André Campos Rabello, principal ejecutivo de Odebrecht en Panamá, confesó que la compañía hizo “pagos indebidos” a varios exministros y a los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.
Las declaraciones de Rabello –respaldadas con documentos– están recogidas en un acuerdo de colaboración eficaz pactado con la Fiscalía Especial Anticorrupción y que este jueves 9 de noviembre fue presentado en una audiencia oral al juez duodécimo penal, Óscar Carrasquilla, para su correspondiente validación.
Con la aceptación del acuerdo, el juez también ordenó el archivo de la causa penal respecto a Rabello, dada su condición de "colaborador eficaz", y dejó sin efecto cualquier medida cautelar personal impuesta en su contra.
El acuerdo –suscrito el 26 de julio de 2017– fue leído y sustentado por la fiscal Zuleyka Moore, quien mostró varios gráficos al tribunal explicando la ruta de los sobornos pagados.
Rabello participó en la audiencia vía Skype, desde el consulado de Panamá en Sao Paulo, Brasil, aunque su rostro no fue mostrado al público presente en la sala de audiencias. Previamente, el directivo brasileño informó al juez que él y su familia han recibido amenazas.
Todos los involucrados están imputados en la investigación que adelanta la Fiscalía Especial Anticorrupción, por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y contra la administración pública.
Rabello confesó haber pagado más de $50 millones a Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares –de actual paradero desconocido–, a través de sociedades ubicadas en distintas jurisdicciones.
Igualmente, Rabello contó que la empresa pagó $7 millones a sociedades controladas por el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, y $4 millones a la familia del exministro de la Presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu.
En los pagos a De Lima participó Olmedo Méndez Tribaldos, también imputado por este caso, y quien ya pactó un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupción, en el que reconoce los ilícitos.
En tanto, a Jaime Ford Castro, exministro de Obras Públicas, se le relaciona al pago de $1.8 millones, mientras que Carlos Ho, exdirector de Proyectos Especiales del MOP, recibió cerca de $500 mil.
También se mencionó a José Domingo Arias (Mimito). Al exministro de Vivienda y candidato presidencial por Cambio Democrático en 2014 se le otorgaron $10 millones para gastos publicitarios de su campaña presidencial.
Odebrecht también hizo pagos a la firma forense Rosas & Rosas, en la que el diputado panameñista Jorge Alberto Rosas es socio. El bufete recibió $3.4 millones en cuentas en Panamá, Antigua y Bermudas, Suiza y Andorra.
Otro beneficiario es el exembajador de Panamá en Corea del Sur Jaime Lasso. Moore precisó que el dinero que recibió Lasso de la constructora fue investigado a finales de 2009 por la entonces procuradora general de la Nación Ana Belfon, quien ordenó el archivo del expediente.
La mayoría de los pagos se hicieron a cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA).
EL ACERCAMIENTO
La fiscal Moore presentó una diapositiva que mostraba la estructura de los sobornos. "Ubicados en el primer nivel [están] los hijos del presidente del período 2009-2014", dijo al juez.
Según contó Rabello en su acuerdo con la fiscal, los Martinelli Linares se le acercaron poco después de la elección de su padre como presidente de la República, en mayo de 2009. Antes de la toma de posesión –el 1 de julio de ese año– ya los hermanos le habían ofrecido sus "servicios preferenciados" para que la empresa pudiera hacer frente a varias "dificultades" que mantenían en ese momento, por ejemplo: una deuda de $50 millones por trabajos en la autopista Madden-Colón; una adenda pendiente ligada precisamente al contrato de la autopista, y algunos "obstáculos" con el túnel y la planta de tratamiento del proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá.
"Con respecto a estas primeras dificultades, estos personajes requirieron el pago de $6 millones, los cuales se hicieron en distintas partidas, utilizando sociedades de distintas jurisdicciones", dijo la fiscal Moore al juez Carrasquilla.
"Pero el ofrecimiento del servicio preferenciado no se limitó a esta primera etapa", agregó la fiscal. Hubo el mismo acercamiento, esta vez en relación con los contratos de preservación del patrimonio histórico, la cinta costera y la adenda a la autopista Madden-Colón. En esta ocasión el monto ascendió a $49.4 millones.
"También se utilizó una estructura de otra persona a los hijos del expresidente, Riccardo Francolini [entonces presidente de la junta directiva de la Caja de Ahorros], que a través de su estructura se efectuaron pagos por $1.6 millones", indicó la fiscal.
Los $49.9 millones se repartieron en las siguientes sociedades: Kadair, $8.7 millones; Aragon, $3.5 millones; Fordel International, $8.8 millones; Pachira, $16 millones, y Mengil, $12.8 millones.
Como parte del acuerdo de colaboración eficaz, Rabello y Odebrecht entregaron a la fiscalía toda la información, documentación digital o física, datos contables o financieros, y cualquier otro elemento que identifique a los autores, partícipes o miembros del esquema de corrupción. También se comprometen a colaborar en la recuperación de los activos ligados al hecho delictivo.
LA MULTA
La fiscalía se compromete a no iniciar una nueva investigación en contra de Rabello, Odebrecht o sus filiales en Panamá. El acuerdo conlleva el pago de una multa de $220 millones –$100 millones corresponden al uso ilegítimo de la banca panameña–, pagaderos en 12 años. La empresa ya pagó $10 millones y antes de que termine el año deberá abonar $11 millones adicionales.
También se acepta el cargo del 5% del saldo pendiente, en concepto de mora por vencimiento al 31 de diciembre de cada año en el que no se haya abonado la cuantía anual correspondiente. El dinero será depositado en una cuenta en el Banco Nacional de Panamá (BNP).
Rabello explicó al juez que el acuerdo fue suscrito de manera voluntaria y sin recibir beneficios económicos o amenazas.
En la audiencia se leyó una nota suscrita por el contralor Federico Humbert, en el que manifiesta no tener objeciones económicas o jurídicas por el acuerdo pactado.
Aunque el juez cuestionó el monto de la multa acordada -$220 millones-, finalmente validó la cifra respaldada por el Ministerio Público y la defensa.
La audiencia, que empezó a las 10:18 a.m., finalizó a las 3:28 p.m.
