Alianza Ciudadana Pro Justicia solicitó a la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, que tome "medidas cautelares urgentes" en caso del hallazgo de documentos relacionados al caso Financial Pacific, tirados en la carretera Panamericana, cerca de Loma Cová, Arraiján.
También pidió que informe cuanto antes de los avances de la investigación que se abrió tras conocerse de este hallazgo y "no permita que estos hechos queden impunes".
"Es importante aclarar que este hecho gravísimo no solamente debe investigarse en la esfera penal, sino que además, por tratarse de una posible falta grave a la ética judicial establecida en la nueva Ley de Carrera Judicial, debe realizarse una investigación en el propio Órgano Judicial", señaló la organización a través de un comunicado.
Sin embargo, advirtió que esa investigación no debe ser dirigida por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, porque "su periodo de presidente ya se le venció en el mes de diciembre de 2017". Recordó también que el nombre de Ayú Prado se ha mencionado en "manejos cuestionables" del expediente del caso Financial Pacific.
"El magistrado Ayú Prado no debió participar en ninguna reunión y debió declararse impedido de opinar o dar instrucciones en esta investigación relacionada con el expediente del caso Financial Pacific", destacó.
Ayú Prado solicitó abrir un proceso disciplinario, de carácter interno, después de conocer que documentos del expediente de FP fueron extraídos del Juzgado Séptimo Penal, a cargo del juez Felipe Antonio Fuentes López.
La decisión fue adoptada este miércoles 17 de enero en una reunión sostenida por Ayú Prado con los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia: Secundino Mendieta, Wilfredo Sáenz, Eda Gutiérrez, Georgina Tuñón, Marlene Morais y Marta Gómez, suplente de María Luisa Vigil.
Alianza Ciudadana también recordó que el Sistema Ético Disciplinario en el Órgano Judicial fue aprobado en agosto de 2015 y no se implementa "con la excusa de la falta de presupuesto, aunque en la realidad es por falta de voluntad de los tres Órganos del Estado".
"En medio de este nuevo escándalo en que se ve involucrado un juez de la República, las preguntas que debemos hacernos son: ¿Quién investiga a lo interno del Órgano Judicial a los jueces de la República? ¿Cómo garantizar la debida investigación y el derecho a la defensa de los jueces en este tipo de investigaciones? Si se determina que hubo dolo o negligencia por parte del juez, ¿quién decide la remoción basada en el debido proceso de este juez o cualquier otro que incurra en faltas a la ética judicial?".
