El equipo de abogados que representa a Ricardo Martinelli no logró que el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso seguido al expresidente, ordenara a la fiscalía entrevistar al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburrelli, y al diputado de Cambio Democrático (CD), Fernando Carrillo.
En la audiencia de control de garantías celebrada hoy en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mejía advirtió que el Código Procesal Penal no le permite “decirle al fiscal que entrevistas o actos de investigación realizar”.
En la audiencia, el magistrado Oydén Ortega –que funge como fiscal del caso- comunicó que citará a cuatro es miembros del consejo directivo del PAN: los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas) y la exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social), actual funcionaria de la Presidencia de la República.
Las entrevistas se realizarán en el transcurso de la semana.
El magistrado juez también negó una petición de la defensa para que se ordenara a la fiscalía tomar declaración a cinco representantes de organizaciones no gubernamentales que combaten la desnutrición, como Pro Niñez, Nutre Hogar y Pro Niños del Darién.
Ortega se oponía a llamar a los representantes de las organizaciones, porque éstas no tuvieron participación en la ejecución del contrato de los alimentos deshidratados adjudicado a Lerkshore International en el gobierno de Martinelli. Por esta compra, que se realizó con fondos del PAN, el gobierno desembolsó casi $60 millones.
Mejía advirtió a la defensa que bajo el nuevo sistema procesal penal, puede conducir sus propias entrevistas, sin autorización de la fiscalía.
“Cada una de las partes tiene su propia teoría del caso que debe tratar de acreditar”, remarcó Mejía.
La defensa también intentó que se decretara la “ilicitud” de una diligencia ordenada por Ortega en el Registro Público, para determinar los bienes y sociedades vinculados al exgobernante. El argumento utilizado es que ésta diligencia no fue conducida por el fiscal, sino por una de sus asistentes.
“La funcionario que fue comisionada no tuvo realmente ninguna participación, solo la de recibir los documentos [del Registro Público] y estar presente… Entiendo el celo de la defensa, pero el Código Procesal Penal está sustentado en una filosofía menos formalista y más garantista”, remarcó Mejía.
Tampoco accedió a una solicitud para que los abogados de Martinelli estén presentes –sin derecho a preguntar- en las entrevistas que realice el fiscal.
“Si estamos presentes en la fiscalía, que se nos permita escuchar lo que la persona va a declarar en el momento”, dijo Leonardo Pául, abogado defensor.
Ortega se opuso a ello, “porque los plazos que tenemos son sumamente reducidos, a diferencia de los que tiene un fiscal en el Ministerio Público”. La Ley 55 de 2012 (“Ley Blindaje”) dicta un plazo de dos meses para investigar a los diputados principales y suplentes, sean de la Asamblea o del Parlacen. Martinelli es parlamentario centroamericano desde el 1 de julio de 2014.
La de hoy fue la tercera audiencia de control. La primera fue el 11 de abril y la segunda, ayer.
Martinelli no estuvo presente en el acto. Salió del país el 28 de enero pasado y su paradero actual se desconoce, aunque a mediados de abril pasado La Prensa lo localizó en un condominio de lujo en Brickell Avenue, Miami.
Por las compras a Lerkshore, la Fiscalía Segunda Anticorrupción pidió llamamiento a juicio para Tamburrelli, Molinar, Suárez, Fábrega, de Varela; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo “Chichi” De Obarrio; el exjefe de Nutrición del PAN, Ángel Famiglietti, y el empresario Rubén De Ycaza, representante de Lerkshore. Todos tienen medidas cautelares, ya sea de casa por cárcel o impedimento de salida del país.
La Corte abrió causa a Martinelli, después que Tamburrelli declarara en su indagatoria que éste le ordenó contratar a Lerkshore.
