El Estado panameño presentó demanda contencioso administrativa para solicitar la nulidad –“por ilegal”- del contrato suscrito en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) con una filial del conglomerado italiano Finmeccanica, para la adquisición de 19 radares por $125 millones.
La acción fue presentada hoy, martes, 4 de agosto, a primera hora de la tarde, por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.
Alemán actuó autorizado por el Consejo de Gabinete, que hace una semana lo instruyó para presentar la demanda contra Selex -proveedora de los radares- y otras dos subsidiarias de Finmeccanica: AgustaWestland y Telespazio Argentina, con las que se contrató la compra de seis helicópteros y un mapa cartográfico digital.
Alemán hoy solo presentó la demanda contra Selex, preparada por la firma forense Tapia, Linares y Alfaro. En la acción, también pidió la suspensión provisional del contrato, como medida cautelar.
"Vienen otras demandas, todo va a depender de la testarudez o no de la empresa", dijo Alemán.
"El objeto de esta demanda es que la Sala Tercera declare la nulidad del contrato. De ahí se derivaran otras acciones de índole legal ya tendientes a resarcir el daño patrimonial que recibió el Estado producto de este contrato", precisó.
Agregó que no hay documentos que justifiquen la comisión de $25 millones que se pagó a Agafia Corporation, sociedad mercantil constituida por Valter Lavítola en Bulgaria dos semanas antes de la firma del "memorandum de entendimiento" entre Panamá e Italia, que permitió la compra de los radares, helicópteros y mapa.
"No hay evidencia que esa sociedad ha realizado gestión alguna, y menos una que amerite un pago por una cantidad tan exorbitante como $25 millones", añadió.
Los radares no están en uso, ya que no tienen capacidad para detectar las lanchas rápidas que usualmente utilizan los narcotraficantes para mover su mercancía. Ante el reclamo del gobierno panameño, Finmeccanica ofreció suministrar unos drones, para que complementaran los radares. La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Seguridad Pública.
El Gobierno aduce que, producto de estas compras, en Italia se han abierto investigaciones para determinar si en la ejecución de los contratos, así como durante la negociación para la construcción de cárceles modulares con la también italiana Svemark, se cometió el delito de corrupción de internacional o algún otro ilícito.
Las pesquisas en Roma se encuentran adelantadas al punto en que se ha decretado el llamamiento a juicio de varios implicados en la transacción, entre estos Valter Lavítola, quien fungió como intermediario de Finmeccanica en la negociación con Panamá durante la administración de Martinelli.
Lavítola tiene dos condenas dictadas por el Tribunal de Nápoles. En ambas, se menciona a Martinelli. Una es de tres años de prisión, por haber tratado de extorsionar a la italiana Impregilo -empresa a la que se le exigió la construcción del hospital pediátrico que el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi prometió donar en Veraguas-, y la otra es de 11 meses de prisión, por corrupción internacional.
Las dos condenas a Lavítola dictadas en Nápoles fueron remitidas por la Embajada de Panamá en Italia a la Cancillería panameña, quien a su vez las remitió a la Procuraduría General de la Nación. Dado que se mencionaba a Martinelli, los documentos fueron posteriormente enviados a la Corte Suprema de Justicia, órgano que procesa a los diputados principales y suplentes. Como se recordará, Martinelli es parlamentario centroamericano.
Precisamente, con la demanda que se presentó hoy en la Corte se entregaron las sentencias de Nápoles, "donde se hace constar la corrupción internacional que se estaba produciendo con la celebración de estos contratos", indicó Octavio Del Moral, abogado de Tapia, Linares y Alfaro.
"Tenemos bastante material probatorio y tenemos confianza que la Sala Tercera anulará el acto que hemos impugnado que es el contrato celebrado en relación a los radares", precisó Del Moral.
El MEMORÁNDUM
La compra de equipo de seguridad se consumó como parte de un supuesto “memorándum de entendimiento de cooperación técnica” entre los gobiernos de Martinelli y del entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi.
Como parte de ese “entendimiento”, el 3 de agosto de 2010, el Consejo de Gabinete autorizó al entonces ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, a celebrar un contrato directo con Agusta Westland, para la compra de seis helicópteros para el uso del Servicio Nacional Aeronaval y la capacitación de los pilotos y técnicos de mantenimiento.
Igualmente, Mulino recibió luz verde para acordar la compra -también directa- de 19 radares a Selex, para combatir el narcotráfico.
El Gabinete también autorizó al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para que tramitara la compra directa de un mapa cartográfico con Telespazio. Dicho mapa nunca fue suministrado.
