El abogado Rubén Elías Rodríguez Ávila fue entrevistado la mañana de este miércoles 16 de mayo, por la Comisión de Estado por la Justicia.
Rodríguez, uno de los preseleccionados a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue juez segundo del circuito de Chiriquí (1974-1976); también ejerció como presidente del Colegio Nacional de Abogados (2009-2011).
"Lo que importa en el tema de la administración de justicia no es crear una imagen, sino crear una situación jurídica de servicio y cumplimiento a la ley, de responsabilidad y compromiso, de que la misma institución sea capaz de responder a los requerimientos de la sociedad, independientemente de la percepción e imágenes creadas”, apuntó Rodríguez al inicio de su intervención.
El jurista abogó también para que los jueces sean capaces de proyectar y hacer respetar sus propias decisiones, que "sean capaces de rescatar su propia independencia".
Subrayó que el Órgano Judicial es uno de los más importantes del Estado, donde converge "la interpretación del camino que debe seguir el país". Agregó que allí es "donde el juez, en este caso el juez magistrado, debe tener una participación dentro de la propia estructura de la organización".
A su vez, Rodríguez dijo que los magistrados que están allí y los que se nombren "deben tener la suficiente formación para entender que el trabajo que se hace debe tener armónica colaboración".
Afirmó que entre los propios miembros de la institución se debe llevar adelante un programa de fortalecimiento de la administración de justicia y rescate.
Rodríguez dejó claro también que, de llegar a la Corte, "no voy a retar a ningún magistrado... hay que respetar la institucionalidad".
"No voy a criticar a ningún magistrado, pero sí voy a hacer que las decisiones que se adopten en esa alta corporación de justicia sean consecuentes con la necesidad jurídica de este país, y sobre todo con abierto compromiso con la paz social", añadió.
El proceso de entrevistas a los aspirantes a la CSJ culminará el 18 de mayo próximo. El informe final debe estar listo el 15 de junio, para luego remitirlo al presidente Juan Carlos Varela, quien junto con el Consejo de Gabinete nombrará a los dos magistrados (uno para la Sala Penal y otro para la Sala Civil).
Los nombramientos del Ejecutivo deben ser ratificados por la mayoría absoluta (36 votos) de la Asamblea Nacional.
