Familiares de víctimas y sobrevivientes del tóxico dietilenglicol culminaron ayer el proceso de presentación de 260 demandas de indemnización contra la Caja de Seguro Social por las afectaciones ocasionadas por la distribución de medicinas contaminadas.
Las demandas presentadas ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema de Justicia buscan que el Estado a través de la Caja de Seguro Social pague $6 millones a cada una de las demandas por las daños y perjuicios ocasionados.
El abogado Roberto Antonio Morán, de la firma Orobio y Asociados, aseguró que las 55 demandas de indemnización presentadas ayer constituyen el último grupo de reclamaciones que se presentará.
Morán, acompañado por un grupo de personas afectado por el tóxico, explicó que algunas de las demandas presentadas han quedado radicados en los despachos del magistrado Luis Ramón Fábrega, quien ya ha corrido traslado al Seguro Social para que conteste.
Las demandas están acompañadas por la hojas clínicas de los pacientes con las afectaciones de salud sufridas a causa de la ingestión de los medicamentos contaminados, una evaluación psicológica del impacto que ha tenido el desarrollo de las secuelas del tóxico y certificaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelfc).
Daniel Rodríguez, afectado por el tóxico, explicó que luego de la ingestión del tóxico ha perdido la visión, necesita de un bastón para movilizarse y no puede realizar ninguna actividad para su manutención.
Recalcó que antes de tomar las medicinas contaminadas se dedicaba a actividades de carpintería y albañilería que eran su sustento diario, pero eso lo ha debido abandonar por el deterioro de su estado de salud.
Las primeras 50 demandas de indemnización fueron presentadas el pasado 1 de febrero y las demás fueron interpuestas de forma paulatina.
Por la contaminación de medicinas con el tóxico dietilenglicol, la Sala Penal de la Corte en abril de 2017 condenó al exdirector de la Caja de Seguro Social René Luiciani; a la exjefa del laboratorio Linda Thomas, y al exdirector de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís.
Mientras que Ángel De La Cruz, quien importó el tóxico, los funcionarios Edward Enrique Taylor Jurado y Miguel Antonio Algandona De León fueron sancionados con 15 años de arresto.
En tanto, Teófilo Gateno, quien financió la compra, recibió 5 años de cárcel.
