Un contrato de arrendamiento pactado por la Caja de Seguro Social (CSS) tiene en apuros al exdirector y exsubdirector de esa entidad, Guillermo Sáez-Llorens y Marlon de Souza, respectivamente.
Todo se remonta a 2012, cuando la CSS alquiló 32 locales y un lote de terreno ubicados en la plaza comercial El Cruce, en Pedregal, propiedad de Irnico, S.A., del empresario Fotis Taquis.
El propósito era utilizar este espacio físico para brindar algunos servicios de salud y de tipo administrativo, pero de acuerdo con una denuncia presentada ante el Ministerio Público dichos espacios físicos nunca se usaron para esos propósitos.
Por este caso, Sáez- Llorens debe rendir declaración indagatoria hoy ante la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que le formuló cargos por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
De Sousa fue indagado ayer y deberá volver el lunes para notificarse de una medida cautelar. Deberán comparecer también funcionarios de la Dirección de Administración y Finanzas de la CSS.
La denuncia fue presentada por el ciudadano Pedro Montañez, quien dijo a este medio que dichos locales “nunca fueron ocupados”. Contó, además, que en su momento Sáez-Llorens dijo que ahí se guardarían medicamentos que reposaban en locales en Curundú que iban a ser demolidos.
El costo de alquiler se negoció en $36 mil 800 por mes, durante 36 meses, según documentos oficiales.
El sindicalista Guillermo Puga, quien era miembro de la junta directiva de la CSS cuando Sáez-Llorens sustentó la contratación, recordó que en ese momento el entonces funcionario dijo que el arriendo era “urgente”, porque los edificios 10-10 y 10-15 que tiene la entidad en Curundú iban a ser demolidos por la construcción de la primera línea del Metro.
“Los edificios nunca fueron demolidos”, dijo Puga, quien rindió declaración jurada por este caso. “No fue real lo que se planteó en la directiva”, acotó.
El uso de los fondos para el alquiler de estos depósitos fue autorizado por la directiva de la CSS en 2012.
Este medio llamó a Sáez- Llorens y a de Souza para que dieran su versión, pero no respondieron. El que sí lo hizo fue Carlos Carrillo, abogado del exdirector de la CSS, quien dijo que su cliente acudirá a la fiscalía porque está dispuesto a cooperar.
Sáez-Llorens tiene otros dos procesos en el Ministerio Público, uno tiene que ver con la muerte de neonatos en 2013 y otro guarda relación con la ciudad hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud.
