"El pedir la nulidad de contratos de empresas con el Estado, a nuestro entender, no es el papel de la Universidad de Panamá (UP), ya que el Estado panameño tiene las estructuras judiciales y administrativas para hacer las investigaciones pertinentes".
De esta forma contestó el rector de la UP, Eduardo Flores Castro, a la sugerencia que le hiciera un grupo de ciudadanos para que convocara al Consejo Académico y al Consejo General Universitario –máximos órganos de la casa de estudios– y que se pronunciaran sobre el escándalo que envuelve a la constructora brasileña Odebrecht. No obstante, anunció la creación de un "Observatorio Nacional sobre Contrataciones Públicas", que estará ubicado en la Facultad de Administración Pública. No detalló los objetivos y funciones del observatorio.
A través de una misiva, Flores Castro explicó que en los tres meses que tiene al frente de esa institución ha hecho esfuerzos por rescatar "el papel histórico" de la UP de ser centro de debate en los problemas nacionales. "Más que solicitar la nulidad o no de un contrato, nuestro papel es el de generar debates, foros, mesas redondas y conversatorios para orientar a nuestra población", indicó en la carta, donde se precisó que varias de estas actividades se han programado para el año entrante.
Cabe mencionar que en junio pasado, el Ejecutivo vetó por "inconveniente" los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de ley 305 de reformas a la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas. Dicho veto presidencial aún está pendiente de ser resuelto por la Asamblea Nacional.
Todo esto se dio en respuesta a la petición suscrita por Alfredo Oranges, Olimpo Sáez y Vitelio De Gracia, quienes sugirieron un pronunciamiento en firme de la UP en el sentido de que exija la suspensión y cancelación inmediata de los contratos que suscribió la empresa brasileña Odebrecht con el Estado panameño; asimismo demandaron procesar judicialmente a sus ejecutivos y secuestrar todos sus bienes que mantienen en Panamá.
Según documentos estadounidenses, Odebrecht admitió la existencia de un esquema institucionalizado de corrupción, mediante el cual pagó, al menos, 59 millones de dólares en coimas a funcionarios panameños entre 2010 y 2014.
Respuesta del Recto a la carta de Oranges, Sáez y De Gracia.@prensacom @MiDiarioPanama pic.twitter.com/ArRWZqnmNA
