El procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, estimó que el nombramiento del ministro de la Presidencia, Jorge González Barrios, como miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) es "inconstitucional".
Así le respondió el procurador González al magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, quien admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra la resolución 27 del 4 de abril de 2019, emitida por la Asamblea Nacional, a través de la cual se aprueba el nombramiento de González Barrios.
El ministro fue propuesto a ese cargo por el Ejecutivo.
El procurador manifestó que, tal como lo plantea Cedeño, el nombramiento de González Barrios infringió el artículo 318 de la Constitución Política de Panamá.
Este artículo establece que la administración de la ACP estará a cargo de una junta directiva compuesta por 11 directores: un director designado por el Presidente de la República, quien presidirá la junta directiva y tendrá la condición de ministro de Estado para Asuntos del Canal; un director asignado por el Órgano Legislativo que será de su libre nombramiento y remoción; nueve directores nombrados por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Gabinete y ratificados por el Órgano Legislativo, por mayoría absoluta de sus miembros.
A juicio del Procurador, la lectura de la constitucionalidad del nombramiento de Jorge Luis González Barrios no debe analizarse en función que es un ministro de Estado, "sino del hecho que al momento de ser designado ocupaba, al igual que en su pasado inmediato, un alto cargo público; es decir, resulta una evidente cercanía con quien lo designa".
Es decir, según la opinión del Procurador, la designación de los directivos de la junta directiva de la ACP que conformen el tercer supuesto establecido en el artículo 318 de la Constitución y del artículo 13 de la Ley 19 de 1997 a nueve años buscan mantener el manejo de la administración del Canal de Panamá, como un asunto de Estado; es decir, alejado de injerencias de políticas partidarias y de grupos de poder que puedan existir en una determinada administración gubernamental.
"Lo anterior no ha ocurrido en la situación en estudio, pues la designación objeto de impugnación se hace en relación a una persona del inmediato entorno de quien detenta el poder Ejecutivo al momento de la designación, a pesar de que, de conformidad a la carta magna, se debe garantizar la autonomía de la ACP", expresó González en su respuesta al magistrado Arrocha.
El nombramiento del ministro González en la ACP, es inconstitucional. El procurador de la administración. Así opinó él, en su vista fiscal, dentro de mi demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento. Ahora le toca al pleno decidir el fondo de la causa. pic.twitter.com/2QZGQ5MPFi
EL MINISTRO REACCIONA
Sobre la opinión emitida por el procurador de la Administración, el ministro de la Presidencia dijo que "somos muy respetuosos de las leyes del país". Agregó que ahora le toca a la Corte elaborar el proyecto de fallo y que mientras tanto, "esperamos pacientemente ese fallo".
Agregó que se mantendrá hasta el 30 de junio como ministro de la Presidencia, de donde estará a cargo del proceso de transición con el nuevo gobierno que entrará a funcionar el 1 de julio.
