Juez negó fianza de excarcelación a favor de Poulett Morales

Juez negó fianza de excarcelación a favor de Poulett Morales


La comerciante Poulett Morales terminó la diligencia de ampliación de indagatoria en la Fiscalía Segunda Anticorrupción, ubicada en la Vía España, como parte de la investigación que se adelanta por la compraventa de mochilas –con supuestos sobreprecios– a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN)

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La abogada de Morales no ofreció declaraciones a los medios, por lo que se desconoce la suerte de su defendida.

Morales -detenida preventivamente desde el pasado 3 de junio- había presentado una fianza de excarcelación, pero el juez Décimoquinto Penal Leslie Loaiza negó la petición por considerar que existe riesgo de fuga.

Loaiza también negó otras dos incidentes presentados por la defensa de Morales: uno de nulidad y otro de controversia. El incidente de nulidad fue rechazado "por improcedente". 

El de controversia, en tanto, fue presentado contra la orden de indagatoria dictada el 26 de diciembre de 2014 por la Fiscalía Segunda Anticorrupción. Según la defensa de Morales, dicha indagatoria fue girada "casi automáticamente", sin requerir primero una declaración jurada "como corresponde". Pero a criterio del juez Loaiza, no procedía obtener primero una declaración jurada de Morales, dado que "evidentemente su situación en la instrucción era de investigada".

Las tres resoluciones del juez tienen fecha del 3 de junio pasado.

AMPLIACIÓN



Esta mañana, Morales llegó al edificio Avesa custodiada en un vehículo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ). 



La empresaria es investigada por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico, por las irregularidades en la contratación para la compra y distribución de 600 mil mochilas, a través del PAN y el Ministerio de Educación (Meduca).



Su defensa asegura que ella cumplió con la entrega de todas la mochilas, pero una auditoría y testimonios consignados en el expediente lo contradicen.



Según una auditoria de la Contraloría, en la compra de mochilas se calcula una lesión patrimonial al Estado atribuido a Morales por la suma de $5.7 millones.



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