El presidente de la República, Juan Carlos Varela, pidió este miércoles 30 de agosto al sistema judicial "actuar por los mejores intereses de la Nación", luego de que el martes por la noche la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, denunciara que los casos que investigan sobre corrupción y blanqueo de capitales corren el riesgo de quedar impunes.
“Aquí se desviaron más de mil 500 de millones de dólares del pueblo panameño. No hicieron las cosas bien, no la hicieron con transparencia, eso es el pasado. Quienes fueron responsables les toca rendir cuentas a la justicia. Pero hay algo que es importante: es que esto no vuelva pasar y para que esto no vuelva a pasar no debe haber impunidad", dijo Varela en una gira la Comarca Ngäbe Buglé.
Según lo dicho por la procuradora, los fiscales le han comunicado que cinco de las investigaciones "más emblemáticas", relacionadas con blanqueo de capitales pueden quedar inconclusas.
Porcell dijo que cinco casos emblemáticos quedarían inconclusos debido a que los jueces se niegan a declararlos complejos.
Se trata de las pesquisas vinculadas con Financial Pacific (cuenta High Spirit); la compra de Epasa (New Business), Odebrecht-Suiza (sobornos), Riegos de Tonosí y Finmeccanica (radares).
Para recuperar los más de mil millones desviados del Pueblo panameño,el Sistema Judicial debe actuar por los mejores intereses de la Nación.
MÁS REACCIONES
En tanto, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI), exigió a la procuradora ejercer su mandato constitucional, con completa independencia, a través de presentación de denuncias e iniciar las investigaciones de oficio contra las personas que intentan obstaculizar o impedir las investigaciones que llevan adelante.
“Mientras esas personas sigan operando desde el secreto y la oscuridad, el Ministerio Público estará bajo presiones indebidas. Exigimos al Órgano Judicial que lleve a cabo los procesos judiciales que tiene pendientes en todos los casos de corrupción en los juzgados de circuito, los tribunales superiores y la Corte Suprema, y que implemente la carrera judicial de acuerdo a la Ley, y no al capricho, para garantizar la independencia y probidad de la actuación de los jueces", señaló la Fundación.
Según la organización, las negaciones del estatus de complejidad de las investigaciones solicitadas en los casos de corrupción constituyen una vía para obstaculizar y desestimar el trabajo de los fiscales y los logros de los acuerdos de cooperación judicial internacional.
“La experiencia de otros países de la región, Brasil, por ejemplo, es que la transparencia a través de la amplia divulgación de los contenidos de las investigaciones ha creado una alianza con la ciudadanía y generado un apoyo popular que ha blindado a los fiscales para resistir los embates de quienes buscan la impunidad. Invitamos a la procuradora a buscar esta alianza con la sociedad panameña a través del poder de la información”, agregó.
Queremos los panameños saber quiénes son aquellos que están impidiendo que se haga justicia intimidando al MP y por qué no se investiga. pic.twitter.com/SnIDf93ZYA
Mientras que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) reiteró que el país requiere de instituciones transparentes e independientes.
“Es necesario de que en Panamá logremos un verdadero estado de derecho, donde impere la ley, y esta sea aplicada a todos, sin diferencia”, dijo Inocencio Galindo De Obarrio, presidente de la Cámara.
“Lo anterior implica que con respecto a las investigaciones penales que se adelantan, las mismas deben continuar hasta las últimas consecuencias, siempre en estricto apego a la ley, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”, indicó.
Galindo de Obarrio instó a la Pocuraduría General de la Nación a continuar su trabajo e iniciar las investigaciones correspondientes, dado que la obstrucción de la justicia es un delito.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) también solicitó a Kenia Porcell continuar y concluir estas investigaciones, "para garantizar que nadie está por encima de la Ley".
"Como país todos tenemos que cumplir con el debido proceso, exigir transparencia e información, pero si existen presiones hay que denunciarlas", añadió Apede.
