Las instituciones de justicia panameñas continúan siendo susceptibles a la corrupción; tienen dificultades para perseguir el lavado de dinero, al igual que los crímenes financieros complejos, según reporta un reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), que considera, además, que el sistema penal acusatorio “es más rápido y transparente”, en comparación al sistema inquisitivo.
No obstante, advierte que el Gobierno debe otorgar más recursos a este mecanismo para que pueda ser eficazmente implementado. De acuerdo con el calendario judicial, este método entraría a regir a partir del 2 de septiembre de este año en Panamá, Colón, Darién y Guna Yala. Sin embargo, tanto el Órgano Judicial como el Ministerio Público tienen pocos fondos para su implementación. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, aspira a que le otorguen un crédito extraordinario de $20 millones para este fin.
El informe también señala que el Gobierno está investigando y enjuiciando a funcionarios por corrupción, no obstante, asegura que no se dieron casos significativos de este tipo en sus servicios de seguridad en 2015, debido a la “pobre capacidad para investigar, un sistema judicial débil”.
NARCOTRÁFICO
El documento aborda aspectos clave de la lucha contra la delincuencia organizada, al igual que el papel que tiene EU en programas que se ejecutan en Panamá para combatir este flagelo. Dice, por ejemplo, que los problemas en el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) persisten. Hace referencia a “la pobre logística y mantenimiento de sus sistemas, inadecuado personal, y déficit de oficiales de alto y medio grado”, así como a la insuficiente capacidad para recolectar información de inteligencia.
“Aunque el Senan está incrementando su entrenamiento y equipo, el desarrollo de cuadros profesionales tomará años”, manifiesta.
Se indica que para mover su mercancía los traficantes de drogas utilizan la Zona Libre de Colón, cuatro puertos de contenedores, aeropuertos y la autopista Panamericana.
“Estados Unidos mantiene una alianza sólida con todos los servicios de seguridad de Panamá. El mayor reto del Gobierno de Panamá es la relación interinstitucional entre los entes de seguridad dedicados al combate al narcotráfico”, afirma.
EU no pasa por alto la cooperación que otorgan al Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) para su labor de patrullaje en Darién.
Destaca que Panamá reportó el decomiso de 52.3 toneladas de cocaína en 2015 [el Gobierno panameño reportó 58 toneladas], mientras que en 2014 se incautó de 35.1 toneladas. Reitera que en 2015 se decomisaron 2.5 toneladas de marihuana, 20.1 kilos de heroína y 7.4 millones de dólares en efectivo durante operaciones relacionadas al narcotráfico, un aumento de 2.3 millones de dólares en comparación a 2014.
HABLA AGUILERA
Al respecto, el ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, dijo que en Darién los avances en contra del narcotráfico han sido a raíz de la consolidación del Senafront en la zona. Destacó “la captura de cabecillas del frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en conjunto con estamentos de seguridad colombianos, la expulsión en gobiernos anteriores de asentamientos provisionales de las FARC y de bandas criminales emergentes de Colombia en Darién, así como el establecimiento de puestos fronterizos, operados entre Panamá y Colombia.
Reiteró la cautelación de 58 toneladas de droga en 2015, de la cual, dijo, es la “cifra histórica más alta, que coloca a Panamá como uno de los tres países con más cautelaciones en Latinoamérica”.
Sobre las deficiencias en el Senan, que cuestiona EU, explicó que se “han realizado varias depuraciones para asegurarse de la integridad de su recurso humano”. “Este año celebraremos un contrato de reparación y suministro de piezas con tres fabricantes de aviones, fuselajes y motores, respectivamente, lo que eliminará los lentos procesos de compras de piezas y aumentará el tiempo en que las aeronaves están operativas”, añadió.
En cuanto a los asuntos de corrupción en la justicia, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Adán Arnulfo Arjona dijo que el país debe tomar en cuenta este informe y analizarlo “con sobriedad” para establecer “una especie de autorreflexión sobre la naturaleza y el alcance de las observaciones” y luego tomar medidas efectivas.
“Pero lo que siempre ocurre es que las entidades hacen una acción defensiva contra el informe que lanza el Departamento de Estado de EU”, agregó.
