El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) suma un nuevo proceso judicial.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en una sesión ordinaria celebrada este jueves 2 de febrero, decidió admitir una investigación para determinar la participación de Martinelli en el préstamo de $9 millones que la Caja de Ahorros (CA) otorgó al contratista del fallido centro de convenciones de Amador. La decisión contó con la aprobación de los ocho magistrados presentes (siete principales y un suplente).
Como fiscal fue designado el magistrado Cecilio Cedalise; el magistrado Jerónimo Mejía actuará como juez de garantías
El pasado mes de diciembre, la Fiscalía Primera Anticorrupción, entonces a cargo de Tania Sterling, remitió a la Secretaría de la Corte las sumarias luego que el nombre del exmandatario fuera mencionado como la persona que intervino para que se facilitara el préstamo a la empresa HPC-Contratas-P&V para la construcción del citado centro de convenciones.
Por el préstamo de la CA irán a audiencia preliminar, el 27 de marzo próximo, la junta directiva del banco en el quinquenio 2009-2014 -presidida por Riccardo Francolini-, el gerente y el subgerente general -Jayson Pastor y Rodrigo Arosemena Pino, respectivamente-, así como Felipe "Pipo" Virzi, Manuel Morales Diez, Ricardo "Ricki" Calvo, West Valdés e Iván Clare -estos dos últimos, exdirectivos de la casa de valores Financial Pacific-, entre otros. Francolini y Pastor están detenidos preventivamente en El Renacer.
Los casos de Martinelli los lleva la CSJ, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano.
El expresidente abandonó Panamá el 28 de enero de 2015. Las autoridades panameñas solicitaron su extradición a Estados Unidos, dado que sus abogado han informado que reside actualmente en Miami. Martinelli es requerido por la interceptación de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional.
La Corte también ha admitido denuncias contra el expresidente por la compra de alimentos deshidratados y granos con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), los indultos inconstitucionales expedidos en el ocaso de su gobierno y el pago de sobornos para favorecer a la empresa SAP con un contrato para la instalación de un software en la Caja de Seguro Social.
En total, con el recién admitido caso de la CA, Martinelli afronta ocho procesos. Adicional, la CSJ debe atender una asistencia judicial de la fiscalía federal de Suiza, para determinar si el exgobernante recibió sobornos de la empresa Odebrecht.
