El pleno de la Corte Suprema de Justicia discutió la tarde del viernes 9 de octubre las tres demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal, incluidas a través de la Ley 55 de 2012 ("ley blindaje"), sin lograr una decisión.
En sesión extraordinaria, el pleno discutió un proyecto de fallo del magistrado ponente Hernán De León, en el que se declara inconstitucional todo el artículo 491-A. No obstante, ese proyecto de fallo debe ser aprobado por la mayoría de los nueve magistrados.
Fuentes judiciales informaron que luego de más de una hora de discusión, no se llegó a un acuerdo definitivo.
La discusión de las demandas fue postergada para otra reunión del pleno, cuya fecha no se ha definido.
El articulo 491-A establece el plazo de dos meses para investigar a diputados acusados en causas penales.
Dos de las demandas fueron presentadas por Carlos Rubio -actual subdirector del Ifarhu-, en ese entonces candidato a diputado del cogobernante Partido Popular. La primera se presentó el 24 de julio de 2013, contra el artículo 491-A. A este recurso se le acumuló una acción similar presentada por Rubio contra el mismo artículo, pero como parte de una denuncia contra el diputado Sergio Gálvez, quien supuestamente regaló dinero en una actividad en El Chorrillo, el 7 de julio de 2013.
La otra acción fue interpuesta el 2 de julio pasado por Oydén Ortega, en funciones de magistrado fiscal por la investigación seguida al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de alimentos deshidratados con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Una cuarta demanda de inconstitucionalidad fue presentada en marzo pasado contra cinco artículos de la Ley 55 de 2012, y es tramitada por Gisela Agurto, suplente de Ortega.