustenta las órdenes de arresto de los acusados– la Policía destaca la participación de testaferros, “siempre presentes en toda gran maniobra de ocultación y enmascaramiento del origen y naturaleza de valores, frutos del crimen”.
Se trata, según la acusación, del uso de unidades residenciales de un condominio ubicado en las playas de Guarujá, estado de Sao Paulo, que pudieron haber sido traspasadas en concepto de soborno por Constructora OAS, a cambio de contratos de la estatal petrolera Petrobras.
Según la Policía Federal, la sociedad offshore Murray Holdings –registrada por Mossack Fonseca en Nevada, Estados Unidos– adquirió varias propiedades a partir de la ejecución de supuestos créditos, en contra de la sociedad Paulista Plus Promoções Ltda., cuya propietaria es Nelci Warken, quien fue detenida el pasado miércoles. De esta manera, señalan los documentos oficiales, Murray Holdings recibía “bienes de valor muy superior al valor de la supuesta deuda”.
“Aquí surgen sospechas de que el Poder Judicial haya sido usado en una acción judicial simulada, permitiendo la transferencia ficticia de propiedades, una de las típicas maniobras para el lavado de dinero”, señala el documento que ordena la detención de las personas involucradas.
Las pruebas de las supuestas vinculaciones de Warken con un esquema de lavado con inmuebles incluyen interceptaciones telefónicas, así como correos electrónicos.
“Las investigaciones en las bases de datos disponibles identificaron información que asocian a Mossack Fonseca a crímenes de lavado de dinero en diversas partes del mundo, incluyendo Brasil”. A partir de esa información, los investigadores elaboraron diagramas sobre los escándalos en los que ha estado envuelta la firma panameña y que recoge el diario O Globo.
En su perfil de la firma panameña, el diario brasileño cita a la revista inglesa The Economist: la cual califica al bufete panameño como “líder impresionantemente discreto de la industria de finanzas de fachada en el mundo”, cuyas oficinas en Brasil son ahora blanco de esta nueva fase de la operación Lava Jato.
El diario recuerda que la firma ha sido vinculada a escándalos sobre el financiamiento de actos de terrorismo y corrupción en nombre de interlocutores de dictadores, como el sirio Bashar Al Assad, el libio Muammar Gaddafi y el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe.
CONTRADICCIONES
Ayer, la firma colgó una “aclaración” en su sitio web, en la que aborda el tema de la destrucción y ocultamiento de documentos a los que hizo referencia la Policía Federal.
Mossack Fonseca alega que ese correo en el que la gerente de su oficina en Brasil, María Mercedes Riaño, pidió la destrucción de los documentos, data de 2007. “En esa fecha, la oficina de Brasil adoptó un cambio de plataforma tecnológica donde los documentos de clientes se almacenaban en medios electrónicos en favor de tener solamente documentos digitales. Una vez digitalizados, se dispuso de los documentos físicos, almacenándolos fuera de la oficina por temas de espacio físico disponible. A ese hecho se refiere la fiscalía, por lo tanto no se trata de una destrucción de documentos relacionados con este caso, como se ha querido hacer ver”.
No obstante, los papeles de la Policía Federal sugieren otra cosa muy distinta. Según los investigadores, en un correo electrónico fechado el 12 de julio de 2007, localizado en la computadora de uno de los acusados, un probable cliente expresa preocupación en razón de una operación de la Policía Federal.
En la fecha señalada una persona de nombre Carlo Moratelli envió un correo a la oficina de Mossack Fonseca “solicitando que todas sus empresas sean canceladas, pues la Policía Federal allanó su oficina e incautó diversos documentos. Posiblemente Carlo se refiere a un procedimiento de búsqueda y aprehensión llevado a efecto y que tendría como base alguna investigación en la cual él mismo conste como investigado”.
Después de recibido el correo, Riaño Quijano ordenó “sacar todo los papeles de la oficina, nombres de clientes, documentos a entregar, due diligence, libretas telefónicas y borrar del computador todo lo que pueda haber... [y] no dejar por nada del mundo el computador abierto cuando salen almorzar o cuando no lo están usando, en emergencia, resetear el computador”.
Por ahora están detenidos dos empleados de la firma en Brasil: Ricardo Honorio Neto y Renata Pereira Britto.
