El abogado Jaime Abad presentó una denuncia en la que solicita se investigue a las empresas Transcaribe Trading, S.A. (TCT), Excavaciones del Istmo, S.A., y ocho sociedades más, por la presunta comisión de los delitos contra la seguridad colectiva y contra la administración pública.
La acción fue presentada este martes 18 de abril, a las 8:05 a.m., en la Fiscalía Primera Especializada contra la Delincuencia Organizada.
En la denuncia, Abad cita a David Ochy y Axel Gómez como los representantes legales de TCT y Excavaciones del Istmo, S.A., respectivamente. La primera empresa obtuvo el contrato para la construcción del ensanche de la autopista Arraiján-La Chorrera, por $152 millones; la segunda era la contratista del proyecto de rehabilitación de caminos de Panamá Oeste, por $27 millones.
“Hemos recibido información de que posiblemente ambas empresas estén ligadas a la comisión de hechos punibles contra bienes o fondos del Estado, específicamente por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y delitos contra la administración pública, toda vez que ambas empresas recibieron dineros del Estado para la ejecución de obras públicas; pero fuimos informados de que parte de estos dineros fueron ilícitamente destinados a la compra de otra empresa durante los años previamente citados, con el concurso y participación de las empresas denunciadas”, escribe Abad en su denuncia.
Agrega en el documento que maneja información de que se utilizó una cuenta corriente en Global Bank Overseas, LTD para depositar los dineros que “presumiblemente provinieron de fondos públicos porque fueron transferidas desde cuentas de empresas que a su vez participaron en actos públicos y por ende tales empresas tenían alguna relación con el Estado, y conforme a lo expresado por el diputado [Jorge Iván] Arrocha fueron utilizados indebidamente para la compra de la empresa Editora el Panamá América (EPASA)”.
Abad –siempre según lo denunciado por el diputado Arrocha en el pleno legislativo- señala que la cuenta en Global Bank Overseas, LTD, fue utilizada como “cuenta canasta” o “centro de acopio” para recibir la transferencia de fondos “desde una multiplicidad de fuentes de origen”, entre las que cita las empresas Gladden Corporation, Fursys Latin Corp., Caribean Holding Services LTD, High Spirit, Constructora Corcione & Asociados, Pavilion Financial Company Inc., Pueblos ID, S.A., y Gold Park Investment Inc.
Posteriormente, en una conferencia de prensa, Abad dijo que estas empresas -10 en total- “formaron una especie de cuenta canasta a la cual, en menos de 48 horas (...) aportaron una millonaria cifra que se utilizó para la compra de Editora Panamá América”, indicó.
Advirtió que su intención no es “ir detrás” o provocar el cese de operaciones de un medio de comunicación. “Sin embargo, sí me preocupa si existe una relación, sobre todo ilícita, entre la procedencia de estos fondos con la compra final del producto, independientemente de que haya sido un medio. ¿Por qué? Porque son dineros que debieron ir a obras públicas y si fueron desviados, como en efecto yo sospecho que lo fueron, es necesario que el Ministerio Público y eventualmente las autoridades judiciales decidan si se cometieron actos ilícitos”, remarcó.
Agregó que la denuncia la presenta a título individual, como abogado. "Ni soy parte del gobierno ni le estoy haciendo el mandado a nadie", puntualizó.
