El Tribunal de Cuentas autorizó la cautelación de bienes –hasta 44.9 millones de dólares– a cuatro de los implicados en las supuestas irregularidades del contrato para la compra-venta de comida deshidratada al Programa de Ayuda Nacional (PAN) durante el anterior gobierno, confirmó una fuente allegada a la citada jurisdicción.
La cautelación incluye bienes de la exministra de Educación Lucy Molinar, del exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, de Rubén De Ycaza, representante legal de la empresa Lerkshore International Limited –a la que se le adjudicó el contrato– y de Ángel Famiglietti, exdirector del Departamento de Nutrición del PAN.
La medida se adopta tras una solicitud que elevó al Tribunal la Fiscalía de Cuentas en base a un informe de la Contraloría General de la República, que estimó la posible lesión patrimonial al Estado en el contrato de la comida deshidratada por 44.9 millones de dólares.
La investigación del Tribunal de Cuentas es paralela e independiente de las averiguaciones judiciales que lleva a cabo la Fiscalía Segunda Anticorrupción con relación a presuntos sobreprecios en el contrato de los alimentos deshidratados que se destinaron para escuelas públicas.
Las investigaciones del Tribunal están incluidas en el expediente 26–15, en el cual se vincula a Tamburrelli, Molinar, Famiglietti y a De Ycaza. El período de la auditoría abarca desde el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2011.
La citada fiscalía le ha imputado cargos por posible delito de peculado, corrupción y estafa en contrataciones públicas a Tamburrelli, quien está confinado en su residencia particular, y también a Molinar, quien mantiene una medida cautelar de impedimento de salida del país.
Famiglietti es el único implicado que tiene detención preventiva y está recluido en una celda de la Policía Nacional, en Ancón.
De Ycaza, por su lado, está imputado por la posible comisión de delitos contra la administración pública y también está confinado en su casa.
PROPIEDADES Y CUENTAS
La aprehensión de bienes, explicó la fuente, incluye las cuentas bancarias y propiedades que posean los implicados. El Tribunal remitirá la orden de cautelación al Registro Público y a los bancos para que se aprehendan fincas, propiedades, automóviles y cuentas bancarias.
La fuente indicó que la aprehensión de bienes abarcará el monto total de la posible lesión al Estado y que fue estimada por la Contraloría General de la República en 44.9 millones de dólares, equivalente al monto del contrato objeto de investigación.
La aprehensión de los bienes se mantendrá hasta que concluya el proceso judicial al que están sometidos los acusados por este caso.
OTROS IMPLICADOS
De acuerdo con el informante, en la medida que avancen las investigaciones el Tribunal de Cuentas podría tomar la decisión de cautelar o no los bienes de los demás miembros de la junta directiva del PAN que autorizaron el contrato de los alimentos deshidratados en 2010.
Entre los que autorizaron el contrato figuran Federico Suárez, exministro de Obras Públicas; María Fábrega, ex viceministra de la Presidencia; Marta Susana de Varela, ex viceministra de Desarrollo Social y actual funcionaria de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia de la República.
La excontralora Gioconda Torres de Bianchini también está incluida en las investigaciones por refrendar dicho contrato y, además, Adolfo Chichi De Obarrio –ex secretario privado del exmandatario Ricardo Martinelli– quien se encuentra prófugo, pendiente de una orden de detención dictada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción que investiga el caso en la esfera judicial.
A todos ellos el Ministerio Público les ha imputado cargos por posible peculado.
LA COMIDA QUE NO LLEGÓ
La investigación que instruyó el Tribunal de Cuentas destaca el informe de la Contraloría, que señala que la empresa Lerkshore International Limited tenía que entregar 2 millones 485 mil 296 paquetes de comida deshidratada por un total de 44 millones 994 mil 61 dólares con 44 centésimos (ver cuadro).
No obstante, de acuerdo con la evidencia aportada, la empresa solamente entregó 1 millón 789 mil 776 paquetes, resultando una diferencia de 695 mil 520 paquetes que tenían un costo de 12 millones 706 mil 156 dólares con 80 centésimos.
Señala el Tribunal que los auditores no explican si la comida faltante es producto de incumplimientos por parte del contratista o falta de documentación que no aportó el Ministerio de Educación (Meduca), por lo que advierte que se requiere investigar más en este punto.
Ángel Famiglietti, exjefe del Departamento de Nutrición del PAN, fue designado por Tamburrelli para realizar el trámite y seguimiento de toda la fase contractual del proyecto de la comida deshidratada y fue el que levantó los cronogramas de entregas de la comida.
Además, el exfuncionario del PAN, que permanece detenido, remitió nota a Luis Cortés, asesor legal del PAN, para que tramitara la contratación de la distribución de los paquetes de comida a nivel nacional. Por esta razón, el Tribunal citará a Cortés para que dé una explicación sobre los paquetes de comida que no habrían llegado a las escuelas.
El Tribunal precisa que se hizo un cálculo del período de entregas de 280 días, ya que los auditores no confirmaron con el Meduca la cantidad de empaques que se recibieron en las escuelas.
La empresa entregó los productos entre el 22 de diciembre de 2010 y el 28 de septiembre de 2011. Se advierte en la investigación, que estas fechas no coinciden con el cronograma de entrega de los embarques
HUBO DESVÍO DE LA COMIDA
La investigación destaca la certificación de Dalba Caballero, directora nacional de Nutrición y Salud Escolar, quien solicitó a Famiglietti paquetes de comida deshidratada para los afectados de inundaciones en la comarca Ngäbe Buglé, que se registraron a finales de 2010, con lo que se habría desviado los alimentos de las escuelas para otros fines no previstos en el proyecto.Acarreos, custodia y distribución.
La distribución de alimentos deshidratados para escuelas públicas incluyó la autorización por 2 millones de dólares para el acarreo, custodia, distribución y liquidación de la mercancía. Se efectuaron cinco contrataciones en el PAN por montos inferiores a 300 mil dólares, autorizados por el director ejecutivo y así obviar la aprobación de la junta directiva de la institución.
La empresa Price Plus Investment, S.A. fue contratada para el acarreo por un monto de 281 mil 250 dólares. Esta misma empresa brindó el servicio para la custodia y distribución de alimentos en Chiriquí (299 mil 730 dólares), Panamá y Darién (179 mil 849 dólares).
La empresa Red Love, S.A. fue contratada para la custodia y distribución de alimentos en la provincia de Veraguas (187 mil 608 dólares) y la empresa San Gayetano, para la custodia y distribución en la provincia de Coclé y en la comarca Guna Yala (142 mil 939 dólares).
Según el Registro Público, Price Plus Investment, S.A. tiene como directores a Miguel Araúz, Mario Araúz y Aurelio González.
En Red Love, S.A. está como presidente Eliécer Tuñón Jaén, y como directivo René Guardia Camargo, quien aparece como presidente y director de San Gayetano. Guardia Camargo, quien trabaja para el empresario de Penonomé Carlos Caneto Araúz, cuyos empleados y asociados figuran en numerosas compañías que han facturado millones de dólares en contratos con el PAN.
