Un proyecto de fallo que circula en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declara inconstitucional el último párrafo del artículo 491-A de la Ley No 55 de 2012 (ley blindaje), que señala que si en un periodo de 10 días el magistrado fiscal no fija el plazo de finalización de la investigación de un diputado, la acción se extingue.
En el proyecto en mención, el magistrado de esa corporación Oydén Ortega Durán emitió un voto concurrente (está de acuerdo con la mayoría, pero por otras razones) en que advierte que se debió declarar inconstitucional todo el artículo 491-A y no solo el último párrafo.
Sostiene que se debe anular todo el apartado, ya que establece “un plazo acuciante, perentorio y excesivamente limitado de solo dos meses para que se pueda concluir cualquiera investigación a un diputado”. En efecto, la primera parte del mencionado artículo dice que el magistrado fiscal deberá concluir la investigación en los dos meses siguientes a su iniciación.
Ortega señala también que el proyecto presenta verdaderas imprecisiones, contrarias a la jurisprudencia del propio pleno, cuando se ha declarado inconstitucional cualquier norma violatoria del artículo 19 de la Constitución que señala: “No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
Al mismo tiempo plantea que las imprecisiones contenidas en el proyecto fueron advertidas y se solicitó que el documento correspondiente fuera presentado nuevamente al pleno de la Corte para su corrección, pero que ello nunca ocurrió.
A la vez destaca que cuando se habla de fuero o privilegios a la luz del artículo de la Constitución, se debe efectuar la comparación entre iguales, pero que el fallo insiste en comparar al diputado con el ciudadano común y no con los funcionarios que tienen la misma prerrogativa de ser juzgados por la Corte, como lo son el Procurador de la Nación, el Procurador de la Administración, el Contralor General de la República, los magistrados del Tribunal Electoral y los Ministros de Estado.
La demanda presentada por Jorge Rubio contra el último párrafo del artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 generó diferencias entre algunos magistrados.
La CSJ también debe evacuar una advertencia de inconstitucionalidad contra todo el artículo 491-A de la Ley 55 de 2012 que fue presentada el pasado 3 de julio.
A la vez, otro recurso del 3 de marzo pasado presentado por el abogado Silvio Quiñones contra cinco artículos de ese cuerpo legal, incluido el citado 491-A. Ambos se encuentran en el despacho de la magistrada Gisela Agurto.
En este caso, el procurador de la Administración, Rigoberto González Montenegro, opinó que la norma “crea un fuero no justificado que viola la Constitución”. La ley blindaje permite que los diputados solo puedan ser investigados por dos meses y el fiscal podrá solicitar un mes adicional para culminar la investigación contra algún diputado.
El pasado lunes, el magistrado Hernán De León se quejó de la demora “de algunos de sus colegas” para firmar el proyecto de fallo que declara inconstitucional el último párrafo de la ley blindaje".
