Las indagatorias realizadas al comerciante Cristóbal Salerno y al exjefe de la Dirección General de Ingresos Luis Cucalón fueron leídas, la mañana de este viernes 12 de junio, dentro de la diligencia de careo que se efectúa en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción.
Esta oficina investiga las operaciones de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A., que fue contratada por el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) para tramitar el cobro de impuestos morosos.
A la 1:30 p.m. la diligencia entró en receso; se reanudó pasada las 2:30 p.m.
Fuentes del Ministerio Público informaron que a las 6:30 p.m culminó el careo. Ambos fueron trasladados en carros. Cucalón a la Dirección Nacional de Inteligencia Policial en Ancón mientras que Salerno fue llevado a su domicilio en Punta Pacífica, al tener una medida de casa por cárcel.
El careo fue ordenado para precisar por qué Salerno giró cheques por hasta $5.8 millones a Cucalón. El primero declaró que los pagos los reclamaba Cucalón para agilizar el pago de comisiones a Cobranzas. La defensa de Cucalón, en cambio, dice que esos cheques son el pago por una antigua deuda.
HABLA LA DEFENSA DE CUCALÓN
Víctor Chan, abogado de Cucalón, dijo que se preparar para repreguntar a los 22 testigos que han sido llamados en este caso.
Anunció su intención de llamar a "los antiguos superiores del señor Cucalón... Posiblemente sea el señor [Alberto] Vallarino, posiblemente sea el señor Dulcidio [de la Guardia]".
Vallarino era el ministro de Economía y Finanzas cuando se pactó el contrato de exclusividad con Cobranzas del Istmo; De la Guardia -actual titular del MEF- era el viceministro.
Incluso, señaló que pedirá enviar un cuestionario al actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, quien para el momento de la firma del contrato entre Cobranzas del Istmo y el Estado se desempeñaba como coordinador legal del viceministerio de Finanzas.
Por su parte, el abogado Carlos Benítez, también de la defensa de Cucalón, insistió en que la declaración de De la Guardia es de suma importancia, ya que es muy mencionado dentro de esta investigación.
Como prueba de esto presentó una carta, del 8 de abril de 2011, que De la Guardia envió al procurador general de la Nación encargado de ese momento, Ramsés Barrera. En la misiva, responde a Barrera sobre el procedimiento de contratación pública para la prestación de servicios de gestor de cobros, a favor de Cobranzas del Istmo, S.A.
De la Guardia ha dicho que, de ser citado, no tiene problema en declarar ante la fiscal.
(Nota en desarrollo)
