La Caja de Ahorros (CA) recuperó el préstamo otorgado para la construcción del centro de convenciones de Amador a través de “certificados de no objeción” (CNO) provenientes del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), emitidos a favor del consorcio encargado del proyecto: HPC-Contratas-P&V.
Lo anterior fue revelado por Karla Villalaz, gerente de Banca Corporativa y Comercial de la CA, en una declaración jurada rendida ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, que adelanta las investigaciones por posibles irregularidades en la línea de crédito de $10 millones cedida en diciembre de 2012 a HPC-Contratas-P&V.
Villalaz declaró bajo juramento a la fiscal Tania Sterling que, a su llegada al banco estatal el 5 de marzo de 2015, el estado del préstamo del consorcio HPC-Contratas-P&V con la CA se encontraba en recuperación, lo “que significa que estábamos esperando por recibir los pagos”.
La fiscal primera Anticorrupción le preguntó a la funcionaria: ¿tuvo que desarrollar alguna gestión para que se cancelara dicha deuda?
“Yo participé cuando se hicieron las reuniones con el cliente, solicitándole formalizar la cesión de los certificados de no objeción que emitió la Autoridad de Turismo de Panamá y también de las cuentas por cobrar pendientes del Ministerio de Salud”, contestó Villalaz.
En la declaración, a la que tuvo acceso este medio, Villalaz hizo saber a la fiscalía que en dichas reuniones participaba el empresario Manuel Morales, por parte del consorcio HPC- Contratas-P&V.
La fiscal le pidió a la declarante que explicara la relación que tenían las cuentas por cobrar pendiente por parte del Ministerio de Salud con el préstamo cedido al citado consorcio. Al respecto, Villalaz contestó: “el cliente [Morales] las presentó como una fuente para recuperar el préstamo”, cuyo saldo en un banco local ascendía a $29 millones.
Villalaz reconoció en la diligencia ante la fiscalía un documento firmado por ella, y que consistía en una carta de reestructuración del préstamo cedido a HPC-Contratas-P&V, cuyo nuevo saldo resultó luego de que la CA logró que le cedieran a su favor los CNO que emitió la ATP a favor del consorcio.
“Con esta carta, igualmente le informamos al cliente [HPC-Contratas] que la Caja de Ahorros levantaba el secuestro sobre las cuentas que tenía tanto el consorcio como los fiadores, con excepción de una cuenta que el señor Manuel Morales mantenía en Banco Universal”, precisó.
La fiscal le solicitó que explicara más en qué consistió la reestructuración del préstamo, a lo que Villalaz respondió: “como el saldo del compromiso se había logrado disminuir, se le aprobó al cliente una nueva fecha de vencimiento y un nuevo plan de repago”.
Esta nueva fecha de vencimiento sería el 30 de diciembre de 2016, precisó en su declaración Villalaz.
Sobre la excepción de la cuenta de Morales en el Banco Universal, explicó que se hizo porque en ese momento el banco estaba intervenido por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
ATP y MINSA PAGARON
Al ser interrogada sobre cómo se logró disminuir el saldo del consorcio con el banco, la gerente de Banca Corporativa y Comercial de la CA, señaló: “recibimos por parte del Ministerio de Salud los cheques producto de los certificados de no objeción”.
Al preguntársele a nombre de quién estaban esos certificados del Ministerio de Salud, dijo: “nosotros recibimos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los cheques, luego de que los abogados de la CA interpusieron una orden de secuestro sobre los mismos”.
En cuanto a la utilidad que se le dio a los CNO de la ATP, Villalaz dijo que una vez fueron cedidos al banco, se abrió en los libros de la CA un compromiso a nombre de la ATP y se abonó al compromiso del préstamo de HPC-Contratas-P&V.
NIEGAN FIANZA
Por otro lado, el Juzgado Decimotercero Penal negó una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA; y de Rodrigo Arosemena, exsubgerente del banco, quienes están detenidos desde el 12 de octubre pasado por la investigación que adelanta la fiscal Sterling.
En el dictamen del juzgado, fechado martes 25 de octubre y firmado por la jueza Alina Hubiedo, esta concluye que en este proceso está acreditado el delito de peculado, en virtud de que el préstamo puente otorgado a la empresa HPC-Contratas-P&V por $10 millones, para la construcción del Centro de Convenciones de Amador, se dio sin haberse entregado los permisos requeridos para iniciar la ejecución de la obra y sin que se contara en ese momento con la solicitud de crédito, lo que contravenía el manual de crédito de la CA, en la que Francolini y Arosemena ocupaban altos cargos.
“Si bien el citado préstamo fue cancelado, de acuerdo con lo señalado en el artículo 344 del Código Penal, si se reintegran los dineros y sus intereses objeto del delito, ello podría entrar a considerarse en otra fase del proceso, en caso de llegar una etapa de dosificación judicial de la pena, pero los hechos investigados en esta causa se ajustan al tipo penal imputado [peculado agravado]”, sentenció la jueza.
El artículo 344 del Código Penal señala que si antes de dictarse la causa del juicio el imputado reintegra los dineros y sus intereses, bienes o valores objetos de los delitos, la sanción se reducirá a la mitad. Si lo hace después de dictado el auto de juicio y antes de la sentencia de primera instancia, la reducción será de una tercera parte.
La decisión asumida por la jueza Hubiedo contrasta con la opinión del presidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez, quien considera que en este caso no existen el delito de peculado, debido a que no se produjo una lesión en perjuicio de la CA, ya que los dineros fueron devueltos.
Álvarez opinó que en el caso de los miembros de la junta directiva de la CA no se tipifica el delito de peculado, ya que ellos son empleados del sector privado. De acuerdo con el criterio de Álvarez, la irregularidad mayor del proceso bajo investigación está en el hecho de que las garantías del préstamo se inscribieron en el Registro Público después de que fuera desembolsada la línea de crédito.
“No se debe hacer un desembolso sin tener las garantías del préstamo. Y en este caso la responsabilidad recae más directamente en el gerente del banco y no en la junta directiva, ya que la junta directiva ve cientos de préstamos, pero ellos confían en lo que el gerente le somete a su consideración”, sostuvo Álvarez.
DIRECTIVOS SON FUNCIONARIOS
Tras resolver una consulta elevada en 2005 por el entonces gerente de la CA, Sergio Altamiranda D’Anello, sobre la posibilidad de que los directivos de esa entidad participaran de proyectos financiados con fondos del banco, el procurador de la Administración de esa fecha, Oscar Ceville, concluyó que eso está prohibido por la Constitución, ya que son funcionarios.
Ceville concluyó que, por ser nombrados por el Órgano Ejecutivo y realizar una función pública, a los integrantes de la junta directiva de la CA le son aplicables las restricciones establecidas en el artículo 309 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley de Contrataciones Públicas y los artículos 21 y 39 del Decreto Ejecutivo 246 del 15 de diciembre de 2004.
El artículo 309 de la Carta Magna, señala: “los servidores públicos no podrán celebrar por interpuestas personas contratos con la entidad u organismo en que trabajan, cuando estos sean lucrativos y de carácter ajeno al servicio que prestan”.
SIGUEN INDAGATORIAS
Mientras tanto, Fernando Correa y Anastasio Ruiz, exmiembros de la junta directiva de CA, deben acudir hoy a la Fiscalía Primera Anticorrupción para continuar con sus descargos respecto de la investigación que se les sigue por este caso.
Por su parte, el exgerente de la CA Jayson Pastor y Ricardo Arango Pezet, exdirectivo del banco, también deben volver hoy a la fiscalía a seguir con las indagatorias.
Además de Francolini y de Arosemena, por esta investigación permanecen detenidos preventivamente los empresarios Gerson Lemer Hurtado y Tobías Garrido Nicolau, vinculados al consorcio HPC-Contratas- P&V.
A su vez, la fiscalía emitió orden de conducción para que rindan indagatoria Ricardo Chanis, exdirectivo de la CA, y Manuel Morales, del consorcio que se encargaría del fallido proyecto del centro de convenciones.
La danza de los millones
Para viabilizar el financiamiento de los proyectos llave en mano, parciales o completos, el Gobierno estableció un mecanismo denominado “certificado de no objeción”, que debía servirle a las empresas contratistas del Estado para obtener financiamiento de la banca privada para completar un proyecto.
Se supone que la lógica de un proyecto llave en mano es que la empresa se autofinanciaba y que el Estado no adquiría deuda pública hasta que el proyecto se concluyera. Las entidades gubernamentales deben emitir contra los avances parciales de las distintas obras los certificados de No Objeción, para que el contratista pudiera ceder ese certificado a un tercero, y así transformarlo en un flujo de dinero.
En el caso de los préstamos de la Caja de Ahorros a la empresa HPC Contratas, el monto total de 29 millones de dólares tuvo que ser recuperado por los esfuerzos de la gerente de Asuntos Corporativos de la institución, Karla Villalaz, después de muchos esfuerzos.
A la Caja de Ahorros se le pagó con certificados de No Objeción provenientes del Ministerio de Salud y de la Autoridad de Turismo de Panamá, emitidos a favor de la empresa HPC Contratas por proyectos que desarrollaba para estas agencias del Estado.
Es decir, que el préstamo de 29 millones de dólares que dio una institución del Estado para hacer obras estatales, algunas de estas llave en mano, y que el propio contratista debía financiar, fueron pagadas por el propio Estado.
Aparentemente, se puede inferir de la declaración de la gerente Villalaz, el Estado panameño financió a una empresa que debía traer sus propios fondos, y que en su lugar, el Estado terminó pagando el préstamo que la empresa tenía con la Caja de Ahorros.
El autor es abogado
