El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, solicitó el llamamiento a juicio de 12 exfuncionarios, 39 empresas y 44 particulares como parte de la investigación por una presunta lesión patrimonial al Estado tras la compra y distribución de bolsas de comida a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La petición de juicio está contenida en la vista fiscal que Rodríguez envió a los magistrados del Tribunal de Cuentas el 14 de marzo pasado.
La investigación sobre el “proceso de compra, distribución, entrega de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN) así como los desembolsos realizados para tal fin”, abarcó el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014.
LAS EVIDENCIAS
En sus conclusiones, el fiscal sustentó que la supuesta lesión patrimonial se produjo toda vez que la Dirección Ejecutiva del PAN, bajo la jefatura de Rafael Guardia Jaén, “autorizó la compra de bolsas de comida sin que mediaran solicitudes relacionadas con el desarrollo de los proyectos sociales ni el destino final de las mismas.
En ese sentido, se elaboraron actas de entrega cuyas firmas de los almacenistas fueron alteradas y, en otros casos, dichas actas fueron elaboradas previamente para posteriormente ser firmadas por los almacenistas, quienes manifestaron en sus testimonios que no les constaba la recepción de las bolsas de comida”.
Asimismo, se determinó “que los proveedores crearon empresas que se alternaban para participar en el proceso de compra y contrataciones, a fin de desviar los controles existentes y que entre las órdenes de compra existía identidad del objeto, así como del beneficiario, es decir, el proveedor.
Además, habían órdenes de compra que al sumar su cuantía rebasaban el monto que se delegaba a los fiscalizadores para refrendarlas, cuya información fue corroborada a través de la declaración rendida por Guardia Jaén” en el Ministerio Público.
LESIÓN EXACTA
En una auditoría efectuada a petición de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción –que investiga este caso en la esfera penal–, fechada el 5 de mayo de 2015, la Contraloría General de la República calculó en $33.2 millones la posible lesión patrimonial al Estado.
No obstante, el fiscal de Cuentas puntualizó en sus conclusiones que los auditores de la Contraloría, al rendir declaración jurada, precisaron que el monto del posible perjuicio económico objeto de la investigación es de $33,071,607.53.
El informe identifica a los exfuncionarios, sociedades y empresarios posiblemente relacionados con la presunta lesión.
ATRIBUCIONES DEL DELITO
De las diligencias efectuadas por la Fiscalía de Cuentas para esclarecer los hechos contenidos en el informe de auditoría de la Contraloría, la agencia de instrucción resalta la vinculación de las personas supuestamente ligadas al delito y detalla los montos de la posible lesión de la que son responsables.
En ese sentido, indica que Guardia Jaén propició y efectuó la compra de bolsas de comida sin que se evidenciaran las solicitudes previas que justificaran dichas adquisiciones ni el destino final de las mismas. Se le atribuye un posible perjuicio económico de $33 millones.
En cuanto a Edwin Serracín, exjefe de Almacén del PAN, se le relaciona con el delito porque firmó actas de entregas de bolsas de comida sin conocer si estas eran entregadas por los proveedores. A Serracín se le atribuye una presunta lesión de $33 millones.
En cuanto a Abraham Williams, el informe del fiscal indica que en su condición de asistente del director ejecutivo del PAN “participó en trámites irregulares para la adquisición de bolsas de comida”. También se le atribuye una posible lesión de $33 millones.
A Rita Fundora de Rodríguez, exjefa administrativa del PAN, el fiscal la vincula con el ilícito porque firmó órdenes de compra que fueran emitidas a favor del mismo proveedor por el mismo objeto y que, además, fueron sometidas para su firma el mismo día o a pocos días de diferencia.
A esta exfuncionaria, el fiscal le atribuye una posible lesión patrimonial de $12.5 millones.
Destaca el informe los señalamientos contra Félix Ríos Alvarado, exjefe de la Sección Financiera del Departamento de Administración y Finanzas del PAN, quien “autorizó el pago de las órdenes de compra para la adquisición de bolsas de comida”.
Se le vincula con una presunta lesión de $33 millones.
En cuanto a los exalmacenistas del PAN Jean Carlos Asprilla y Mario Vargas, se les relaciona por firmar actas de entrega de las bolsas de comida. A Asprilla se le vincula con una posible lesión de $8.7 millones y a Vargas de $2 millones.
A Julio Arosemena de la Guardia, exjefe del Departamento de Adquisiciones del PAN, se le relaciona por firmar las actas de entrega de las bolsas de comida y el fiscal lo responsabiliza de una posible lesión por el orden de $18.8 millones.
En cuanto a Massiel Heurtematte Maestre, ex jefa encargada del Departamento de Adquisiciones del PAN, también se le vincula por haber firmado las actas de entrega de las bolsas de comida y se le endilga una posible lesión de $11.3 millones.
A Edgardo Chanis, excoordinador de Fiscalización del PAN, se le vincula por refrendar cheques y órdenes de compra, y se le atribuye una posible lesión de $16.5 millones.
Mientras que a Ginnela Molina de Araúz, ex secretaria general del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el fiscal la señala por haber firmado que recibió a satisfacción las bolsas para distribuirlas, aunque no hay documentos que acrediten esa entrega ni su distribución.
EMPRESARIOS
A los tres grandes contratistas del PAN para el suministro de estas bolsas de comida, Roberto Carretero, Carlos ‘Caneto’ Araúz y Juan Carlos Marciaga, se les vincula con la posible lesión por no encontrarse documentación que confirme la debida entrega de las bolsas de comida.
A Carretero se le atribuye una posible lesión patrimonial de $3.5 millones; a Marciaga, de $3.8 millones; y a Caneto Araúz, de $2.7 millones.
La vista del fiscal está en manos de los magistrados del Tribunal de Cuentas para su calificación.
