La Fiscalía Primera Anticorrupción solicitó el llamamiento a juicio de Giselle Burillo, exministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) por la presunta comisión del delito de peculado, en relación a una investigación sobre posibles sobrecostos en la contratación del servicio para transportar plantas móviles.
Además de Burillo, la fiscal Tania Sterling solicitó abrir causa criminal a los exfuncionarios de Ampyme: David Rivera, exdirector Administrativo; Pablo Jaramillo, exdirector de Desarrollo Empresarial; y Carlos Aguilar, exjefe de Compras.
También pidió llamar a juicio a Carmela Jiménez, exjefa de Tesorería, y Juventino Iturralde, exjefe de Fiscalización, ambos de la Contraloría General de la República. Además, solicitó que se llame a juicio al empresario Guillermo Ortiz, representante legal de la empresa Grupo Orme, S.A. (GOSA), contratada para el servicio de transporte de las plantas móviles.
La investigación se origina por una denuncia de las autoridades de Ampyme, luego que se identificaron presuntas irregularidades en 38 órdenes de compra solicitando el servicio para movilizar o trasladar plantas móviles (furgones y remolques) en la ciudad de Panamá y el interior.
Sobre estas 38 órdenes de compra, la fiscal concluye en su vista que entre el período 2011 y 2012 se pagaron un total de $91 mil 913 por los servicios de transporte de las plantas móviles, pero que dentro de las contrataciones hay 20 facturas pagadas que no tienen la firma de recibo conforme.
La fiscal indica que en dicha auditoría se apreció que “la cuantía involucrada al comparar los precios facturados, contra cotizaciones de compañías que se dedican al transporte de esta actividad, resultó en notables precios gravosos en los servicios facturados por un monto de exceso de $58 mil 472”.
En su análisis jurídico, la fiscal Sterling destaca que Burillo y los otros seis exfuncionarios “con su actuar por acción u omisión, permitieron que se vulneraran los fondos de la Ampyme, faltando así a la atención de sus necesidades socioeconómicas, beneficencia y apoyo en las comunidades”.
En cuanto a la participación del representante de la empresa GOSA, Sterling manifiesta en la vista fiscal que “la participación criminal de Ortiz” en el supuesto ilícito se debe a “que recibió el dinero que lesionó patrimonialmente al Estado panameño, por un monto de $58 mil 472”.
Auditoría
La auditoría interna efectuada por un funcionario de la Ampyme, relacionada con este caso, se extendió desde septiembre de 2011 a diciembre de 2012.
En este informe, la fiscal se basó para señalar los principales elementos que vincularían a los siete imputados en la posible comisión del delito de peculado.
Como primer punto, indica que las 20 facturas pagadas no tenían una constancia de satisfacción o de recibido de conforme.
También señala que mediante la auditoría se detectaron dos pagos en los que solamente está el tiquete de la máquina registradora fiscal y no aparece el detalle de qué servicio se pagó.
La auditoría dejó al descubierto varias irregularidades en los pagos que efectuó la Ampyme por el traslado de las plantas a distintos puntos del país.
“Se observó inconsistencia en los precios, versus distancias por traslados del mismo tipo de planta móvil”, señala el informe que destaca la fiscal en su análisis jurídico del caso.
Citó algunos casos. Por ejemplo, que por el traslado de una planta móvil de 45 pies de Caimitillo, Panamá, a Chame, Panamá Oeste (unos 72 kilómetros) se pagaron $2 mil 942. Mientras que por llevar la misma planta desde Chame hasta Capira (unos 18 kilómetros) la Ampyme desembolsó igual monto de dinero.
También, por el traslado de una planta móvil de lácteos de 40 pies de Aguadulce, en Coclé, hasta Tonosí, en Los Santos, la Ampyme pagó $2 mil 889. Mientras que por llevar esa misma planta desde Tonosí a Macaracas, lugares cercanos en la provincia santeña, la entidad canceló $2 mil 942. Es decir, que por menor distancia se pagó mayor precio.
Se reporta en el informe que por el traslado de una planta móvil de panadería, de 40 pies, de Caimitillo a Parita, en Herrera, la entidad pagó $2 mil 889. Sorprendentemente, por el servicio para movilizar la planta de Caimitillo a Villalobos (Pedregal), dentro de la provincia de Panamá, se canceló igual suma de dinero.
Burillo se defiende
Por su parte, la exministra Giselle Burillo consideró que la fiscalía no tiene pruebas que sustenten el llamado a juicio. “En verdad [la fiscalía] no encontró nada, absolutamente valedero, para hacer un juicio que condene a nadie, porque todo el trabajo de las plantas móviles está bien documentado y todo se hizo conforme a la ley”, declaró la exministra.
Burillo enfrenta otros tres procesos relacionados a presuntas irregularidades en la Ampyme por alquileres de autos, contratación de funcionarios y por fraccionamientos de partidas.
