El Segundo Tribunal Superior de Justicia confirmó la decisión del juez decimoquinto penal, Leslie Loaiza, de excluir de la investigación del programa Piso y Techo al comerciante Juan Carlos Marciaga; al exsecretario privado de Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, y al exjefe de Compras del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Abraham Williams.
Los magistrados José Hoo Justiniani y Secundino Mendieta consideraron que el juez Loaiza actuó "en estricto derecho", al considerar que los actos que adelantó la Fiscalía Anticorrupción de Descarga después del 27 de mayo de 2016 -fecha en que venció el plazo de la investigación- "son violatorias de las garantías individuales y por tanto son inválidas", según el fallo que se conoció este martes 14 de mayo.
En el material invalidado por el juez, están las órdenes de indagatoria y las medidas cautelares a Marciaga, De Obarrio y Williams. Por ende, el Tribunal dejó sin efecto la orden de impedimento de salida del país a Marciaga, "y por extensión a los imputados Marcos Antonio López, Tomás Samudio, María Isabel De Gracia Quintero, Alci Vacorizo y Leidi Zapata".
Igualmente, el Tribunal consideró que "tampoco es aplicable las detenciones" de De Obarrio, Williams y Yasmina Pimentel, exministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó en $1.5 millones la posible lesión patrimonial al Estado en el caso de Piso y Techo, un programa de vivienda de interés social ejecutado entre 2012 y 2014, en el gobierno pasado, por la entonces ministra Yasmina Pimentel.
Marciaga figura como firmante en las cuentas de las empresas Orofil, S.A., Turmark Company, S.A., Grupo H R&R, S.A., Mister Rooster Corporation, S.A., Inversiones J.B.K., S.A., Econobásicos Internacional, S.A., Panamá Group Siulang, Inc., y Red Holding International, S.A., que obtuvieron buena parte de los contratos del programa.
De Obarrio, quien nunca compareció al proceso y cuyo paradero se desconoce, es señalado por la fiscalía como la persona que decidía a quién se le otorgaban los contratos.
Williams estuvo prófugo por más de tres años. En octubre de 2018, fue aprehendido en Costa Rica por la Interpol y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.
En noviembre pasado, Loaiza lo benefició con una fianza de excarcelación de $50 mil. El juez argumentó que Williams había sido testigo protegido en varios casos del PAN.
Rafael Guardia Jaén, exdirector del PAN, señaló a Williams como su “mano derecha” en las licitaciones que adjudicaba la entidad.
Loaiza también anuló otros dos procesos por posibles afectaciones al PAN: el de la compra de granos y el del alquiler de helicópteros.
