Durante la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), se presentó el informe sobre la situación de libertad de expresión en Panamá, en el que se hizo un llamado de atención sobre las “declaraciones recurrentes” del presidente panameño Juan Carlos Varela, en los últimos dos meses, sobre el desempeño de los medios de comunicación y las redes sociales.
En el referido informe presentado ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se recogieron los señalamientos de Varela en una reunión con empresarios, donde criticó a los canales de televisión que “pasaron ocho veces en su noticiero de dos horas noticias relacionadas con temas de delincuencia”. El presidente también expresó su molestia por la divulgación de hechos delincuenciales, al asegurar que “la inseguridad es parte de la vida del país… Pero hay algunos medios de comunicación obsesionados con crear una percepción caótica”. En agosto pasado, en la provincia de Bocas del Toro, se quejó por los comentarios de los que critican su gestión, a través de las redes sociales.
En el informe, que se leyó la mañana de este sábado 15 de octubre durante la asamblea general de la SIP que se celebra actualmente en México, se pone de manifiesto una serie de iniciativas legislativas que limitarían el ejercicio del periodismo. En el Parlatino, cuya sede está en Panamá, se mantiene un proyecto presentado por el diputado ecuatoriano Octavio Villacreces, que busca dictar una ley marco de comunicaciones para los países miembros del organismo, que establecería mecanismos de control por parte del Estado para “monitorear, advertir y promover” los contenidos en los medios.
Igualmente, en la Asamblea Nacional está pendiente de discusión en segundo debate el proyecto de ley que reforma el Código Electoral y que incorpora modificaciones que afectarían la libertad de expresión, el libre ejercicio de los medios de comunicación y atentaría a la libertad de prensa, como por ejemplo: topes al financiamiento privado a las campañas electorales, establecimiento de descuentos fijos obligatorios a los medios de comunicación por razón de la pauta publicitaria en las campañas y el requisito de obtención, por parte de los medios de comunicación, de autorización del Tribunal Electoral para divulgar propaganda política. “Se piensa que esta carga debe ser de las agencias de publicidad y no de los medios”, señala el informe.
Del mismo modo, hay un proyecto de ley sobre restricciones a la publicación de clasificados, “considerado también una afectación a la libertad de prensa”.
También se consideró la situación del Grupo Editorial GESE (que publica los diarios La Estrella y El Siglo), que se enfrenta ante la posible suspensión de sus operaciones, luego de la inclusión de su principal accionista (Abdul Waked) en la Lista Clinton de actividades ligadas al terrorismo y el narcotráfico, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde mayo pasado.
Aunque GESE tiene una licencia que le permite mantener relaciones comerciales y financieras con empresas y ciudadanos estadounidenses y el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, ha declarado que los diarios no están vinculados a actividades ilícitas, “la realidad ha sido que la situación de los periódicos ha quedado gravemente comprometida en su situación operacional, pérdida de clientes y pauta publicitaria, deterioro de la relación con proveedores, asfixia del sistema financiero y bancario y afectaciones al recurso humano, teniendo que reducir su planilla en cerca de un 20%”, señala el informe presentado ante la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
Lourdes de Obaldía, directora del diario La Prensa y vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP, sobre ese tema agregó: “Un diario menos en Panamá es una tragedia para un país pequeño como el nuestro”. El cese de operaciones de un periódico, “sería una tragedia para la libertad de expresión en Panamá”.
También se informó a la SIP sobre la conducción, indagatoria y detención provisional de Riccardo Francolini, presidente de la Compañía Digital de Televisión, S.A. (que opera NexTV), propiedad del expresidente Ricardo Martinelli. Se manifestó que a pesar de que en la investigación se pudo constatar que los hechos que atañen a Francolini no guarda relación con su cargo de presidente de un medio de comunicación, sino con desempeño como directivo del banco estatal La Caja de Ahorros, en el gobierno pasado.
En un balance sobre la actividad regional en el último semestre, la Comisión de Libertad de Prensa e Información hizo énfasis en los graves desafíos que enfrenta la profesión, “no solo por su crudeza sino por su diversidad ante la acción de viejas y nuevas amenazas”.
En lo que va de año, se han reportado el asesinato de 20 periodistas, 11 de ellos en México. Según cifras de la mexicana Comisión Nacional de Derechos Humanos, se registra la agresión de un periodista o medio cada 22 horas.
En Colombia, Ecuador, Bolivia, Cuba y Honduras se observó un deterioro marcado en la vigencia de la libertad de expresión, “que como sabemos, nutre a todas las demás libertades”.
“Venezuela destaca sin duda entre los casos en donde el clima de hostigamiento exhibe mayor crudeza”, señala la Comisión en su informe.
Los ataques cibernéticos o las campañas de desprestigio pagadas desde redes sociales son una nueva frontera de las formas de censura. “De ahí la importancia de que se esté lanzando con la colaboración de Google, el ‘Proyecto Escudo’ o ‘Shield?, que busca dotar sin costo alguno, a editores y ciudadanos de una herramienta que los proteja de este tipo de ataques”.
En Colombia, el secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la periodista de El Tiempo de Bogotá y El Mundo de España, Salud Hernández Mora, así como de los comunicadores Diego D’Pablos y Carlos Melo, del Canal RCN, en la región de Catatumbo, constituyó el hecho más relevante en los últimos seis meses. Los tres fueron liberados a los pocos días, tras el revuelo que causó el hecho en distintos medios.
En Argentina, el 2016 es un año en que se constata un giro radical en la relación del poder políticos con los medios de comunicación. La Secretaría de Medios de la Nación emitió una resolución que auto limita las facultades estatales en materia de adjudicación de publicidad oficial. Se recuperaron las conferencias de prensa del Presidente con sus ministros, como práctica periódica.
“Cabe agregar que a 20 meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, caso que hemos resaltado en informes anteriores en la SIP, la prensa argentina sigue acompañando fuertemente los pedidos para su esclarecimiento”, señala el informe.
En Venezuela, los ataques a la libertad de expresión se han incrementado y expandido. A esto se le suma que los medios impresos están imposibilitados por el gobierno para adquirir papel prensa, por lo que algunos periódicos han tenido que cerrar, manteniendo presencia en la web, mientras que los medios radioeléctricos no se les renuevan las concesiones. Siguen produciéndose ataques a las sedes de algunos medios de comunicación. Se les dispara durante las noches. Se les lanzan excrementos, como en el caso de El Correo del Caroní y El Nacional, o incluso, bombas molotov con el objetivo de provocar un incendio.
Varios funcionarios del gobierno tienen programas de televisión y radio que usan para amedrentar, difamar y atacar la credibilidad de los periodistas independientes. En esto se destacan entre otros, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, José Vicente Rangel y Francisco Ameliach.
El 3 de septiembre el editor jefe del portal web Reporte Confidencial, Braulio Jatar, fue detenido junto a una treintena de personas, tras el altercado en Isla Margarita. Todos fueron liberados durante ese fin de semana menos el periodista chileno-venezolano. Es el único editor y dueño de medio preso en Venezuela junto a reos comunes, según su hermana Ana Julia.
El 14 de septiembre la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertaron sobre un deterioro de la libertad de prensa en Venezuela. Los relatores sobre la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, y de la Comisión, Edison Lanza, llamaron la atención en un comunicado conjunto sobre detenciones, interrogatorios y confiscación de equipos de al menos siete periodistas y trabajadores de los medios en días recientes.
En la presentación del informe sobre Venezuela, Miguel Henrique Otero dijo haber documentado hasta 40 casos de ataques a periodistas y medios en los últimos seis meses.
En Ecuador, la censura y persecución a los medios de comunicación, en especial los digitales, se incrementó de manera notable en estos seis meses. Portales como FocusEcuador, Mil Hojas, Plan V y 4Pelagatos recibieron ataques informáticos. Las redes sociales también recibieron denuncias aduciendo copyright por parte de la Secretaria Nacional de Comunicación, la que logró suspender temporalmente cuentas en Twitter.
Otro de los recursos utilizados desde el poder son las cadenas nacionales camufladas como réplicas. En estos espacios se desprestigia, acosa y persigue a periodistas, políticos y medios de comunicación. En sanciones a medios escritos, se destacó la impuesta a Diario El Universo. El rotativo publicó bajo protesta cuatro réplicas y rectificaciones impuestas los días 17 y 18 de junio por funcionarios estatales. Todas ellas llegaron a la redacción previamente diagramadas y tituladas. El periódico aseguró, en cada una de las notas impuestas, que se vio en la obligación de publicarlas para evitar nuevas multas de la Superintendencia de la Información y Comunicación que comprometen la economía del diario.
En abril, tras la divulgación de documentos de la firma panameña Mossak Fonseca por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el presidente Rafael Correa, a través de sus cuentas en redes sociales, expuso los nombres, medios y cuentas de Twitter de cada uno de los seis periodistas que, desde Ecuador, aportaron en la investigación.
En Estados Unidos, por iniciativa de la SIP, en septiembre pasado se envió una carta a Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, en la que 40 organizaciones declararon que el nivel de transparencia en el gobierno federal había empeorado. La nota fue en respuesta a un artículo de opinión de Earnest en el que destacaba supuestos avances en materia de transparencia y afirmaba que los medios debían reconocer esos esfuerzos. En su misiva, las organizaciones respondieron que la transparencia se ha deteriorado y destaca los bloqueos a peticiones de periodistas para hablar con personal de la Casa Blanca, retrasos excesivos en respuesta a las solicitudes de entrevistas y exclusión de periodistas críticos por parte de agencias federales.
En Perú, la exacerbación disminuyó a partir del 28 de julio pasado, cuando asumió el presidente Pedro Pablo Kuczynski, luego de una ajustada victoria electoral en segunda vuelta ante Keiko Fujimori.
En Brasil, como es predecible en periodos electorales –sobre todo este año, cuando la situación política se hizo especialmente tensa con la destitución de Dilma Rousseff y el ascenso de Michel Temer-, hubo un aumento en los casos de censura y solicitudes de eliminación de contenidos periodísticos en plataformas digitales por la vía judicial. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (ABRAJI), sostiene que partidos, políticos y fiscales realizaron al menos 105 acciones contra 99 medios de comunicación a fin de eliminar de internet ciertas informaciones o impedir la divulgación de hechos considerados perjudiciales para sus pretensiones electorales.
En Nicaragua, en este período se ha agravado el autoritarismo del gobierno de Daniel Ortega, generándose mayores riesgos para la libertad de prensa y la democracia. No solo no hay acceso a la información pública, sino que a los pocos medios independientes se les negó cubrir los desfiles de las fiestas patrias y ya no hay conferencias de prensa de ninguna entidad estatal. A todos los funcionarios, incluidos los diputados del FSLN, se les prohibió hablar, hacer comentarios o contestar preguntas sobre la compra de 50 tanques de guerra que supuestamente el gobierno compró por $80 millones a Rusia.
Existen cada vez menos medios independientes, un solo canal abierto y algunos de cable. La publicidad estatal es manejada como que si fuera privada de quienes detentan el poder, solo en sus medios y sobre todo en los rótulos de carretera que abundan con la efigie del presidente Ortega y su esposa, hoy candidata a la vicepresidencia de la República.
Lo más inquietante es la agravante situación política. Ortega consiguió el control absoluto de todos los poderes del Estado, incluyendo al Consejo Supremo Electoral de cara a las elecciones del 6 noviembre.
En Bolivia, la violencia contra reporteros y camarógrafos durante la cobertura de los bloqueos de carreteras en la ruta La Paz Oruro, protagonizados por mineros cooperativistas entre el 22 y el 25 de agosto de 2016, terminó con el asesinato del viceministro de Seguridad Interna Rodolfo Illanes y la muerte de cinco trabajadores. Esto generó un ambiente de temor, por el interés de la fiscalía para obtener información, imágenes y videos de uso periodístico para fines de investigación policial.
En Cuba, la prensa independiente ha estado marcada por dos fenómenos contrarios: la censura y el crecimiento. A pesar de los obstáculos materiales y legales que la limitan, ha vivido meses de creatividad, diversificación de sus temas, nuevas propuestas formales y de un salto cualitativo en sus propuestas. Por su parte, la prensa oficial ha hecho un esfuerzo por retomar temas y perspectivas más cercanas a la ciudadanía, pero no logra desmarcarse de los férreos límites partidistas.
Los grandes obstáculos para la publicación digital se mantienen. Entre ellos la poca y costosa conectividad; el acoso y la represión institucional contra los periodistas independientes, que incluyen detenciones, citaciones policiales, interrogatorios amenazantes y confiscaciones de útiles de trabajo. Además, la ausencia de un marco legal que regule la libertad de prensa y proteja a los profesionales.
La autocensura sigue siendo una de las prácticas más habituales de los periodistas que laboran en medios oficiales, ante el temor de recibir represalias si se atreven a tocar temas considerados tabú por el Gobierno
El 20 de marzo, unas horas antes de la llegada del presidente estadounidense Barack Obama, fueron detenidos Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de la Agencia Hablemos Press, y el reportero Rolando Reyes Rabanal. Junto a ellos se hallaban el periodista holandés Erik Mouthaan y su camarógrafo, que también resultaron retenidos por unas horas. Durante las jornadas en que Obama estuvo en la isla, se reportaron "más de 300 detenciones arbitrarias por motivos políticos", según declaraciones de Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
El Gobierno cubano extremó los controles contra la prensa independiente en los días posteriores al paso Matthew. Varios reporteros no oficiales que planeaban acercarse a esa área sufrieron amenazas, detenciones y confiscaciones de sus materiales de trabajo.
Una investigación periodística llevada a cabo por reporteros de 14ymedio destapó en septiembre pasado que el Gobierno implementa un filtro a los mensajes de solo texto (SMS) que se envían a través de la red celular. Los mensajes que incluyen alusiones a los "derechos humanos", "huelga de hambre", el nombre de opositores como "José Daniel Ferrer" o de la revista independiente "Convivencia", son cobrados por la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) pero nunca llegan a su destino. El filtrado de correo electrónico y la suspensión del servicio de telefonía celular también se mantienen como formas de represalia contra activistas y periodistas independientes por su trabajo.
En El Salvador, sigue existiendo -desde el poder judicial- control y ocultamiento de la información pública, que impide saber sobre irregularidades en el manejo de fondos públicos y esclarecer casos criminales de tráfico de influencias. Por petición de la Fiscalía General, su contraparte en Estados Unidos (el Departamento de Justicia) entregó a las autoridades judiciales un informe completo que dejó al descubierto la estructura de fraudes cibernéticos que se habían montado para atacar medios de comunicación.
En Chile, la presidenta Michelle Bachelet interpuso una querella por los delitos de calumnia e injuria contra cuatro periodistas de la revista Qué Pasa, perteneciente al Grupo Copesa. La publicación cuestionada reprodujo una escucha telefónica (filtrada a la prensa), de uno de los imputados en la investigación que conduce el Ministerio Público sobre supuestos negocios ilícitos de la empresa de un hijo y la nuera de la presidenta. Esta investigación criminal se inició tras investigaciones de Qué Pasa en febrero de 2015.
Es inédito que un Jefe de Estado presente una querella contra un medio "en su calidad de ciudadana" y con la finalidad de demandar mayor ética y responsabilidad informativa. La presidenta decidió luego retirar la querella, hace dos semanas.
En Guatemala, el 25 de junio fue ultimado Álvaro Alfredo Aceituno López, periodista y director de la emisora Estéreo Ilusión, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. El periodista de 65 años de edad falleció horas después de haber sufrido un ataque armado a pocos metros de su residencia. Conducía el programa de noticias Acontecer Coatepecano y el segmento titulado "Si usted no lo dice, quién lo dirá", en el que abordaba temas de salud, seguridad, educación y sobre la administración local, entre otros temas de interés para la comunidad.
Hay otros cinco periodistas asesinados en el último semestre; se investiga si sus muertes están vinculadas con la actividad profesional.
También se pudo de manifiesto la intolerancia a la crítica por parte del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y del vicepresidente, Jafeth Cabrera, quienes en diversas actividades han objetado y descalificado a los medios.
