El Movimiento Independiente (Movin) manifestó su “profunda preocupación por la constante intimidación, amenazas y público hostigamiento a fiscales y jueces” que intervienen en los procesos por delitos de corrupción y los instó “a no ceder ni una pulgada” en sus investigaciones y decisiones judiciales.
Representantes de Movin indicaron que a la agrupación le preocupa que el tema se esté viendo como algo normal y lo que se busca con este llamado es que no sigan escalando las amenazas y hostigamientos de abogados en los procesos judiciales contra fiscales y jueces.
Precisó que la situación se ha reflejado públicamente en los medios y en las audiencias donde abogados amenazan a los fiscales y jueces que adelantan procesos relacionados a delitos contra la administración pública (corrupción).
LOS ATAQUES
Señalaron que se ha visto a miembros de la defensa legal del exmandatario Ricardo Martinelli, quienes “no dejan de amenazar a los magistrados fiscales” de los casos que se procesan contra el expresidente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Martinelli enfrenta unos 10 procesos en la CSJ.
Indicaron que la defensa del exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino, ha hecho fuertes señalamientos contra la fiscal tercera Anticorrupción, Zuleyka Moore, en el proceso por la compra de radares a la empresa Selex.
La defensa de Mulino atacó fuertemente a la fiscal por la apelación que presentó contra el cambio de medida cautelar de país por cárcel, que dictó a favor del exministro el juez quinto penal, Enrique Paniza. La fiscal también apeló el fallo del juez que declaró nula parte de la investigación que hizo la fiscalía sobre la compra de radares.
Calificaron a la fiscal Moore de faltarle el respeto al juez Paniza en sus escritos de apelación.
También, durante la audiencia al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, por presunto enriquecimiento injustificado, su abogado defensor Luis Carlos Cabezas lanzó amenazas contra el juez undécimo penal Eduardo De La Torre y la fiscal primera Anticorrupción, Tania Sterling.
Cabezas se molestó por la decisión del juez que negó varios incidentes que pedían la nulidad de la audiencia y en tono enérgico y fuerte le advirtió al juez que si se celebraba la audiencia, los próximos en ser investigados serían el juez y la fiscal.
Interrogados del por qué Movin no interponía una denuncia por estas amenazas, los representantes respondieron: “estamos tratando primero de crear conciencia del problema que todavía parece ser más de carácter ético, en el caso de que tengamos evidencias, algo más contundente, presentaremos la denuncia.
REACCIONES
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, sostuvo que ese gremio apoya cualquier denuncia que haya con respecto a amenazas e intimidaciones contra jueces y fiscales.
No obstante, Álvarez solicitó a Movin presentar las respectivas denuncias sobre la intimidaciones y amenazas a jueces y fiscales.
“Por el momento nosotros desconocemos de alguna denuncia que se haya presentado por intimidación y amenazas”, señaló el jurista.
Para Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, el comunicado no habla de un hecho específico, pero siempre es positivo que las organizaciones que están trabajando con el tema de justicia hagan un llamado a la defensa de las instituciones.
Gasnell indicó que es positivo respaldar, especialmente a instituciones “que han demostrado que tienen la voluntad de hacer su trabajo como es el caso de las fiscalías Anticorrupción, que independientemente de que se cuestionen algunas de sus actuaciones, han llevado a cabo investigaciones y aplicado medidas sin precedentes en nuestro país”.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez señaló que el planteamiento de que los jueces y los fiscales están siendo intimidados no es totalmente infundado.
Pero Rodríguez plantea que los jueces y los fiscales tienen que actuar apegados a la ley, porque de no hacerlo pueden convertirse también en “delincuentes”.
“No soy de los que están de acuerdo con que todo lo que dicen los fiscales y los magistrados es lo correcto, porque eso va en la medida en que su actuación pueda ser defendida y se ajusten a los preceptos legales”, resaltó.
Destacó que la ley establece los mecanismos que existen para defender a una persona. “Lo mínimo que puede hacer un abogado que sienta que su derecho a la defensa está amenazado es un pronunciamiento o interponer las acciones requeridas y que se ajusten a derecho”, dijo. Rodríguez dice que si un fiscal o juez se siente amenazado o intimidado puede recurrir a los medios que tiene como autoridad para hacer el llamado de atención a las partes, si fuere el caso.
ACTORES RESPONDEN
Carlos Carrillo, abogado del equipo de juristas del expresidente Martinelli, negó que este grupo haya amenazado a los magistrados, fiscales y jueces de garantías que adelantan los procesos en la Corte de su cliente. Por el contrario, dijo, lo que sí hay es una “coerción institucional” contra la defensa legal del exgobernante.
Manifestó que si alguien está amenazando a fiscales o jueces o presionándolos, estos deben presentar las denuncias, máxime si estas acciones provienen de funcionarios o sus superiores.
José Raúl Mulino, hijo, manifestó que en el proceso por la compra de radares, seguido a su padre, el exministro Mulino y sus abogados no han intimidado a nadie y han cumplido con presentar los incidentes legales pertinentes ante los juzgados.
Dijo que el equipo legal se ha limitado a presentar los incidentes necesarios, sin intimidar a nadie, pero reiteró que son los propios juzgados los que han censurado en fallos las actuaciones de algunos fiscales “que se están extralimitando en sus funciones”.
