El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención provisional del expresidente Ricardo de la República y actual diputado del Parlacen, Ricardo Martinelli Berrocal, como parte del proceso seguido por los pinchazos en su gobierno (2009-2014).
Según el pleno, la decisión se fundamenta en la declaratoria de rebeldía de Martinelli, dada por el magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías de la causa, desde el pasado 11 de diciembre. Mejía quedó facultado para "diligenciar" la medida de detención.
La decisión se conoció este lunes a las 10:20 pm, tras casi cinco horas de deliberación, en una audiencia que inició a las 3 pm.
"La ausencia del señor Ricardo Martinelli Berrocal impide el desarrollo y la culminación del proceso", señala el fallo, que leyó el magistrado suplente Luis Mario Carrasco.
El pleno igualmente rechazó por improcedente una advertencia de inconstitucionalidad que la defensa de Martinelli presentó durante la audiencia, poco antes del receso.
La audiencia fue presidida por el magistrado Luis Ramón Fábrega, vicepresidente de la CSJ. El resto del pleno lo completaron los magistrados Hernán De León, Nelly Cedeño, Harley Mitchell, Oydén Ortega, Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta y Carrasco.
Martinelli fue declarado “en rebeldía” por el magistrado juez Mejía en la audiencia realizada el pasado 11 de diciembre. Ese mismo día, se presentaron cuatro solicitudes de detención provisional: una, por el fiscal de la causa Harry Díaz, y las otras tres por los abogados Carlos Herrera Morán, Rosendo Rivera y Ángel Álvarez, abogados de las víctimas.
Desde el pasado 9 de octubre, Díaz presentó un escrito de acusación contra Martinelli, por la supuesta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública (peculado). De ser hallado culpable, enfrentaría una pena de hasta 21 años de prisión. El Código Procesal Penal permite la detención cuando el delito implica una pena de cuatro años o más de cárcel.
En la audiencia de este lunes no participó Mejía.
LO QUE SE DIJO EN LA AUDIENCIA
La defensa de Martinelli repitió que su cliente es un perseguido del presidente Juan Carlos Varela. Alma Cortes, a quien Martinelli designó presidenta "encargada" de su partido Cambio Democrático (CD), dijo a los periodistas que venía "preparada para lo peor".
Al inicio de la audiencia, el magistrado fiscal dijo que no solicitó antes la detención preventiva del exgobernante, "precisamente para que no se alegara persecución al diputado".
Al pedido de Díaz se sumó el de los abogados de las víctimas y querellantes, que -adicional- requirieron al pleno que ordene la cancelación del pasaporte de Martinelli, conforme al artículo 229 del Código Procesal Penal. Ángel Álvarez, que representa a cuatro víctimas de los pinchazos -Miguel Antonio Bernal, Zulay Rodríguez, Yadira Pino y Yassir Purcait- igualmente solicitó la extradición de Martinelli de Estados Unidos. El pedido lo apoyó Rosendo Rivera, abogado querellante y también víctima de las interceptaciones.
Herrera Moran dijo no entender cómo la defensa insiste en que el exmandatario no está notificado del proceso.
"Por todos los medios, el acusado se ha referido a este proceso: cadenas de televisión, redes sociales... Él es conocedor de este proceso y no ha comparecido, se está burlando y lanzando epítetos hirientes a los magistrados juez de garantías y fiscal", expresó ante el pleno.
Adicional, remarcó que el 11 de diciembre, el día que fue declarado "en rebeldía", "no habían pasado ni dos horas y ya estaba en un medio reprochando la decisión del tribunal. En consecuencia, se debe hacer cumplir la ley, porque aquí no puede haber nada ni nadie por encima de la Constitución y la ley", agregó.
Carlos Carrillo, abogado de Martinelli, insistió en que su cliente no fue debidamente notificado, como alega la secretaría general de la CSJ. Sostuvo que las solicitudes de detención preventiva no cumplen los requerimientos que dicta la ley.
"Si no ha sido imputado, si no tiene la obligación de dar su domicilio, ¿cómo es posible que se le declare en paradero desconocido?", clamó.
En el transcurso de la audiencia, otro abogado de Martinelli, Sidney Sittón, anunció una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 490 del Código Procesal Penal, sobre medidas cautelares, que específicamente señala: "En la fase de investigación y en la fase de juicio, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema de Justicia autorizar la aplicación de toda medida cautelar restrictiva de la libertad del diputado y la que ordene aprehensión o secuestro contra los bienes de estos".
En la audiencia también participaron algunas de las víctimas de los pinchazos.
Mitchell Doens, exsecretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lamentó que "nadie" se ha referido al fondo del asunto y que las partes se han centrado en debatir sobre el debido proceso.
"El fondo de este problema son los delitos que se cometieron a más de 150 personas que estuvieron en la Fiscalía Auxiliar reconociendo las intervenciones en sus celulares, correos y otros temas más", indicó.
Comentó además que la defensa "está creando un ambiente para que sirva en el condado Dade, en Estados Unidos, para presentar los recursos y buscar cómo se dilata aún más este proceso".
Balbina Herrera, también del PRD y víctima, enfatizó sobre la necesidad de que la CSJ establezca un precedente.
"No se pueden utilizar las estructuras del Estado para perseguir a adversarios sin autorización posible", señaló.
Agregó que no le gustaría ver a un expresidente de la República venir a Panamá esposado. "Ojalá él mismo pudiera venir caminando a enfrentar el caso".
Mientras el pleno sesionaba en el salón de audiencias del Palacio Gil Ponce, afuera protestaba un grupo de simpatizantes y copartidarios del expresidente, quien está fuera de Panamá desde el pasado 28 de enero y su paradero actual se desconoce, aunque previamente ha sido avistado en la exclusiva zona residencial de Brickell, en Miami, donde tiene un apartamento.
Más información en la edición impresa de La Prensa del martes 22 de diciembre de 2015.
