La Corte Suprema de Justicia celebra este viernes 10 de marzo una audiencia de control para decidir si el procurador de la Administración, Rigoberto González, puede investigar a la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, por la denuncia interpuesta por el abogado Alejandro Pérez.
En la audiencia se decidirá si el procurador de la Administración, Rigoberto González, debe declarse impedido para investigar a Porcell por la denuncia en la que Pérez la acusa de abuso de autoridad, extralimitación de funciones y contra la administración pública, a raíz de una declaración que dio sobre el caso Odebrecht.
En una carta enviada el pasado 25 de enero, González solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ) José Ayú Prado, que designara a un magistrado para que actúe como juez de garantías, para así resolver si debe declararse impedido para conocer del caso, como alega Pérez.
Pérez -que es parte del equipo de abogados del expresidente Ricardo Martinelli- recordó que González "ejerció el cargo de secretario general de la Procuraduría General de la Nación en el período 2004 - 2010, [y] fue su superior jerárquico [de Porcell] (...)", dado que en ese periodo, ella fungió como subsecretaria de la misma entidad.
El artículo 74 del Código Procesal Penal dice que “el fiscal se declarará impedido o podrá ser recusado cuando existan conflictos de intereses o motivos graves que afecten su objetividad, como las relaciones de parentesco, convivencia, amistad, enemistad y comerciales con alguna de las partes, o cuando pueda existir un interés en el resultado del proceso”.
González considera que en el caso de la denuncia contra Porcell “no concurren causales de impedimento”, pero como está la petición de Pérez, “y toda vez que no existe otro agente de instrucción competente al que pueda emitir la denuncia”, considera que esta controversia debe ser elevada y resuelta por un juez de garantías.
¿QUIÉN INVESTIGA A LA PROCURADORA?
El procurador de la Administración es quien debe investigar al procurador general de la Nación en caso de ser denunciado.
Así lo estipula el artículo 5 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, según el cual el procurador de la Administración es el encargado de “instruir las sumarias a que dieren lugar las denuncias o acusaciones presentadas contra el procurador o la procuradora general de la Nación”.
