El procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió al actual gerente general de la Caja de Ahorros (CA), Mario Rojas, “constituirse en parte de la investigación” que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción sobre supuestas irregularidades en una línea de crédito, por $10 millones, que otorgó la entidad bancaria estatal a los contratistas del fallido centro de convenciones de Amador.
En una carta que remitió el pasado martes 18 de octubre a Rojas, el procurador señala su sorpresa ante un comunicado de la CA, en el que la entidad informó que no es denunciante dentro del proceso judicial.
Mientras, este miércoles concurrieron a la fiscalía por este caso los exdirectivos de la CA Anastacio Ruiz De León y Ricardo Arango Pezet, así como el exgerente Jayson Pastor y la exsecretaria Eleonor Samudio.
MP PIDE AMPLIAR INDAGATORIAS
Los exdirectivos de la Caja de Ahorros (CA) Anastacio Ruiz De León y Ricardo Arango Pezet, y el exgerente y la exsecretaria de la entidad Jayson Pastor y Eleonor Samudio, respectivamente, deben volver a la Fiscalía Primera Anticorrupción del Ministerio Público (MP) en los próximos días para ampliar sus indagatorias en el caso que se les sigue por supuestas anomalías en el préstamo de $10 millones otorgado al consorcio HPC Contratas-P&V para la fallida construcción del centro de convenciones de Amador.
Ruiz De León y Arango Pezet rindieron sus descargos este martes ante la fiscalía, pero deberán regresar mañana, viernes, para completar el interrogatorio que les hace la fiscal Tania Sterling.
También ayer amplió su indagatoria Eleonor Samudio, secretaria de la CA, detenida preventivamente desde el 12 de este mes. La exfuncionaria también debe regresar en los próximos días a completar la diligencia.
En tanto, Pastor concurrió ayer a la fiscalía, pero no fue atendido por la fiscal, quien lo citó para que acuda hoy al edificio Avesa, sede de las fiscalías Anticorrupción.
Además, hoy debe acudir Fernando Correa Jolly –exdirectivo de la CA– para que continúe con sus descargos. Él empezó su indagatoria el pasado lunes, tras ser conducido a la fiscalía.
DESFILE DE IMPUTADOS
Arango Pezet y Ruiz De León llegaron a las 9:00 a.m. al edificio Avesa, en compañía de sus abogados, para defenderse de la imputación que les hizo la fiscal por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública (peculado).
Pocos minutos después llegaron Pastor y Samudio, esta última, trasladada desde la Policía Nacional. Pasada la 1:00 p.m., se decretó un receso de las indagatorias. Ruiz De León fue el primero en salir. Al ser abordado por los periodistas sobre la investigación, respondió: “no tengo nada que decir ahorita mismo”.
Elías Solano, abogado del exdirectivo de la CA, indicó que hasta ese momento de la diligencia las preguntas estaban relacionadas con la garantía y las condiciones del préstamo a las fuentes de financiamiento.
Minutos después, Arango Pezet salió acompañado de su abogada, Nedelka Díaz. Él se limitó a decir: “todo en orden”.
A las 7:00 p.m., concluyeron las indagatorias. El primero en salir en esta ocasión fue Arango Pezet, quien reiteró: “hasta el momento todo bien, hasta ahora todo en orden”. Mientras, su abogada expresó que se trata de una investigación en la que hay que evacuar “muchas pruebas”.
Ruiz De León volvió y guardó silencio ante las interrogantes de los periodistas. Su abogado señaló que su representado hizo todas las explicaciones que le solicitó la fiscal.
Por su parte, Eleonor Samudio fue devuelta a la sede de la Policía Nacional en Ancón, donde también permanecen detenidos, desde el 12 de este mes, el expresidente de la junta directiva de la CA Riccardo Francolini y el exsubgerente de la entidad Rodrigo Arosemena Pino. También están apresados Gerson Lemer Hurtado y Tobías Garrido Nicolau, representantes del consorcio HPC-Contratas-P&V.
El único integrante de la pasada junta directiva del banco estatal que no ha sido indagado es Ricardo Chanis, quien también tiene orden de conducción emitida por la fiscal Sterling.
PROCURADOR HACE LLAMADO
En tanto, el procurador de la Administración, Rigoberto González, pidió al actual gerente general de la CA, Mario Rojas, que se constituya en parte interesada en la investigación que adelanta la fiscalía.
En nota enviada al gerente de la CA, González le advirtió que hay varias normas, empezando por la Constitución, así como el Código Judicial y el Código de Conducta y Ética de la CA, que obligan a los servidores públicos a comunicar a las autoridades aquellas infracciones que sean de su conocimiento.
“No le corresponde al servidor público realizar juicios de valor en torno a la conveniencia o no de determinada acción, ya que frente a la supuesta afectación del patrimonio del Estado, solo está llamado a promover todas las vías necesarias en procura de esclarecer los supuestos hechos que involucran a la entidad bancaria que usted representa”, planteó el procurador a Rojas
En ese sentido, señaló el artículo 18 de la Constitución, que establece: “Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas”.
De igual forma, puso de manifiesto el artículo 1971 del Código Judicial, según el cual, en los procesos por delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública o delitos contra la administración pública que generen perjuicios económicos “será obligatoria la constitución de parte a cargo de la entidad perjudicada”.
La opinión de González surge, luego de que la CA expusiera, la semana pasada, a través de un comunicado, que “este es un proceso conducido por la Fiscalía Primera Anticorrupción, en el que la Caja de Ahorros no es denunciante, por lo que no nos compete emitir opiniones o juicios al respecto en este momento”.
El procurador le deja claro a Rojas que “se deberá llevar a cabo por parte de la Caja de Ahorros las diligencias procesales pertinentes para que esta institución del Estado se constituya en parte de la investigación procesal ya referida”.
LA APEDE SE PRONUNCIA
En un pronunciamiento sobre este proceso, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Juan Gabriel González, pidió al Ministerio Público que “no debe abusar de la detención preventiva como único medio que se tiene al respecto”.
“Consideramos que hay otras alternativas, si genuinamente se considera que hay de forma legítima la posibilidad de que un individuo pretenda escapar de las autoridades que se le ponga la detención preventiva. Existen otras alternativas, como: casa por cárcel, el impedimento de salida del país, entre otras”, dijo.
Criticó la forma como fue conducido, el lunes pasado, desde su oficina en NexTV el periodista Fernando Correa.
“Instamos a que se sepa la verdad, si hay una lesión patrimonial y si en efecto hay un hecho punible, que se responda ante él. En caso tal de que no hay una comisión de hechos de cualquiera de estos exdirectivos, que se les reivindique y se den las garantías debidas”, apuntó el dirigente empresarial.
Riccardo Francolini
