La Fiscalía Tercera Anticorrupción culminó la tarde de este viernes la indagatoria a el exdirector de la Caja de Seguro Social Guillermo Sáez-Llorens por una investigación relacionada con el alquiler de 32 locales y lotes de terreno en Pedregal.
Acompañado de su abogado Carlos Carrillo, Sáez-Llorens indicó que el contrato que se está investigando fue aprobado por la junta directiva de la Caja de Seguro Social.
"Nosotros presentamos toda la documentación, y contestamos todas las preguntas y estamos siempre disponibles", dijo Sáez-Llorens.
Carrillo, por su lado, dijo que la fiscalía no aplicó ninguna medida cautelar a su cliente.
Todo se remonta a 2012, cuando la CSS alquiló 32 locales y un lote de terreno ubicados en la plaza comercial El Cruce, en Pedregal, propiedad de Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.
El propósito era utilizar este espacio físico para brindar algunos servicios de salud y de tipo administrativo, pero de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público dichos espacios físicos nunca se usaron para esos propósitos.
Por este caso, la Fiscalía le formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
A su llegada a la Fiscalía, Carrillo indicó que pese a las denuncias, los locales en cuestión sí fueron ocupados.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Pedro Montañez, quien dijo a este medio que estos locales “nunca fueron ocupados”. Contó, además, que en su momento Sáez-Llorens dijo que ahí se guardarían medicamentos que reposaban en locales en Curundú que iban a ser demolidos.
El costo de alquiler se negoció en $36 mil 800 por mes durante 36 meses, según documentos oficiales.
El sindicalista Guillermo Puga, quien era miembro de la junta directiva de la CSS cuando Sáez-Llorens sustentó la contratación, recordó que en ese momento el entonces funcionario dijo que el arriendo era “urgente”, porque los edificios 10-10 y 10-15 que tiene la entidad en Curundú iban a ser demolidos por la construcción de la primera línea del Metro. “Los edificios nunca fueron demolidos”, dijo Puga, quien rindió declaración jurada por este caso. “No fue real lo que se planteó en la directiva”, acotó.
El uso de los fondos para el alquiler de estos depósitos fue autorizado por la directiva de la CSS en 2012.
