Al menos 11 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de este gobierno, son investigados por el Ministerio Público (MP), debido a supuestas irregularidades en el manejo de la cosa pública y presuntos actos de corrupción.
Varios de estos casos están en manos de la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, por tratarse de procesos en los que se vincula a funcionarios de alto perfil de la administración de Juan Carlos Varela.
Es el caso, por ejemplo, de la pesquisa al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, por presuntas anomalías en contrataciones del programa Techos de Esperanza, caso por el que también está bajo la lupa de las autoridades judiciales el jefe de la Dirección de Asistencia Social (DAS), Rafael Stanziola, a quien se le acusa de fraccionar partidas a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
En tanto, la Subsecretaría de la Procuraduría de la Nación evalúa si procesa al ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, denunciado por presuntas anomalías en un contrato para la recolección de desechos de basura hospitalaria.
Además, la Fiscalía Sexta Anticorrupción investiga a seis personas que ocuparon cargos clave en el Ministerio de Educación y renunciaron en medio de acusaciones de supuesta corrupción en procesos de compras.
La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, es la encargada de las pesquisas que sigue el Ministerio Público a Mario Etchelecu, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, por presuntas anomalías en el fraccionamiento de contratos para el programa Techos de Esperanza, una de las iniciativas insignias del gobierno del presidente, Juan Carlos Varela.
Porcell solicitó a la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, realizar una auditoría de las licitaciones abreviadas y contrataciones efectuadas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), hoy Dirección de Asistencia Social (DAS).
Por estas presuntas irregularidades, la procuradora también investiga al director de la DAS, Rafael Stanziola.
Una investigación publicada por este diario reveló que entre noviembre de 2014 y abril de 2015 el Miviot otorgó, al menos, $15.3 millones mediante licitaciones abreviadas y contrataciones a través del antiguo PAN para su programa Techos de Esperanza.
Pero Etchelecu y Stanziola no son los únicos funcionarios de la administración de Varela con casos en el Ministerio Público (MP).
Despachos judiciales tienen en la mira a más personas que han estado vinculadas con esta gestión gubernamental, aunque algunos se vieron obligados a dejar sus puestos en el gobierno en medio de las críticas.
MEDUCA
Fuentes judiciales informaron a este medio que la Fiscalía Sexta Anticorrupción, a cargo de Aurelio Vásquez, es la encargada del caso seguido a seis exfuncionarios del Ministerio de Educación (Meduca) que dejaron sus cargos en medio de un escándalo generado por presuntas irregularidades en el manejo de licitaciones en la entidad que está a cargo de la ministra Marcela Paredes de Vásquez.
Están bajo la lupa del MP los exfuncionarios Ivanessa Mojica, Mariana Castillo, Dayra García Becerra, Rodolfo Shaik y Luis Cedeño Merel, y se investiga un sexto, cuyo nombre no fue revelado. No se descarta que se vincule a otros empleados de la entidad, empresarios y contratistas del Meduca.
Las primeras pesquisas del MP en este caso detectaron anomalías en procesos sensitivos de la entidad, principalmente en el Departamento de Compras. Por este caso, la fiscalía solicitó una auditoría a la Contraloría y ha pedido al Meduca documentos relacionados con las contrataciones de esta administración.
EN EL IMA
Vielka Broce, fiscal segunda anticorrupción, es la encargada de investigar a Edwin Cárdenas, quien en abril de 2015 renunció a su cargo de director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en medio de cuestionamientos por presuntas anomalías en procedimientos de compras de la institución.
Su proceso es por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, y recientemente la Contraloría determinó en una auditoría que en este caso hubo una lesión patrimonial por $5.3 millones. El examen se realizó entre el 1 de julio de 2014 al 26 de marzo de 2015, periodo en que Cárdenas dirigió el IMA.
La entidad fiscalizadora de las finanzas públicas determinó en su reporte que hubo “ausencia de planificación en el proceso de compras, al igual que en el manejo y distribución de los productos alimenticios”.
Esto dio como resultado, destaca la auditoría, pagos “excesivos” por el trámite no oportuno de los contenedores y mercancías recibidas en los puertos navieros; y por la pérdida por deterioro y descomposición de las mercancías; y el pago de productos no recibidos en bodega.
“Los funcionarios a cargo de la administración del IMA no actuaron con la misma diligencia que un buen administrador emplearía para con sus propios bienes” dice el informe.
Cárdenas también tiene un proceso en la Procuraduría de la Administración por el nombramiento de familiares en el IMA.
EN EL MINSA
Mientras tanto, el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, fue denunciado recientemente por supuesto fraccionamiento de compras.El caso se encuentra en la subsecretaría de la Procuraduría General de la Nación, que evalúa si lo denunciado amerita una investigación. Si se encuentran elementos para abrir un proceso, este también estaría a cargo de Porcell.
La denuncia fue presentada por los abogados Francisco Zappi y Ernesto Marchosky, quienes sustentan que Terrientes habría aprobado –a través de un “convenio” con el extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN)– el fraccionamiento de contratos para el servicio de recolección, transporte, depósito y destino final de residuos hospitalarios peligrosos generados por seis hospitales.
En su momento, el Minsa informó que en 2013 y 2014 (pasado gobierno) fue que se hicieron los contratos e indicó que ese convenio venció el 21 de noviembre de 2014, sin que existiera solicitud de prórroga de parte de la entidad. Sin embargo, los denunciantes dicen que aunque las contrataciones se pactaron entre 2013 y 2014, los refrendos fueron dados en 2014 y 2015.
MINISTRO CONSEJERO
Mientras, la Fiscalía Auxiliar tiene a cargo la pesquisa sobre los señalamientos de la Policía Federal de Brasil a la firma forense Mossack Fonseca & Co., acusada de participar en un supuesto esquema de lavado de dinero en el país suramericano.
El ministro consejero Ramón Fonseca Mora es uno de los socios de esa firma, pero también es el presidente encargado del oficialista Partido Panameñista.
