La Operación Lava Jato es la mayor investigación de corrupción y lavado de dinero jamás realizada en Brasil. Las coimas pagadas suman, al cambio de hoy, 2 mil millones de dólares, mientras que los perjuicios causados por la corrupción fueron estimados por el Tribunal de Cuentas de Brasil en unos 8 mil 860 millones de dólares, mientras que los peritos de la Policía Federal los ubican hasta en unos 13 mil millones de dólares.
Hasta el pasado mes de marzo se habían revelado 24 fases de la operación –hoy, seis meses después, son 34 fases-. Hasta marzo de este año, cuando Lava Jato cumplió dos años, el Ministerio Público Federal de Brasil había recuperado casi mil millones de dólares y ha secuestrado de los detenidos unos 730 millones de dólares. Los fiscales esperan recuperar más de 6 mil 600 millones de dólares.
Hasta marzo pasado, el Ministerio Público había formulado 37 acciones penales contra 179 personas y 6 acciones de improbidad en contra de 49 personas, siendo 33 físicas y 16 jurídicas. Hasta marzo pasado, hubo 93 condenas criminales, incluyendo casos de reos que fueron condenados más de una vez. La suma de las penas acumuladas llegaba en marzo de este año a 990 años de prisión.
Uno de los principales esquemas criminales funcionaba así: las empresas se organizaban en carteles, a fin de escoger –como en un juego de cartas marcadas– las vencedoras de las licitaciones de la estatal Petrobras. Los precios cobrados a la empresa estatal eran inflados, producidos fuera de las reglas de competición del mercado, causando perjuicios a la administración pública.
Ese esquema posibilitó fraudes en las licitaciones referentes a las mayores obras contratadas por Petrobras, mejorando ilegalmente los beneficios de las empresas.
El núcleo de las empresas era formado por las gigantes del sector: OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, Techint, Andrade Gutierrez, entre otras.
El funcionamiento de ese cartel era facilitado por la corrupción practicada por ejecutivos de alto nivel de Petrobras. Ellos recibían del 1% al 5% del monto total de los contratos y adendas billonarias con sobrecostos, garantizando así que las empresas del cartel fueran seleccionadas o participaran exitosamente de las licitaciones.
En ese núcleo están exdirectores de Petrobras de las áreas de Abastecimiento (Paulo Roberto Costa, 2004-2012), Servicios de Ingeniería (Renato Duque, 2003-2012) e Internacional (Nestor Cerveró, 2003-2008, y Jorge Celada, 2008-2012).
Los acuerdos de colaboración en las investigaciones de Lava Jato ganaron fuerza con técnicas de investigación, como la colaboración premiada, sirviendo como punto de partida para profundizar los casos. Los requisitos son el reconocimiento de la culpa, el resarcimiento (aunque parcial) al erario y el suministro de nuevas informaciones y pruebas relevantes que permitan la expansión de las investigaciones, y potenciar la recuperación de valores desviados del tesoro público.
En dos años de Lava Jato se han firmado 49 acuerdos, 5 con personas jurídicas y 44 con personas físicas. De esos 49 acuerdos, 40 ya eran públicos hasta marzo pasado, siendo 38 con personas físicas y 2 con personas jurídicas. Los demás siguen en secreto. El primer colaborador en firmar un acuerdo de este tipo fue Paulo Roberto Costa, el mismo que recibió dinero de la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur –ligada a Constructora Norberto Odebrecht–. Justamente, Brasil pidió al Ministerio Público de Panamá investigar las cuentas de Constructora Internacional del Sur, gestión que ha resultado totalmente inútil hasta ahora.
La cooperación internacional, según Brasil, ha sido un instrumento eficaz en Lava Jato para obtener pruebas, bloqueo y repatriación de recursos desviados del tesoro nacional. En dos años –hasta marzo pasado– se habían hecho 97 pedidos de cooperación internacional, estando 85 activos en 28 países y 12 pasivos en 11 países. Los frentes de investigación en otros países han demostrado que la corrupción es un crimen sin fronteras. Algunos de los mecanismos de lavado de dinero fueron hechos por medio de bancos extranjeros.
Buena parte de los centenares de millones de dólares desviados de Petrobras que fueron a parar a paraísos fiscales está volviendo a Brasil por medio del trabajo de cooperación internacional desarrollado por el Ministerio Público Federal. Por ejemplo, una de las contribuciones más recientes del trabajo de cooperación en la Operación Lava Jato es el uso de documentos enviados por la justicia suiza a Brasil como pruebas en el proceso conducido contra ejecutivos de Odebrecht, pero ese no ha sido el caso de Panamá, que ha enviado información irrelevante.
