La entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial –Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién y las comarcas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan– dejó al descubierto que la violencia doméstica, robos, hurtos y casos relacionados con drogas son los hechos delictivos más comunes.
Según cifras del Órgano Judicial, de los 3 mil 620 casos llegados al Ministerio Público en el primer mes del nuevo sistema en la referida jurisdicción, un amplio porcentaje está vinculado con estos delitos.
La cifras revelan, además, que las audiencias de control de aprehensión y formulación de cargos demoran un promedio de 24 minutos, y que muchos casos se resuelven sin ir a juicio.
SPA ATIENDE 3 MIL 620 CASOS
Durante el primer mes de vigencia del sistema penal acusatorio (SPA) en el Primer Distrito Judicial, que comprende las provincias de Panamá, Colón, Panamá Oeste y Darién, y las comarcas Guna Yala, Wargandí y Emberá Wounaan, el Ministerio Público recibió 3 mil 620 casos y efectuó 223 audiencias públicas.
Datos del Ministerio Público y el Órgano Judicial detallan que la diferencia entre los procesos y audiencias efectuadas se debe a que muchas de las denuncias que dan origen a los casos no son acogidas por falta de pruebas, y otro porcentaje es investigado aún.
Según las proyecciones oficiales, si se mantiene el ritmo de casos del primer mes, al cierre del primer año el SPA en el Primer Distrito Judicial habrá atendido al, menos, 33 mil procesos, 3 mil más que los 30 mil registrados en Coclé y Veraguas (Segundo Distrito Judicial) durante los últimos cinco años.
Delia de Castro, coordinadora de la Oficina de Implementación del SPA en el Ministerio Público, detalló que en el área metropolitana de la ciudad de Panamá se han reportado 2 mil 300 casos, en su mayoría hurtos, robos y episodios de violencia doméstica.
Precisó que en algunos casos de robo y estafas menores se han logrado acuerdos de pena, en los que las partes pactaron un resarcimiento antes de llegar a la fase de juicio.
Dijo que en un alto porcentaje de los casos que el Ministerio Público ha llevado ante los jueces de garantías, estos han legalizado la detención de los sospechosos.
La funcionaria informó que en la provincia de Panamá Oeste hubo 715 casos (en su mayoría de violencia doméstica) y en Colón, 397.
De Castro calificó como exitoso el primer mes de implementación del SPA, ya que, a pesar del gran volumen de casos registrados, se han podido evacuar de manera exitosa.
Dijo que los funcionarios han tenido que ajustarse al nuevo sistema de turnos rotativos para la atención de los casos, y los fiscales a la necesidad de ser más activos y tener una mayor inmediación en cada caso.
A la vez, recalcó que la coordinación que se lleva con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y con la Policía Nacional ha sido efectiva.
No obstante, reconoció que aún es necesario realizar algunos ajustes para lograr una mayor optimización de este trabajo.
A la vez, sostuvo que no se trata solo de un tema que va más allá de la mera aplicación de un nuevo modelo de gestión, sino que se trata de una prueba para todo el país en cuanto a la modernización de sus estructuras.
En este punto, dijo que si se hace una comparación con el sistema mixto inquisitivo, en ocho meses con suerte se habría realizado una audiencia, pero ahora ya han efectuado cientos de audiencias y concretaron acuerdos de pena en casos que no llegaron a juicio y fueron resueltos en 26 horas.
Esto indica, dijo, que el sistema tiene una mejor respuesta en cuanto a la velocidad de manejo de los casos y a la eficiencia en la toma de decisiones por parte de los fiscales, quienes logran un mayor acercamiento en cada caso.
Explicó que las áreas de mayor actividad en el primer mes de funcionamiento del SPA han sido la de litigación temprana y atención primaria –en la que se reciben los casos–, aunque el área de investigación comenzará un poco más tarde, ya que tendrán hasta seis meses para investigar.
A su juicio, en este aspecto es básico que la Policía, al ser la primera en llegar a la escena de un crimen, logre preservar las evidencias para que los peritos del Imelcf puedan levantarlas y llevarlas a los laboratorios, respetando la cadena de custodia.
Ahora, en la segunda fase del SPA, se requerirá más personal, sobre todo funcionarios que se encargarán de la investigaciones en aquellos procesos en los que no se llegue a un acuerdo y deban ir a juicio oral, pero que son casos excepcionales o complejos, etapa que, al igual que la primera, debe ser dirigida por el fiscal y validada por el juez de garantías.
Dijo que en el caso de los homicidios, por tratarse de hechos más complejos, llevará un tiempo de investigación más prolongado –usualmente seis meses– y si son más complicados se les puede extender ese lapso.
Añadió que en estos casos también entra en funciones la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, que se encarga de dar atención a las víctimas o testigos de un acto delictivo.
Recalcó que esta oficina se encarga de velar para que no se revictimice a una persona afectada por un hecho delictivo, de darle atención sicológica y en el caso de los testigos garantizar su protección.
PANAMÁ TIENE ALTA INCIDENCIA DE CASOS
Según un informe del Órgano Judicial, de las 223 audiencias realizadas en el primer mes, 197 fueron ante un juez de garantías, 20 en el tribunal de apelaciones y 6 ante jueces de cumplimiento.
Entre los delitos de más incidencia se encuentran los robos, delitos relacionados con drogas, contra la propiedad intelectual, lesiones personales, violencia doméstica, contra la libertad sexual y homicidios.
Solo en la provincia de Panamá, incluyendo el distrito capital y San Miguelito, se realizaron 142 audiencias, mientras que en Panamá Oeste se verificaron otras 40, en Colón 33 y en Darién, las restantes 8.
De acuerdo con el informe, en las salas de audiencia de la provincia de Panamá, ubicadas en Plaza Ágora, se hicieron 120 audiencias orales, 104 de estas ante un juez de garantías, 12 por apelaciones y 4 de cumplimiento.
El informe también destaca que en las audiencias realizadas en estas salas se dictaron 21 condenas.
En la provincia de Panamá, de las 104 audiencias de garantías realizadas, 21 fueron por delitos relacionados con drogas, 27 por robo, 17 por delitos contra la propiedad intelectual, 8 por posesión de armas, 5 por corrupción de servidores públicos y 4 por violencia doméstica.
Mientras que en la provincia de Panamá Oeste, de las 40 audiencias de garantías llevadas a efecto, 12 fueron por delitos contra el patrimonio, 12 por violencia doméstica, 8 por delitos contra el patrimonio económico y 7 por delitos relacionados con drogas, entre otros.
Grisel Mojica, coordinadora general del proyecto de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, opinó que el modelo instalado en Panamá es similar al de otros países, aunque aquí se ha logrado una mayor velocidad en la realización de las audiencias de garantías y el alcance de acuerdos de pena de forma eficaz.
Mojica indicó que este es el factor más importante del SPA: lograr acuerdos y soluciones alternas a los conflictos judiciales, y evitar que los casos lleguen a la fase de juicio, sobre todo si se trata de casos no complejos.
Reconoció que la implementación paulatina del SPA ha permitido ir corrigiendo errores y que los funcionarios judiciales del Primer Distrito Judicial tuvieran un entrenamiento previo intenso y efectivo en la tramitación de los casos.
No obstante, estimó que es un proceso paulatino de aprendizaje, que requiere de apego a las normas y de un esfuerzo de todas las instituciones relacionadas con la operación de la justicia.
La implementación del SPA en el Primer Distrito Judicial implicó que entre 8 mil y 10 mil procesos que se encuentran en el antiguo sistema inquisitivo fueran movidos hacia las denominadas fiscalías de Descarga y Liquidación.
En este escenario, abogados litigantes y usuarios del sistema han hecho duras críticas tanto al Ministerio Público como al Órgano Judicial.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, reconoció que existe un problema grave en las fiscalías de Descarga, debido al gran volumen de expedientes que les han llegado de momento.
Castillo detalló que una fiscalía que en promedio manejaba de 200 a 300 expedientes, ahora debe enfrentar el reto de evacuar el doble o el triple de ese número, con menos personal y menos recursos.
Consideró que se debió haber previsto la dificultad de la falta de recursos y hacer una distribución más equitativa de la carga de trabajo para cada una de las fiscalías que vería los casos del sistema inquisitivo.
También estimó que aún es muy prematuro para hacer una evaluación efectiva de la implementación del SPA en el Primer Distrito Judicial y establecer si la preparación de los jueces fue buena, si aplican las normas con criterios efectivos y no incurren en errores, como los de la jueza de garantías de Chiriquí Mixila Méndez, que fue destituida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia luego de haber otorgado una medida cautelar de provincia por cárcel a cuatro costarricenses detenidos con 500 kilos de cocaína.
Estos son aspectos –puntualizó– que solo pueden ser analizados cuando el sistema ya tiene algún tiempo de estar operando y se conoce si los funcionarios tienen la debida preparación para ejercer cargos de jueces de garantías y apelaciones.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, reconoció que existe cierta molestia por parte de los abogados litigantes en cuanto a la facilitad para ubicar los expedientes de descarga (Ver nota relacionada).
Araúz detalló que una de las quejas más frecuentes de los abogados es que al preguntar por un expediente, estos no son ubicados con rapidez, al tiempo que no pueden presentar escritos ni analizar el avances del caso.
No obstante, dijo que el Ministerio Público se comprometió durante una reunión celebrada la semana pasada a subsanar estas dificultades, ya que en las primeras semanas del traslado de expedientes estaban en fase de digitalización y ordenamiento en los despachos.
Así mismo, explicó que durante un recorrido realizado por algunas fiscalías de Descarga se conoció que se ha destinado personal especializado para la captura de información de los expedientes y su digitalización.
Afirmó que información suministrada por la fiscal superior de Descarga, Katya Meléndez, da cuenta de que se están capturando entre 700 y 800 expedientes por día para luego llevarlos al sistema y que inmediatamente puedan ser consultados.
Estimó prudente otorgar un período de tiempo al Ministerio Público para que puede solventar esta situación y evitar demoras en la tramitación de los expedientes que quedaron pendientes del sistema inquisitivo.
No obstante, indicó que el Colegio Nacional de Abogados seguirá haciendo recorridos por los despachos para conocer los avances del nuevo sistema y de la descarga de los expedientes del sistema inquisitivo.
Abogados litigantes se quejan
Un “alto grado de desorganización” se registra en las fiscalías de descarga del Ministerio Público, denunciaron abogados litigantes. De acuerdo con los denunciantes, en ocasiones se desconoce el paradero de los expedientes, ya que el reparto de estos fue realizado, según ellos, sin criterio lógico.
En este sentido, dijeron que todos los recursos y funcionarios fueron destinados al SPA y por consiguiente los casos del sistema inquisitivo quedaron de lado. Ángel Álvarez, abogado litigante, aseguró que en ocasiones, al acudir a las fiscalías de descarga, se le informa de la imposibilidad de ubicar sus expedientes, lo que le impide presentar recursos en tiempo oportuno a favor de sus clientes. En ese mismo sentido se expresó el abogado Aldo Ayala, quien afirmó que la desorganización en las fiscalías de descarga implica retrasos para la evacuación de los procesos. Ayala recalcó que hizo falta una mejor planificación de los efectos que tendría la aplicación del SPA en el Primer Distrito Judicial, donde se tramita la mayor cantidad de expedientes del país. Mientras que Carlos Herrera Morán consideró que si bien el SPA es un avance significativo en materia de administración de justicia, la organización y la asignación de recursos para la contratación de personal no han sido óptimas. Morán dijo que es obvia la falta de fondos para la contratación de personal para solventar el desahogo de los expedientes que han quedado como remanentes del sistema inquisitivo. A su juicio, no es justo que se asigne gran cantidad de recursos para evacuar los casos judiciales nuevos y aquellos con meses y años en el sistema tengan que seguir esperando por la falta de planificación. Dijo que los abogados litigantes deben exigir al Ministerio Público y al Órgano Judicial el mismo tratamiento para todos los procesos judiciales, ya que algunos casos se resolverán a gran velocidad y otros permanecerán rezagados.
