Basado en la ley que establece medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía Cuarta Anticorrupción pidió información de las cuentas bancarias de Ricardo Alberto Martinelli Linares y otros tres particulares, como parte de una investigación por supuestas irregularidades en el contrato del bingo televisado Buko Millonario.
El contrato para el Buko Millonario fue otorgado el 7 de julio de 2011 entre el Estado y la empresa Grupo de Inversión Mundial, S.A.
A Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, se le asocia con la inmobiliaria San Cristóbal Ltd., supuestamente tenedora del 55% de Grupo de Inversión Mundial, S.A.
La petición de información de la fiscalía fue hecha el 15 de octubre pasado a 28 bancos de la localidad.
Además de Martinelli Linares, se solicitó información de las cuentas de Omar Chen Chang, Jacqueline Chan de Watson y Egbert Agustín Wright, que forman parte de la empresa que obtuvo el contrato de concesión.
Hasta el momento, la fiscalía no ha acusado ni ordenado indagatoria a ninguno de los señalados.
El abogado Luis Eduardo Camacho González, defensor de Martinelli Linares, presentó el 27 de octubre pasado un amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia.
Con ese recurso pide que se revoque la solicitud del fiscal cuarto anticorrupción Adecio Mojica, quien estuvo encargado temporalmente de esa instancia del Ministerio Público.
El magistrado José Ayú Prado, nombrado por Martinelli, fue designado como ponente de este amparo de garantías.
Esta investigación inició el 16 de marzo pasado tras una denuncia anónima. El bingo comenzó a operar el 26 de octubre de 2013.
En sus casi nueve meses de operación, Buko Millonario obtuvo ingresos brutos por $12.5 millones.
La Junta de Control de Juegos decidió cancelar el contrato en 2014. Entre las anomalías se detectó que las acciones de la empresa son al portador (algo prohibido por ley), por lo que se desconocen los beneficiarios reales.
CONCESIÓN
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción solicitó a 28 bancos de la localidad que informen si existen cuentas bancarias a nombre de Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, tres particulares y de la empresa Grupo de Inversión Mundial, S.A., como parte de las investigaciones que sigue por la concesión otorgada para operar el bingo televisado Buko Millonario.
La información fue pedida por el fiscal cuarto anticorrupción, Adecio Mojica, el 15 de octubre pasado, que estuvo encargado por ausencia temporal de la titular, Ruth Morcillo.
Además de Martinelli Linares, se pidió informes de las cuentas de Omar Chen Chang, Jacqueline Chan de Watson y Egbert Agustín Wright, que forman parte de la empresa Grupo de Inversión Mundial, S.A., que obtuvo la concesión para el bingo.
El fiscal hizo la petición de información a los bancos luego que el pasado 21 de septiembre, el Juzgado Decimotercero Penal le diera una prórroga de dos meses para seguir la investigación.
“Solicito nos informe si en esa entidad las personas abajo señaladas mantienen alguna cuenta bancaria, si son firmantes o beneficiarios en alguna cuenta bancaria”, señaló el fiscal.
En caso de ser positiva la respuesta, Mojica pidió que se le envíe copia autenticada de toda la documentación, de acuerdo con la Ley 42 del 2 de octubre de 2000, que establece las medidas para la prevención del delito de blanqueo de capitales.
Hasta el momento, no hay acusados en este proceso penal que inició el 16 de marzo de este año tras una denuncia anónima.
La denuncia indica que supuestamente Chen Chang y Chan de Watson se asociaron con Martinelli Linares para que, a través de su poder político, se les concediera la concesión para el bingo.
INTERPONE RECURSO
Ante esta situación, el abogado Luis Eduardo Camacho González, representante legal de Martinelli Linares, presentó el pasado 27 de octubre un amparo de garantías constitucionales, pidiendo revocar la orden del fiscal Mojica, en la que se solicita información sobre las cuentas bancarias.
“La documentación privada y correspondencia de las personas, en la cual se encuentra la información bancaria de nuestro patrocinado no puede ser examinada o retenida sin mandato de autoridad competente”, indicó Camacho González.
El recurso de amparo de garantías tiene como ponente al magistrado José Ayú Prado.
El abogado pidió suspender la orden del fiscal Mojica mientras se resuelve el amparo.
La concesión fue otorgada en la administración de Martinelli y, de acuerdo con las investigaciones y auditorías de la Junta de Control de Juegos (JCJ), la compañía nunca presentó su composición accionaria de forma correcta.
Un requisito para lograr la concesión era presentar los certificados de idoneidad y consentimiento de sus directores.
Pero las acciones de la empresa son “al portador”, y por lo tanto, jamás se conoció quiénes eran los beneficiarios finales, algo que exige la ley.
Ante esta ilegalidad, el pleno de la JCJ resolvió cancelar el contrato en 2014.
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