La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que brindará apoyo y compartirá información con la Eurojust –el órgano de la Unión Europea a cargo de coordinar la cooperación judicial entre los Estados miembros del bloque-, en los procesos concernientes a la firma forense Mossack Fonseca y la constructora brasileña Odebrecht.
“El objetivo es fortalecer los lazos de la colaboración internacional y eso se logró. Panamá dará todo el apoyo a Europa para que puedan concluir sus investigaciones”, señaló Porcell en una conferencia de prensa este martes 18 de abril, donde dio a conocer aspectos importantes de una gira de trabajo a Europa.
“Fui objeto de una solicitud de parte de Eurojust para asistir a una plenaria y sostener reuniones bilaterales para trabajar el tema de la colaboración internacional”, indicó. En dicha plenaria también participaron autoridades estadounidenses. Adicional, mantuvo reuniones con los fiscales generales de Andorra, Suiza y España.
“Son 23 países de Europa y en cada uno se investiga la evasión fiscal”, señaló. No obstante, advirtió que en Panamá la evasión fiscal no es un delito tipificado en el Código Penal.
Sobre las investigaciones por los sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios panameños a cambio de contratos de obras civiles, Porcell señaló que las reuniones en Europa permitieron al Ministerio Público “tener una visión integral” sobre cómo y cuándo se dieron los hechos.
“Toda esa información sobre lesión patrimonial será validada con la auditoría de la Contraloría General de la República”, e informó que actualmente hay un equipo de fiscales en Curitiba tratando el tema con sus pares brasileños.
Una de estas investigaciones es por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de cuentas suizas, que involucra -entre otros- a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. Un helicóptero ligado a este último fue aprehendido por orden del Ministerio Público en México, gracias a la colaboración de las autoridades judiciales de ese país, Guatemala y El Salvador. El exgobernante divulgó en su cuenta en la red social Twitter cuatro cheques que -según él- sustentan que el bien fue adquirido con dinero lícito y anunció que entregaría la información a las autoridades. No obstante, la procuradora informó que todavía están esperando que los abogados aporten copia de esos cheques.
“El Ministerio Público cumplió con el procedimiento que establece la legislación panameña. Se giraron órdenes de detención, se emitieron alertas rojas y en este momento eso salió de los límites de las fronteras de nuestro país. Es una investigación objetiva, transparente, donde tenemos un hecho acreditado, hay vinculación y todo aquel que es presuntamente responsable de un delito tiene que hacer frente a la justicia panameña”, señaló Porcell.
El caso actualmente se encuentra detenido, a la espera que la Corte Suprema de Justicia decida unos hábeas corpus presentados a favor de seis de las 17 personas investigadas.
También hizo énfasis en que desde la aprobación de la Ley 4 del 17 de febrero de 2017, los fiscales están en condiciones de negociar acuerdos de pena y colaboración, a partir de la diligencia que ordena la indagatoria y antes de la celebración de la audiencia ordinaria.
“Esta es una nueva herramienta que tiene la República de Panamá para finiquitar más rápidamente las causas, pero esto depende de la voluntad de los procesados y sus defensa. Si las defensas no utilizan esta herramienta extienden el suplicio de todas aquellas personas que de una forma u otra tienen procesos en el Ministerio Público”, agregó.
En febrero, Porcell recibió a abogados de Odebrecht que comunicaron su deseo de colaborar con las investigaciones, identificar a los autores o partícipes que tenían que ver con estos actos y devolver las sumas de dinero mal habidos. Desde entonces, no ha atendido más a los abogados de la constructora.
Más información en la edición impresa de La Prensa del miércoles 19 de abril de 2017...
