Luego de cinco años como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada Luna aceptó ser un delincuente, cuando estaba a un paso de ir a juicio. El pasado lunes, Moncada Luna firmó un acuerdo con el diputado fiscal Pedro Miguel González, quien el 20 de febrero había concluido una investigación en su contra y lo iba a acusar por enriquecimiento injustificado, lavado de dinero, falsedad y corrupción.En el acuerdo, Moncada Luna se declaró responsable de enriquecimiento injustificado y falsedad y aceptó una condena de cinco años de prisión. Además se le decomisan sus dos apartamentos en San Francisco, valorados en $1.7 millón, pero se le liberan cuentas bancarias por $4.6 millones y tres automóviles. Lo pactado está pendiente de ser aceptado por las juezas de garantías de la Asamblea Nacional.Pero desde el año 2010, cuando empezó su gestión en el Órgano Judicial, las decisiones de Moncada Luna estuvieron envueltas en la polémica y hasta fueron catalogadas como violatorias de la Constitución y la ley.
Reunión sospechosa
En mayo de 2010, Moncada Luna participó junto a su entonces colega José Abel Almengor de una reunión con el empresario Lidio Rancharán, quien presuntamente era requerido en Estados Unidos por una estafa millonaria y tenía pendiente de resolver un amparo de garantías.El encuentro se dio en el despacho de Almengor y fue confirmado por el magistrado presidente de entonces, Aníbal Salas.La reunión entre Moncada Luna y Almengor con Rancharán fue cuestionada por la sociedad civil y gremios de abogados, que exigieron una investigación que nunca se dio.
Nulidad del cemis
El 29 de julio de 2010, Moncada Luna fue designado como fiscal para investigar al diputado Carlos Afú y al expresidente Martín Torrijos (entonces diputado del Parlamento Centroamericano) por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal Industrial y de Servicios (Cemis).
El 20 de agosto de ese año ordenó la indagatoria a Torrijos, pero el exmandatario nunca fue a declarar.Cinco días después, Moncada Luna se declaró impedido al ser cuestionado por haber sido miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo al que pertenece Torrijos. Su suplente Abel Zamorano asumió como fiscal del Cemis.Pero el 7 de agosto pasado, la CSJ declaró la nulidad de la investigación a Torrijos porque Moncada Luna no pidió el levantamiento del fuero electoral antes de ordenar su indagatoria.
Firmó condena
Moncada Luna fue uno de los cinco magistrados de la CSJ que avaló el fallo del 4 de agosto de 2010, que condenó a la exprocuradora y actual diputada Ana Matilde Gómez a seis meses de prisión [reemplazado por $4 mil de multa] y la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Según ha manifestado Gómez, su condena se dio al no acceder a las presiones del expresidente Ricardo Martinelli, que nombró a Moncada Luna.
Revivió la Sala Quinta
En fallo del 25 de enero de 2011, Moncada Luna como ponente revivió la Sala Quinta, que había sido declarada inconstitucional por la propia Corte en 1999.Al asumir la presidencia de la CSJ en 2012, Moncada Luna pidió en dos ocasiones a Martinelli que nombrase a los tres magistrados de la Sala Quinta. El 14 de junio se designaron a los tres magistrados, pero tras protestas y presiones el propio Moncada Luna se vio obligado a presentar el 2 de julio de ese año un proyecto de ley para derogar por segunda ocasión la Sala Quinta.
Proyecto de ley 438
Su primera propuesta como presidente de la CSJ en 2012 fue presentar un proyecto de ley 438, que buscaba modificar nueve artículos del Código Judicial para sancionar a jueces y magistrados por casos de corrupción. La iniciativa fue duramente cuestionada por la sociedad civil organizada y gremios de abogados. Por ello, una vez más se vio obligado a retirar el proyecto de ley de la Asamblea el 30 de julio.
Estacionamientos
La administración de Moncada Luna adjudicó el 2 de abril de 2012 un contrato de $6.9 millones a Constructora Corcione para construir un edificio de estacionamientos de cinco pisos para el Órgano Judicial. La obra debía comenzar a construirse el 11 de junio de ese año.Desde entonces, grupos ambientalistas y residentes de Ancón protestaron en contra de los estacionamientos y finalmente, Moncada Luna se vio obligado a anular el contrato el 29 de enero de 2013.
Disputa con De León
El separado magistrado ordenó el 17 de octubre de 2012 el retiro de cuatro computadoras del despacho del magistrado Hernán de León, como parte de una investigación administrativa.Los equipos eran utilizados por cuatro asistentes de De León, que habían sido acusados de enviar correos electrónicos con fotomontajes. De León fue al departamento de Informática y retornó las cuatro computadoras a su despacho. Ello provocó un fuerte enfrentamiento verbal entre De León y el entonces jefe de seguridad del Órgano Judicial Ramiro Jarvis, actual abogado de Moncada Luna. Ricardo Fuller y Akira Castillo, dos de los asistentes del magistrado De León, fueron destituidos por estos hechos.
Tío Pipo y FP
Otro de sus fallos polémicos se dio el 9 de febrero de 2011, cuando concedió un amparo de garantías a favor del Banco Universal, que mantenía un litigio con la empresa Petrolera Nacional, S.A., sobre una finca en David, Chiriquí. El principal accionista del banco es Felipe Virzi, a quien Moncada llama Tío Pipo, y que dos años después le prestaría $700 mil sin intereses para comprar uno de sus apartamentos.El Banco Universal recuperó la finca que en 2008 había sido adjudicada a Petrolera Nacional por el Juzgado Primero de Circuito de Chiriquí.Luego, el 6 de noviembre de 2011 admitió un amparo de garantías y suspendió una intervención administrativa a Financial Pacific (FP), en momentos en que Martinelli era señalado de tener una cuenta secreta en esa casa de valores.La decisión del magistrado provocó que los exdirectivos de FP Iván Clare y West Valdés retomaran el control de la casa de valores. A la vez le impidió a la Superintendencia del Mercado de Valores recabar pruebas y continuar la investigación por un presunto fraude cercano a los $12 millones. Moncada Luna nunca resolvió el amparo de garantías y FP desistió del recurso, nueve meses después, tiempo suficiente para saldar la deuda. El 27 de agosto de 2013, el magistrado admitió dicho desistimiento.
Ayú Prado y Mitchell
Sus colegas José Ayú Prado y Harley Mitchell enviaron notas a Moncada Luna en febrero de 2013, dejando claro su desacuerdo con la suspensión por dos años del inicio del sistema penal acusatorio en Chiriquí, Bocas del Toro, Panamá, Colón, Darién y en la comarca Guna Yala.No obstante, Moncada Luna nunca dio respuestas y el entonces ministro de Gobierno Jorge Ricardo Fábrega presentó el proyecto de ley, en nombre del Órgano Judicial y autorizado por el Consejo de Gabinete, que postergó el sistema penal acusatorio.
Repartos y plenos
Su gestión como presidente (2012-2013) también fue cuestionada porque los repartos de casos en la CSJ no los hacía tres veces por semana, como lo establece el Código Judicial. Moncada Luna demoraba hasta tres meses para hacer un reparto. Las sesiones ordinarias del pleno fueron cuestionadas: en 2013 solo hizo 28 mientras que en 2014 se celebraron 46 reuniones, según estadísticas del Órgano Judicial.
Carrera Judicial
Pese a que cuando retiró el proyecto de ley 438 se comprometió a apoyar la aprobación de la carrera judicial, eso nunca ocurrió. Al sustentar el presupuesto del año 2014 en la Comisión de Credenciales, Moncada Luna no pidió dinero para la implementación ni hizo mayores esfuerzos para que la carrera judicial fuese aprobada.
Reelección y conflicto
Su administración se vio marcada por las diferencias que tuvo con el magistrado vicepresidente de ese entonces, Harry Díaz. Las disputas entre Díaz y Moncada se iniciaron por la suspensión del proyecto de los estacionamientos de la Corte y el nulo apoyo a la carrera judicial.Como presidente y vicepresidente de la CSJ no se dirigían la palabra. Solo hablaban en los debates del pleno. Las disputas se acrecentaron cuando a mediados de 2013, Moncada Luna manifestó sus intenciones de reelegirse al frente de la CSJ, situación que no llegó a concretarse.
Panamá Avanza
Si con el amparo de FP demoró nueve meses sin resolverlo, en un día, específicamente el 31 de octubre, Moncada Luna asumió la ponencia de una demanda de derechos humanos presentada por el grupo pro oficialista Panamá Avanza y suspendió una decisión del Tribunal Electoral sobre una propaganda política.Esta demanda presentada en la Sala Tercera tuvo como ponente a Moncada Luna, avalada por los magistrados suplentes Gabriel Fernández y Efrén Tello.El fallo suspendió la decisión del TE que había ordenado sacar del aire la emisión de la propaganda en la que se atacaba al candidato presidencial Juan Carlos Navarro.La acción fue catalogada de inconstitucional por el Colegio Nacional de Abogados, gremio que presentó una queja contra Moncada Luna, Tello y Fernández. El recurso a la fecha no ha sido resuelto.Y finalmente, su último hecho polémico se dio con la compra de dos apartamentos millonarios por los que ha confesado cometió delitos.
Piden investigar a los corruptores
Pedro Miguel González, fiscal del caso en el proceso seguido a Alejandro Moncada Luna, advirtió que no tiene facultades para investigar a los titulares de las cuentas bancarias que fueron cauteladas por su vinculación con el separado magistrado.
“Hubo gente que se nos fue para el extranjero y nunca regresó, porque no podíamos solicitar que se le impidiera su salida del país. Ni esta fiscalía ni la Asamblea tenían la capacidad para investigar y procesar a estas personas”, indicó. González pactó con Moncada Luna un acuerdo en el que este se declara culpable de dos de los cuatro delitos que se le imputan: enriquecimiento injustificado y falsedad ideológica de documentos públicos.
El hecho provocó reacciones de diferentes sectores. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, si bien consideró que se trata de un hito en la administración de justicia, lamentó que se desestimaran otros cargos: blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios. “Posiblemente lo más importante para la sociedad, es que se eviten que muchos involucrados salgan a la luz pública”, dijo. Como parte de sus diligencias, González cauteló 14 cuentas bancarias, con depósitos totales por $4.6 millones, a nombre de empresas que obtuvieron contratos en el bienio 2012-2013 en que Moncada Luna presidió la Corte. La investigación probó que el magistrado separado obtuvo beneficios de estas cuentas; fueron retenidas por su vinculación con otros tipos penales que se investigaban y que estaban enmarcadas en el delito de corrupción y el blanqueo de capitales.
González sostuvo que quedará en manos de otras entidades investigar a estas personas. “Para eso existen las autoridades judiciales y nada impide que el resultado de este proceso lleve a una investigación de esa naturaleza”, dijo.
Mientras que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa exhortó al Ministerio Público a que realice las investigaciones “pertinentes” en los posibles delitos que se deriven de este caso, “tal como ha sido anunciado por el fiscal de la causa”.
Consideró que lo acontecido es un primer paso positivo hacia el adecentamiento en la administración de la justicia en el país y un efectivo combate a la corrupción.
