Manuel Antonio Noriega murió habiendo cumplido apenas 5 años, 1 mes y 17 días de las condenas que acumulaba en Panamá, incluyendo 60 años de prisión por tres procesos judiciales: los homicidios del doctor Hugo Spadafora Franco y del teniente coronel Moisés Giroldi Vera, y por el episodio conocido como la masacre de Albrook. Veinte años por cada uno.
Su primera sentencia fue la de Spadafora. El 20 de octubre de 1993, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial declaró culpables a Noriega, Francisco Eliécer González Bonilla (alias Bruce Lee o El Indio) y Julio César Miranda Caballero (alias Muñecón) por el homicidio del exviceministro de Salud, ocurrido el 13 de septiembre de 1989. La sentencia fue confirmada el 20 de diciembre de 1995 por los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Aura Guerra de Villalaz, Fabián Echevers y José Manuel Faúndes.
Para entonces, Noriega se encontraba preso en Miami, Estados Unidos, donde había sido conducido tras entregarse a las tropas estadounidenses el 3 de enero de 1990, 14 días después de la intervención militar que derrocó al régimen. En Miami, Noriega fue condenado a 40 años de prisión, sentencia que fue posteriormente reducida a 30 años y acabó cumpliendo 17, por su buen comportamiento y otros beneficios que otorga el sistema estadounidense. Los cumplió en 2007, pero entonces fue extraditado a Francia, donde tenía una condena por lavado de dinero. Estuvo en la cárcel La Santé, de París, hasta el 11 de diciembre de 2011, cuando fue extraditado a Panamá y conducido a El Renacer.
SUCEDIÓ EN TINAJITAS
Otro homicidio atribuido a Noriega es el de Moisés Giroldi, jefe de la Compañía Urracá y cabecilla del fallido golpe del 3 de octubre de 1989. A Giroldi lo mataron en la madrugada del 4 de octubre, en el antiguo cuartel de Tinajitas, en San Miguelito. En 1994, un jurado de conciencia absolvió a tres investigados –Ramón Díaz, Lucinio Miranda y Camilo Vega- y condenó a Noriega y a Heráclides Sucre (prófugo).
Aunque Noriega insistió en que se le juzgó en ausencia y que nunca fue escuchado, el 20 de diciembre de 1993, la magistrada Elvia Batista viajó a Estados Unidos para interrogar al exgeneral en el Centro Correccional Metropolitano de Miami, a petición de su abogado defensor José Ramiro Fonseca. Con Batista viajó un secretario, una estenógrafa y un intérprete. Además, con Noriega estaba su hija Lorena.
En su relato, contó a la magistrada que el golpe no tenía la intención de derrocarlo, sino de asesinarlo, en componenda con el Comando Sur. Dijo que fue recluido en una oficina, donde recibió insultos y amenazas con fusiles AK-47 apuntando a su pecho. Cuando todo acabó y el cuartel quedó semidestruido en el ala correspondiente a la oficina principal y el comedor, mandó llamar al procurador general de la Nación, Carlos Villalaz, para que iniciara las investigaciones de rigor.
“Una vez la fiscalía o el departamento de justicia panameño comenzó las investigaciones, yo me desligué totalmente del asunto de los detenidos y fue en ese mismo momento donde Giroldi conversó conmigo y trató de decirme quiénes estaban involucrados. Conversamos y yo me desligué de todos los hechos, el problema ya quedaba en manos del Estado Mayor en diferentes ramas”, dijo. También –siempre según él- Giroldi habría culpado a Marc Cisneros, el jefe del Comando Sur, con quien había conversado días antes y se había dejado “influenciar”.
Agregó que en ningún momento ordenó el asesinato de los alzados. Sostuvo que ese día “ni los días subsiguientes”, vio a Ramón Díaz, Heráclides Sucre, Camilo Vega y Lucinio Miranda, que entonces trabajaba en la policía secreta o DENI.
Eso no fue lo que contaron los otros sindicados. Ramón Díaz, que entonces era jefe de la unidad antiterror Uesat, confesó haberle disparado a Giroldi en Tinajitas, porque Sucre lo amenazó con su metralleta Uzi y le recordó que eran “órdenes superiores”.
“Nadie pudo evitar esa muerte”, declaró Díaz en el estrado. Cuando se lo confesó a su madre, esta le llamó asesino.
Noriega y Sucre fueron condenados a 20 años de cárcel –pena máxima solicitada por el fiscal Milciades Méndez y el fiscal asistente Dimas Guevara-, como autor intelectual y autor material, respectivamente, del homicidio de Giroldi.
LOS NUEVE DE ALBROOK
El exgeneral también fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos contra la libertad individual y por asociación ilícita para delinquir en perjuicio de nueve oficiales que apoyaron a Giroldi: León Tejada, Edgardo Sandoval, Erick Alberto Murillo, Juan José Arza, Jorge Bonilla Arboleda, Ismael Ortega Caraballo, Francisco Concepción Espinoza, Deoclides Julio y Erick Alberto Murillo. Todos fueron baleados en un hangar en la antigua base áerea de Albrook. La sentencia, dictada el 29 de enero de 1996 por el Segundo Tribunal Superior, fue confirmada el 9 de octubre de 1997 por los magistrados de la Sala Penal de la CSJ, Fabián Echevers, Humberto Collado y Aura Guerra de Villalaz.
Nicasio Lorenzo, en tanto, murió en una celda de la cárcel Modelo. La versión oficial es que se ahorcó; su cuerpo fue hallado el 6 de octubre de 1989. Su viuda presentó una denuncia contra el médico forense Roger Montero, por supuestamente ocultar evidencias. A su favor tenía el testimonio de dos médicos asistentes, que contaron que Lorenzo tenía hematomas, sangre en el estómago y órganos internos destrozados. Después de muchas idas y venidas, cinco años después, la CSJ determinó que no había suficientes evidencias para procesar al forense.
Noriega murió sin haber sido juzgado por la muerte de Heliodoro Portugal, en 1971, y las desapariciones de Luis Antonio Quirós y Everett Clayton Kimble Guerra, en 1968 en Chiriquí. Por estos casos –estancados en distintas instancias– fue procesado sin ningún resultado.
