El expresidente Ricardo Martinelli reclama la separación del cargo de la vicepresidenta de la República y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, a quien exige un pago de $20 millones por supuestos daños y perjuicios.
Así consta en una querella penal que Martinelli –a través de sus abogados Alejandro Pérez y Alma Cortés- presentó el pasado lunes contra de Saint Malo de Alvarado, por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública, "en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones y vulneración del derecho de defensa".
La cuantía resarcitoria –según el escrito de la querella- tiene sustentación “en el daño comercial, empresarial, bancario, social, familiar y político” supuestamente ocasionado a Martinelli, “mismo que a la fecha le han sido cerradas cuentas bancarias, de ahorros, corrientes, plazos fijos, líneas de créditos, no tiene firma en ninguna transacción económica, no tiene tarjetas de crédito ya que le fueron canceladas todas por los bancos con los que mantenía relación comercial hace más de 30 años, no ha podido realizar ninguna inversión o negocios por las restricciones que imponen bancos y empresas de las que es y fue socio” (sic).
En la lista de supuestas afectaciones se incluye a Cambio Democrático. Martinelli se presenta en la querella como “fundador y presidente nominal” del colectivo, “que le fue quitado a causa de este proceso de extradición por su ausencia, al ser detenido con la anuencia y pleno conocimiento de la señora canciller”.
En la querella se insiste en que la entrega de Martinelli a Panamá “no se ajusta a las causales de extradición establecidas en el tratado de 1904”, pese a que dos jueces federales y el Departamento de Estado estadounidenses certificaron que los delitos por los que el expresidente es investigado en Panamá, son –todos- extraditables y cumple con los convenios bilaterales y multinacionales.
[Lea aquí la nota titulada 'Estados Unidos aprueba la extradición de Ricardo Martinelli a Panamá'].
También reclaman que la vicepresidenta y canciller, durante el trámite de extradición, “en ningún momento tuvo alguna atención o se preocupó por la salud, el estado físico o demás del señor Martinelli Berrocal, mientras estuvo detenido en la cárcel de Miami”.
Martinelli se estableció en Miami en enero de 2015, dos semanas después de la detención de Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, ambos exjefes del Consejo de Seguridad Nacional. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia inició una investigación al expresidente por la interceptación no autorizada de las comunicaciones desde el referido Consejo, en los dos últimos años de su mandato.
El 21 de diciembre de 2015, el pleno de la Corte ordenó la detención provisional de Martinelli. El expresidente fue capturado el 12 de junio de 2017, cerca de su mansión de Coral Gables. El 11 de junio de 2018, fue finalmente extraditado a Panamá; desde entonces, permanece en El Renacer.
[Lea aquí la nota titulada 'Martinelli es detenido en Miami'].
En la querella penal, se acusa a de Saint Malo de Alvarado de “ocultar o rehusarse a dar información a la defensa técnica del extraditado sobre las condiciones en que sería trasladado, dónde aterrizaría el avión que lo trasladaría, qué funcionario de la Cancillería en representación del gobierno panameño recibiría al señor Martinelli Berrocal”.
La vicepresidenta se encuentra actualmente en Colombia, en la toma de posesión del presidente de ese país Iván Duque, y no se ha pronunciado respecto a la querella de Martinelli.
