El procurador de la Administración, Rigoberto González, ordenó el archivo provisional de la denuncia presentada por Luis Eduardo Camacho contra la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, simulación de hechos punibles, calumnia en actuaciones judiciales y asociación ilícita.
Camacho -vocero del expresidente Ricardo Martinelli- denunció a Porcell después de la publicación de cinco notas en el diario La Estrella de Panamá, entre el 1 y el 5 de octubre, en las que se informó que el abogado Rogelio Saltarín "armó" diversos expedientes desde la Procuraduría General de la Nación. Camacho aportó las publicaciones periodísticas como único sustento de su denuncia.
"Los temas expuestos en la presente denuncia... no corresponden ser debatidos ante el suscrito, tomando en cuenta que se hace mención que existen procesos penales abiertos ante el ente jurisdiccional quien en todo caso le correspondería la ponderación de estos señalamientos para ser elevados por el denunciante", señala el procuradora González en su fallo, fechado el 24 de mayo pasado.
Camacho también denunció al director del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López; al exembajador de Panamá en Italia Fernando Berguido y al abogado Rogelio Saltarín (ya fallecido), de Saltarín, Arias y Asociados, firma que brindó servicios de asesoría al Ministerio de la Presidencia, para revisar, analizar, preparar y recopilar material probatorio para la presentación de acciones de índole penal "por razón de hechos que lleguen a conocimiento de funcionarios gubernamentales que se estimen puedan constituir una conducta delictiva". La firma tenía dos contratos con el Ministerio: el primero, del 2 de julio al 31 de diciembre de 2014, por $128 mil 400, y el segundo, del 2 de enero al 31 de diciembre de 2015, por $256 mil 800.
La Procuraduría de la Administración solo tenía competencia para investigar a Porcell, por lo que se remitió copia autenticada de la denuncia de Camacho a la Procuraduría General de la Nación, para que investigara lo concerniente al resto.
En relación a las notas periodísticas, González observó que las fuentes citadas no precisan o dan indicio alguno que pueda identificar "cuáles son las supuestas denuncias que se gestaron y que desde un inicio viciaron las investigaciones".
"Se puede observar que en momento alguno se llega a señalar ninguna investigación o caso en concreto en el que se haya incurrido en las supuestas irregularidades que se dicen llevaron a cabo terceras personas con miras a 'armar' o 'manipular' o 'incidir' indebidamente en funciones propias de fiscales o en decisiones de jueces o tribunales", remarca el procurador respecto a la nota publicada por el diario el 5 de octubre de 2018.
González considera que "de existir posibles irregularidades en la etapa de investigativa de toda causa penal, esto se debe plantear, debatir y resolver ante las autoridades judiciales que conocen de estas. Son dichas autoridades judiciales las que podrán determinar si la investigación se inició violando la ley, si hubo o no manipulación de pruebas y testigos y si, de haber existido, hasta dónde inciden en la causa penal como para anularla o no".
