La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, emitió concepto favorable al acuerdo alcanzado entre el Estado y el conglomerado italiano Finmeccanica.
La firma del acuerdo con Finmeccanica y sus filiales, Selex, AgustaWestland y Telespazio, estaba condicionada a la obtención de la opinión favorable de la procuradora por tratarse de una transacción en que el Estado es parte, según dispone la Constitución.
El pasado 23 de febrero el presidente de la República, Juan Carlos Varela, anunció al país que se habían sostenido negociaciones con Finmeccanica para poner fin a las disputas sobre los contratos firmados por el Estado, en 2010, para la compra de 19 radares, 6 helicópteros y 1 mapa digital valorados en unos $250 millones.
Según el mandatario, con el acuerdo Panamá se libera de la obligación de instalar un sistema de radares que “no era funcional” para la lucha contra el narcotráfico.
Varela señaló que el acuerdo significaría ahorros y beneficios para el país por el orden de los $100 millones.
La procuradora Porcell, en un escrito de 11 páginas, concluye que con el documento sometido a su consideración se finiquitan “importantes asuntos litigiosos que involucran al Estado panameño y, a la vez, se permite la culminación en términos razonables de los asuntos pendientes, lo que redunda en beneficio de las partes”.
Porcell advierte que su opinión se limita a verificar el cumplimiento de las formalidades legales que deben revestir los asuntos litigiosos a transigir. Es decir, que sean jurídicamente viables y que el acuerdo no sea contrario al orden público.
ACUERDO
Según los términos convenidos por las partes, el contrato con Selex para la instalación de los radares será anulado.
Dicho contrato, firmado en 2010 por el exministro de Seguridad Pública José Raúl Mulino y prorrogado por él mismo en 2014, a escasas dos semanas de concluir su mandato, se hizo sin que existiera estudio alguno que sustentara la compra o utilidad de los equipos ni el precio pactado.
La Fiscalía Tercera Anticorrupción mantiene un caso de peculado por malversación de bienes públicos contra Mulino y su viceministro, Alejandro Garuz.
El exministro Mulino rehusó hacer públicos los términos de los contratos, alegando razones de seguridad nacional, a pesar de los constantes señalamientos hechos a los mismos mientras estuvo en el cargo.
En una clara admisión de las irregularidades en la contratación, el contratista y el Gobierno admiten en el acuerdo que el sistema contratado resultó insuficiente e inadecuado para la captura de las pequeñas embarcaciones utilizadas en el tráfico de drogas.
Consecuentemente, la empresa se compromete a retirar los radares y libera a Panamá de hacer pagos por los $51.2 millones que aún se adeudan conforme al contrato original.
Adicionalmente, Panamá recibirá un crédito por 29 millones de euros ($31.9 millones) como devolución parcial de los pagos ya efectuados.
Los reclamos de Panamá en cuanto a la existencia de sobreprecios no quedaron por fuera del acuerdo.
En el documento dado a conocer, las empresas italianas reconocen formalmente que existían unas “comisiones” a favor de Agafia Corp., una empresa que los fiscales italianos han sostenido conducía al expresidente Ricardo Martinelli y su amigo Valter Lavítola.
Lo que Panamá reclama como un sobrecosto, revertirá al país en la forma de un helicóptero ambulancia. La nave, valorada en más de 8 millones de euros, representa el equivalente al 10% del precio de los seis helicópteros comprados y el mapa digital.
En las negociaciones se pactó, además, que el mapa digital, cuyos trabajos se encuentran adelantados en un 80%, será concluido por Telespazio en nueve meses.
ASUNTOS PENALES
La procuradora destacó en su nota el hecho de que las partes hayan adquirido el compromiso de colaborar con los procesos penales en curso.
De hecho, cuando el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, envió el borrador del acuerdo a la procuradora, recalcó que el mismo no pretendía “poner término a proceso alguno de naturaleza penal contra las personas que pudieran hallarse responsables de la comisión de delitos”.
“En mi opinión, –señala la procuradora– la incorporación de esta cláusula resulta más que oportuna, pues constituye un hecho público y notorio, que tanto en Panamá como en Italia actualmente se surten investigaciones y procesos penales que guardan relación con los mencionados contratos”.
CONTRALORÍA
Según Porcell, existen en el documento aspectos de orden económico y financiero que por mandato constitucional corresponden a la Contraloría General de la República.
“Los temas económicos y financieros referentes a la disposición de fondos y bienes públicos contenidos en el acuerdo deben ser objeto de análisis por la Contraloría General”.
Consultado al respecto, el embajador de Panamá en Italia, Fernando Berguido, confirmó que el acuerdo con Finmeccanica y sus filiales, una vez firmado, requiere de la revisión y refrendo del contralor. “Así se les explicó a los italianos y se incluyó como condición en el documento negociado”.También se contempla que la Sala Tercera de la Corte Suprema levante las medidas cautelares dictadas el año pasado, suspendiendo el contrato de los radares y el del mapa digital.
