La empresa Pele System, Inc., a la que en 2011 el Gobierno le adjudicó un contrato para el suministro de la plataforma electrónica Pele Marine, que sirvió para verificar las embarcaciones de la marina mercante, ahora pretende, a través de una demanda de nulidad ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, dejar sin efecto la nueva convocatoria hecha por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para la prestación de este servicio.
Se trata de una demanda contencioso administrativa de nulidad presentada por el abogado Miguel Batista contra la resolución ADM-AL No. 092-2016, por medio de la cual la AMP adjudicó a la empresa Digital Edge Venture, Inc. la licitación pública para la operación de un sistema de inspección y seguridad marítima y software de plataforma global por $719 mil 999.
De acuerdo con la demanda presentada por Batista, lo actuado por el administrador de la AMP, Jorge Barakat, “es ilegal”, pues el acto en el que se llamó a la licitación abreviada incurrió en vicios.
Afirma, por ejemplo, que el acto se hizo integrando dos modalidades de selección de contratista: aduciendo un fundamento de justo precio, y medida de selección de único proponente.
Además, asegura que el acto no cumplió con las disposiciones establecidas que regulan el procedimiento de selección de contratista en condiciones de igualdad y oportunidad de participación de varios proponentes.
La demanda también argumenta que la comisión verificadora que participó en el acto de licitación lo hizo sin tener criterios técnicos, y a pesar de ello expresó que Digital Edge Ventures, Inc. cumplió con todos los requisitos solicitados, lo que, de acuerdo con Batista, “hace evidente la falta de claridad y transparencia del acto”.
La demanda, a la que este diario tuvo acceso, añade que la suma contratada por el servicio de inspección y seguridad supera el precio de referencia, por lo que no es el mejor precio ni valor de mercado.
FÁBREGA PONENTE
Fuentes del Órgano Judicial informaron que esta demanda de nulidad quedó radicada en el despacho del magistrado Luis Ramón Fábrega, quien fuera parte de la junta directiva de la AMP en el período 2009-2011, cuando se le concediera a Pele System, Inc. el primer contrato para instalar el servicio de Pele Marine.
Las fuentes detallaron, asimismo, que la demanda de nulidad presentada por Batista se encuentra en fase de admisión.
No se explicó si el hecho de que Fábrega fue parte de la directiva de la AMP poco antes de que se le diera el contrato a Pele System constituye una causal de impedimento del magistrado.
SERVICIO MILLONARIO
Entre los años 2010 y 2014, Pele System, Inc. recibió unos $31 millones 185 mil de entidades públicas. Además de la AMP, figuran el Servicio Nacional de Fronteras, la Policía Nacional, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, el Programa de Ayuda Nacional y hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen.
Solo la AMP le desembolsó la suma de $25 millones 285 mil. En tanto, la Policía Nacional debió pagar $2 millones 453 mil y el Programa de Ayuda Nacional le otorgó $1 millón 452 mil.
Al contrato de Pele System, Inc. suscrito en 2011 con la AMP se le hicieron cuatro adendas que sumaron más de $5 millones.
Aquí, la empresa se comprometía a brindar a la AMP la instalación de un servicio de internet celular local de alta velocidad para los usuarios de todo el mundo según el puerto asignado, así como el servicio de 400 casillas de correo electrónico y un centro mundial de soporte técnico.
Sin embargo, a raíz de supuestas irregularidades que darían cuenta de posibles sobreprecios, la AMP suspendió la transacción y llamó a una nueva licitación pública.
A partir de publicaciones efectuadas en medios de comunicación, la Fiscalía Tercera Anticorrupción abrió un sumario en averiguación y solicitó a los bancos de la localidad informes de los movimientos de las cuentas bancarias en las que fueron depositados cheques de la empresa.
La fiscalía, además, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero un informe de los movimientos de las cuentas bancarias sobre sus transacciones realizadas. También pidió un informe de auditoría a la Contraloría General de la República sobre las operaciones de la empresa durante la vigencia del contrato con la AMP.
¿Quiénes son los beneficiarios finales de esta compañía?, es la pregunta clave. Batista afirma: “los accionistas principales están en Israel y como tú comprenderás ellos prestaron un servicio comprometedor, sobre todo en el caso del Pele Police”.
Barakat, actual administrador de la AMP, y Roberto Linares, exadministrador, también afirman no saber quiénes son los beneficiarios.
Este medio también intentó hablar con el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, quien fungía como presidente de la directiva de la AMP cuando se otorgó el contrato en el gobierno pasado, pero no responde las llamadas.
De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, Pele System, Inc. giró cheques a tres compañías ligadas a la directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) Lourdes Castillo y al comerciante Samuel Israel.
Castillo ha afirmado que los pagos que recibió la empresa en la que figura como firmante –Cliverstone Advisory Ltd.– no son producto de coimas y responsabilizó al diputado Adolfo Beby Valderrama por estos señalamientos en su contra.
Valderrama, por su parte, dijo ayer a este diario que desconoce las razones por las que Castillo lo hace responsable de “la causa de sus males”. “Hace dos semanas, al acusarme falsamente de interferir en temas exclusivos de la directiva de la ACP, advertí que evaluaba presentar una denuncia y con esta nueva, falsa e injustificada arremetida me sigue aportando elementos para proceder ante los tribunales”, agregó.
Precisó que, a su entender, el caso en el que se menciona a Castillo es ventilado en los medios de comunicación desde 2014 y “cobró notoriedad cuando el Gabinete canceló el contrato con la empresa en mención –Pele System– en el año 2015 por las razones ya explicadas por el Órgano Ejecutivo”.
“Según reportan los medios de comunicación escritos y televisivos, los bancos aportan información en la que se menciona el nombre de la directora de la ACP. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Cada persona debe estar en capacidad y saber explicar sus temas polémicos y evitar acusar a otros como medida de distracción”, indicó.
