Los tropiezos en la implementación del Sistema Penal Acusatorio no terminan. A la falta de voluntad política de la pasada administración, se suma ahora la carencia de recursos para su funcionamiento.
Así lo advirtió la presidenta de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, quien resaltó el hecho de que tanto el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) como el Órgano Judicial esperan créditos extraordinarios por $50 millones para poder nombrar al personal, comprar los equipos e implementar la logística tecnológica necesaria para el adecuado funcionamiento del nuevo modelo penal.
En 2009, el entonces ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, logró posponer la entrada en vigencia del sistema hasta 2011, cuando se implementó en Coclé y Veraguas.
Luego, en 2013, el Gobierno volvió a retrasar la aplicación del modelo en Chiriquí y Bocas del Toro hasta 2015, por lo que la vigencia en Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón y las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan y Wargandí quedó para este año.
Ahora, la falta de recursos parece obligar a las autoridades a implementar el sistema en el primer distrito judicial de forma escalonada.
PLANTEAN ESCALONAR EL SISTEMA ACUSATORIO
Debido a la falta de recursos y a la amplia estructura logística que se requiere pero no está lista, la implementación del Sistema Penal Acusatorio en el primer distrito judicial –que abarca Panamá, San Miguelito, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan y Wargandí– debería hacerse en varias fases.
En ello coinciden autoridades de las instituciones involucradas en la implementación del nuevo modelo penal, como el Órgano Judicial y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).
El magistrado Harry Díaz, miembro de la Sala Penal de la Corte, confirmó que ha hablado sobre esta posibilidad con varios de sus colegas del pleno.
A su juicio, lo lógico sería que se comenzara por Panamá Oeste y luego avanzar de forma paulatina hasta integrar el distrito judicial.
Por su parte, el presidente de la Corte, José Ayú Prado, ha dicho que la última fase de la implementación del Sistema Penal Acusatorio podría verse afectada por la falta de recursos en el Órgano Judicial y que la única solución viable en este momento es solicitar recursos extraordinarios al Ejecutivo.
En ese contexto, pidió recientemente al Ministerio de Economía y Finanzas un crédito extraordinario de $30 millones, de los cuales $20 millones serían para la aplicación del nuevo modelo penal.
El presupuesto del Órgano Judicial para este año fue recortado $138 millones y quedó en $119 millones. Inicialmente, se había pedido $257 millones.
IMELCF SIN RECURSOS
Por su parte, el director del Imelcf, Humberto Mas, advirtió que los recortes presupuestarios que se le hicieron a esa entidad hacen muy difícil cumplir con la implementación del Sistema Penal Acusatorio.
Mas precisó que el Imelcf solicitó un prepuesto para este año de $77.6 millones, pero solo le fueron asignados $41.8 millones; es decir, $35.8 millones menos.
Según el médico forense, esta suma es insuficiente para cubrir la demanda de personal y la compra de equipos e insumos para el trabajo de los peritos.El funcionario explicó que la carencia de personal es de tal magnitud, que en el interior del país, donde ya está vigente el Sistema Penal Acusatorio, los expertos deben viajar de una provincia a otra para atender los casos.
A modo de ejemplo, detalló que un mismo médico forense debe practicar necropsias en Aguadulce y en Chitré.
Dijo que se necesita el nombramiento de por lo menos 450 peritos forenses para cubrir la demanda que surgirá ante esta nueva realidad y que con los recursos actuales será prácticamente imposible hacerlo.
Además, detalló que este personal deberá trabajar turnos rotativos, ya que en el Sistema Penal Acusatorio la atención es ininterrumpida y abarca noches y fines de semana.Para Mas, la propuesta de implementar de forma escalonada el Sistema Penal Acusatorio en el primer distrito judicial sería lo más acertado, ya que permitiría ir cubriendo las necesidades de personal y equipo de mejor manera.
En ese sentido, destacó que el primer distrito judicial tiene una población mucho más grande que el resto de los sitios donde el Sistema Penal Acusatorio ya está vigente.
MP ESTÁ PREPARADO
Delia de Castro, encargada por el Ministerio Público (MP) para la implementación del Sistema Penal Acusatorio, opinó que, al tratarse de un sistema que funciona de manera interinstitucional, si una de estas no está lo suficientemente preparada, el funcionamiento del proyecto no será óptimo.
Castro planteó que este debe ser un tema de análisis por todas las instituciones involucradas, pero que por su parte el MP se encuentra preparado para hacer frente a la entrada en vigencia del nuevo modelo en el primer distrito judicial.
Dijo que al MP le fueron asignados $10 millones para este proyecto y que estos recursos están siendo utilizados en el reclutamiento y formación del personal.
En este sentido, explicó que el MP requiere nombrar 162 nuevos funcionarios, entre fiscales, coordinadores y personal técnico, para su funcionamiento.Además, detalló que el personal que actualmente labora en el MP recibe adiestramiento a través de pasantías que se realizan en los distritos judiciales donde ya está en funcionamiento el nuevo modelo penal.
A la vez, explicó que parte de ese personal será destinado a las fiscalías de descargas, habilitadas para la tramitación de los procesos del sistema inquisitivo.
Añadió que en el aspecto técnico se está trabajando en la interconexión a la internet de todos los despachos judiciales, incluidos los de las comarcas Emberá Wounaan y Wargandí.
Dijo que hasta ahora el Sistema Penal Acusatorio ha sido exitoso en todos los circuitos judiciales donde está en funcionamiento.
Relató que en el tercer distrito judicial, que abarca las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, y la comarca Ngäbe Buglé, se logró el 99% de legalización de los expedientes.
Consideró que el sistema ha dado excelentes resultados en las provincias donde ya fue implementado, pues se disminuyó el tiempo de tramitación, incluyendo acuerdos antes de finalizar los procesos.
Reconoció que en el camino surgirán algunas dificultades, pero con la planificación realizada y los recursos asignados se deben solventar, de manera que el proceso de ejecución del proyecto se inicie correctamente y dentro del marco legal que se ha establecido desde su inicio.
DINERO ES BÁSICO
Por su parte, el procurador de la Administración, Rigoberto González, dijo que llama la atención la entrada en vigencia del sistema en el primer distrito judicial, pues en la Comisión de Estado por la Justicia –de la cual dicha entidad es parte– se han escuchado quejas porque no se cuenta con los fondos suficientes y necesarios para afrontar el reto.
“Si usted no cuenta con los fondos para hacer eficaz e implementar el nuevo sistema, las fallas que se puedan dar producto de esto son irreversibles, porque la imagen que va a quedar es que el sistema acusatorio no funciona y entonces la ciudadanía no lo va a percibir de manera positiva”, advirtió.
Agregó que es importante y se está a tiempo de que se le asigne al Órgano Judicial los fondos que requiere, de forma tal que la administración de justicia sea efectiva y el sistema acusatorio resulte lo más eficaz posible.
Ambos puntos van de la mano, dijo. En el caso específico del Órgano Judicial, se necesitan llenar 900 vacantes y con los fondos que tiene, la institución no llega a ese número.
González detalló, además, que no solo se trata de nombramiento de personal, sino de los lugares donde tienen que estar ubicados los nuevos tribunales, y del soporte informático que se requiere.
“Estamos hablando de algo que implica una complejidad, y si eso no tiene los fondos a tiempo el sistema no va a funcionar como lo espera la ciudadanía, que es a quien va dirigida la administración de justicia”, puntualizó.
De acuerdo con su opinión, la implementación del nuevo sistema en la capital, en Colón y las comarcas parece lejana, pero no es así y llegado el momento las autoridades se darán cuenta de que la programación no estuvo lista a tiempo y el “resultado puede no estar a la altura de lo que se espera”.
