El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión del día de hoy, decidió no admitir una denuncia contra 34 diputados, por el uso de $403.4 millones en partidas circuitales asignadas en el gobierno anterior.
La razón esgrimida es que la denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño, carece de "prueba sumaria", un requisito obligatorio para poder ser investigados y que fue introducido por los propios diputados que aprobaron la Ley 55 de 21 de septiembre de 2012, modificando a su favor el Código Procesal Penal.
"No existen testimonios directos, informes, documentos o pericias, como un alcance contable particular, informe de auditoría interna o resultado al menos preliminar de auditoría de la Contraloría General de la República, que indique no solo la recepción de los dineros, sino la forma y manera en que fueron dispuestos, para entonces determinar si hay prueba idónea de la existencia del delito y entrar a investigar sobre la posible vinculación -individualizada- de los 34 diputados denunciados", señala un boletín de la CSJ.
La decisión fue unánime, aunque con el voto razonado de los magistrados Oydén Ortega y Harley Mitchell.
A la sesión también concurrieron los magistrados José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega, Harry Díaz, Hernán De León, Abel Zamorano y Víctor Benavides. Faltó el voto de Jerónimo Mejía, dado que llegó al pleno cuando ya se había realizado la votación.
El pleno también ordenó el archivo de la denuncia.
El pasado lunes, los magistrados celebraron una sesión extraordinaria para decidir el futuro de esta acción; en aquella ocasión no se logró un acuerdo definitivo.
Actualmente hay un anteproyecto para modificar la Ley 55 de 2012, presentado por el presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama, para eliminar así el "blindaje" a los diputados.
El comunicado de la CSJ advierte que "el rechazo de la denuncia por no existir prueba idónea que la respalde, no implica tránsito a cosa juzgada, pues solo se ha decidido no iniciar la fase de investigación".
